Horas antes de agotarse el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso a la Generalitat para cumplir con la sentencia del 25%, el gobierno catalán dio con el enésimo ardid para sortearla. El Govern ha burlado nuevamente (y pretende seguir haciéndolo tantos años como pueda) la resolución judicial que le obliga a garantizar un mínimo de horas lectivas en español en las escuelas catalanas.

El Gobierno de la Generalidad aprobará un decreto ley que exonerará a los centros educativos catalanes de someterse a "parámetros numéricos, proporciones o porcentajes" lingüísticos. No hay que olvidar que el famoso 25% es un producto jurisprudencial que el TSJC ideó para que el Ejecutivo catalán obedeciera de una vez su obligación de impartir un mínimo de clases en español.

Pero la Generalitat ya ha dejado clara su intención de seguir en un tira y afloja con la Justicia, entorpeciendo el cumplimiento de sus resoluciones e ingeniándoselas para poder seguir adelante en su propósito de arrinconar a los castellanohablantes en Cataluña.

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha afirmado que la inaplicación de los porcentajes lingüísticos está respaldada por la obligación de las autoridades de "garantizar que las interferencias judiciales motivadas por persecuciones ideológicas no afecten al buen funcionamiento de la enseñanza ni al modelo de escuela catalana".

Esta justificación es absurda e intolerable. Porque demuestra una total ignorancia (cuando no un absoluto desdén) por la idea misma de la separación de poderes. A estas alturas, resulta insólito tener que recordar a un gobierno autonómico que el Estado de derecho obliga a los poderes públicos a obedecer las sentencias judiciales.

Artimaña legal

Las asociaciones en favor de la escuela bilingüe han manifestado ya su rechazo a la nueva artimaña. El Govern, eso sí, se ha cubierto las espaldas encontrando una fórmula legal para no ser acusado de desobediencia.

Pero si bien el Gobierno catalán no puede ser imputado por desobediencia, sí podría estar incurriendo en un fraude de ley palmario. 

En cualquier caso, la Generalitat sigue dilatando en el tiempo y con impunidad su política lesiva de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes. Porque la única instancia judicial que puede invalidar una norma con rango de ley, como el nuevo decreto del Govern, es el Tribunal Constitucional. Y los plazos del TC acostumbran a ser tan lentos que, cuando acierte a pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, el daño que se habrá infligido a las familias catalanas puede ser ya irreparable.

Sin bilingüismo

La desfachatez del Govern llega hasta el punto de eliminar del texto del decreto ley toda mención a la vehicularidad del español. 

El decreto ley, con su sanción del catalán como "centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña", está consagrando legalmente una discriminación de una de las dos lenguas oficiales. Una segregación flagrantemente anticonstitucional.

En el texto, el catalán se tilda de "lengua propia, normalmente empleada, vehicular, de aprendizaje y de uso normal". ¿Y dónde queda el español, la única lengua que realmente hablan todos los habitantes de Cataluña?

Este obsceno juego del gato y el ratón al que la Generalitat está forzando a la Justicia es hijo de la negligencia de los tribunales y de los distintos gobiernos españoles para atajar este problema de raíz. La facultad del Govern para desoír las resoluciones del TSJC tiene su causa remota en la indeseable interpretación conforme sobre la vehicularidad del catalán del Constitucional en su sentencia de 2010 sobre el Estatut.

Entendió entonces el TC que no sería "jurídicamente posible impedir que cualquier ciudadano en Cataluña pueda elegir, de manera eficaz, que la enseñanza de sus hijos se produzca en cualquiera de las dos lenguas oficiales, ya sea el catalán o el castellano". Pero ya vemos que, al menos de momento, sí está siendo posible arrebatarle al español su condición de lengua vehicular en la enseñanza.

¿No es esta ingenuidad la misma de la que se aprovecha ahora la Generalitat cuando promete que todos los alumnos dominarán el catalán y el español cuando terminen su formación?

Ya ha pasado el tiempo de las expectativas naif. Se impone la necesidad de una respuesta judicial firme que impida a la Generalitat seguir riéndose de los catalanes castellanohablantes, de la ley, de la separación de poderes y de los tribunales.