La información que publica este domingo EL ESPAÑOL resulta particularmente turbadora en un verano de incendios devastadores. Un grupo de seis compañías, conocido como Grupo 6, construyó una estructura de cártel para, durante dos décadas, monopolizar las contrataciones públicas de los aviones destinados a la extinción de incendios, repartiéndose geográficamente el negocio por España y garantizándose unas condiciones extraordinariamente provechosas.
El llamado Grupo 6 consiguió apoyos políticos y funcionariales en gobiernos socialistas, populares y de CiU en distintas comunidades autónomas, y reunió la influencia necesaria para que las administraciones pagaran precios máximos de mercado previamente marcados entre sí. Y de este modo, escapando de la competencia propia de una economía de libre mercado, pudieron firmar contratos por valor de 151 millones de euros, como acredita la Audiencia Nacional.
Si resulta particularmente turbadora la noticia no se debe sólo a la revelación de la irregularidad de este cártel con la venia de representantes del interés general supuestamente corrompidos con sobornos. Se debe, como publica este diario, al agravio que supone que las empresas sigan operando a esta fecha. Porque estas compañías no han dejado de cerrar contratos a pesar del alcance de los hechos investigados por los tribunales.
Unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción reclama penas de prisión para los empresarios, indemnizaciones millonarias y su exclusión de los concursos públicos durante 15 años.
Circunstancias dramáticas
Resulta inaceptable y difícilmente explicable que estas empresas sigan haciendo negocio en una situación tan grave para España y para los españoles, sin excepción, que comprueban atónitos cómo su país se ha convertido en el territorio europeo con más hectáreas carbonizadas, unas 250.000. Son más que las perdidas sumadas de los dos siguientes en la lista, Rumanía y Portugal.
La eterna cadencia de los fuegos nos ha puesto frente al espejo de nuestra vulnerabilidad ante el calentamiento global. Porque la expansión de los incendios en todas las regiones coincide y sacado partido de un clima que acogió temperaturas superiores a los 45 grados, bajos niveles de humedad, largos periodos sin lluvia y un periodo de escasez de agua que obliga al racionamiento del agua en muchos municipios.
Urge aplicar políticas que se anticipen a los próximos fenómenos extremos y que preparen a España para las adversidades propias del cambio climático. Nadie negará este punto. Pero igual de apremiante resulta tomar cartas en el asunto del oscuro negocio del Grupo 6. Un escándalo que no puede apagarse sin consecuencias. Mucho menos prolongarse o repetirse.
