Tal y como anunció ayer jueves Pedro Sánchez durante su entrevista en La Sexta, el Gobierno presentará hoy en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la reforma del delito de sedición. Aunque, de acuerdo con el tenor literal de las palabras del presidente, lo que habrá será más bien una extinción de dicho tipo penal, que pasará a convertirse en un "delito de desórdenes públicos agravados".

Nada se sabe por el momento de cuál será la pena asociada a dichos desórdenes. Pero la alusión de Sánchez a Alemania hace pensar que esta podría rondar los cinco años de prisión, que es la sanción que el Código Penal germano prevé para los desórdenes.

La falacia del argumento que apela a una reforma de la sedición amparándose en la armonización con otros códigos penales europeos se desmonta rápidamente. Porque lo que ocurrió en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 no fueron unos simples desórdenes públicos, sino el alzamiento de una Administración regional en contra del orden constitucional para la secesión unilateral de una parte del territorio nacional. 

Y ningún código europeo, ninguno, castiga los golpes contra la democracia con la misma pena con la que se sancionan los desórdenes públicos, por muy "agravados" que sean. Mucho menos cabe en la cabeza de nadie que un Gobierno europeo se permita el lujo de indultar a los perpetradores de ese alzamiento a cambio de su apoyo parlamentario o pactar con ellos la reforma de los preceptos del Código Penal que les son aplicables.

El Gobierno español, por tanto, no se está armonizando con Europa, sino alejándose de unos estándares democráticos de elemental sentido común.

De las respuestas de Sánchez, y de la reacción inmediata de ERC tras el anuncio, se evidencia también que dicha reforma de la sedición ha sido pactada mano a mano con el partido independentista con el objetivo evidente de facilitar el retorno de sus líderes, y muy especialmente Oriol Junqueras, a la vida política.   

De las declaraciones de Pedro Sánchez se deduce también que el Gobierno negociaba con ERC la reforma del delito de sedición al mismo tiempo que negociaba con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial y mientras le negaba a los representantes populares lo que ocurría en la habitación de al lado.

En este sentido, la confirmación de que la sedición será reformada en el sentido deseado por ERC le da la razón a Alberto Núñez Feijóo en su decisión de romper las negociaciones por el CGPJ.

Porque aunque ambas negociaciones eran a priori independientes, es evidente que la reforma de la sedición tendrá consecuencias, y no precisamente menores, en el futuro de este país y en la misma estabilidad de la democracia. Ambas negociaciones deberían haberse conducido con lealtad institucional y un elemental respeto a la Constitución.

El indulto parcial de los presos del procés se convertirá pronto, por lo tanto, en un indulto total. Se hará a cambio de un beneficio no ya partidista, sino prácticamente personal, y en pago por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Es imposible restar gravedad a lo que hoy se presentará en el Congreso de los Diputados. La reforma del delito de sedición, si no es enmendada por un futuro Gobierno del PSOE o del PP, tendrá consecuencias de extrema gravedad en Cataluña. Quizá también en el País Vasco o en otras comunidades autónomas que pudieran caer en manos de partidos nacionalistas o antisistema. 

Se hará, además, por la vía exprés, para evitar los dictámenes del propio Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que con casi total seguridad habrían sido demoledores con las pretensiones del Gobierno. A la obscenidad del fondo de la reforma se añade en consecuencia la ignominia de unas formas que reducen la labor de la oposición a un trágala constante frente a quien no parece conocer límites mayores que los de su interés político más inmediato.