A la espera de que se aclare definitivamente la confusión levantada por el polémico protocolo antiaborto anunciado el pasado viernes por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, tanto el PP nacional como el regional se han distanciado de la propuesta de Juan García Gallardo. Unas medidas que, de acuerdo con la denuncia de los expertos, constituyen un "chantaje emocional" que no contribuiría a disminuir el número de interrupciones del embarazo, sino únicamente a generar más sufrimiento en las mujeres.

Alfonso Fernández Mañueco no ha negado que la Consejería de Sanidad, cuya cartera está en manos de su formación, haya consensuado estas medidas con Vox. Pero las ha desvinculado de la orientación antiabortista con la que las presentó García Gallardo, y las ha enmarcado en una política "relacionada con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias".

Desmarcándose de Vox y desautorizando a su número dos, Mañueco lanza un mensaje tranquilizador: no se cercenará la libertad de las mujeres para ejercer un derecho legalmente reconocido con ninguna coacción insidiosa.

Ahora bien, el nuevo protocolo de atención a mujeres embarazadas se mantiene, y entrará en vigor el lunes.

A la vista de que la agria controversia suscitada por las nuevas medidas se ha debido a una divergencia en el planteamiento de las mismas por parte de PP y Vox, lo razonable es que Mañueco no dé lugar a que se produzcan más problemas de interpretación.

El quid del embrollo está en que Vox ha presentado el nuevo plan como una obligación a los médicos de ofrecer a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo la posibilidad de escuchar el latido fetal. El PP, por su parte, plantea la escucha del latido del feto y la ecografía 4D, así como la prestación de asistencia psicológica, a la manera de una información que se ofrecerá a las madres (y no a las a que elijan abortar) y solo si la embarazada lo solicita.

Si es cierto, según matizan fuentes del PP, que la polémica se debe al relato que ha establecido Vox de unos cambios inocuos, lo que tiene que hacer el Gobierno regional para librarse de la sospecha de un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres es dejar las cosas como están.

Esto es perfectamente posible si, según aseguran las fuentes del PP a este periódico, no hay todavía ningún protocolo redactado, más allá de la comunicación que figura en la página web de la Junta.

Porque las medidas, tal y como las expone la versión del PP, no son nocivas en sí mismas. Es la intencionalidad de la versión de Vox lo que les confiere un tinte político problemático.

El PP no puede seguir jugando al equívoco de aprobar los cambios en el protocolo y dejar que Vox los interprete y los presente de una manera distinta a la suya. Además, no parece que exista en un clamor entre las embarazadas castellanoleonesas por oír y ver a su feto.

Tampoco es posible argumentar que las iniciativas tengan sentido para ponerse a la par de las implementadas en otras comunidades autónomas. Porque tal cosa es falsa. EL ESPAÑOL ha verificado que ninguna autonomía tiene un protocolo que ofrezca a las embarazadas escuchar el latido fetal.

Es obvio que Mañueco no va a atender al llamado del anterior editorial de este diario a romper su acuerdo con Vox en Castilla y León. Y que hará todo lo posible por evitar una crisis de gobierno que obligue a reiniciar el fastidioso proceso electoral.

Pero, al menos, que Mañueco bloquee el protocolo que Vox quiere forzarle a asumir. Si no lo hace, el PP estaría incurriendo en una flagrante incoherencia con respecto a las palabras de Borja Sémper, quien aseveró que el PP "no tragará" con las medidas de Vox.

El propio portavoz de campaña del PP ha declarado en conversación con este periódico el interés de su partido en "no echar más gasolina" y poder gobernar en solitario en el caso de que ganen las elecciones. Pero esta pretensión, y la línea moderada que quiere seguir Feijóo para el nuevo PP, se contradicen con lo que está sucediendo en Castilla y León.

Que Mañueco demuestre, como acertadamente ha señalado Sémper, que son "perfectamente compatibles las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer". El PP de Castilla y León tiene la oportunidad de evitar plegarse a las exigencias de los ultras y de presentar más adelante sus propias medidas para impusar la natalidad y luchar contra la despoblación.