A medida que se van conociendo más detalles de la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones crecen los motivos de preocupación entre los ciudadanos. EL ESPAÑOL explica hoy que la reforma de José Luis Escrivá gravará aún más a los salarios que están por encima de la cotización máxima, sin que este aumento de las cuotas sociales se vea prácticamente reflejado en las prestaciones de jubilación que percibirán sus cotizantes.

El plan de Seguridad Social contempla, por un lado, un incremento adicional de las bases de cotización máximas de 1,2 puntos porcentuales de 2024 a 2050. O sea, un aumento del 31% para cuando termine de implementarse la medida.

Pero esta subida progresiva de las cotizaciones no se corresponderá con un incremento de las pensiones máximas en la misma medida, a las que sólo se aplicará un incremento del 0,115% anual. Es decir, que el Gobierno va a castigar a los asalariados de rentas altas con una suerte de IRPF extra que se traducirá en un aumento de la cuantía de su jubilación de únicamente 2,8 puntos hasta 2050.

Por otro lado, el plan de Escrivá también crea una cuota de solidaridad. Un eufemismo para designar otro de los tres aumentos de las cotizaciones a los trabajadores con salarios superiores a la media, y que recaerá principalmente sobre las empresas.

Una cuota, además, que previsiblemente no será suficiente para financiar el mantenimiento de la indexación de las pensiones al IPC y para compensar la supresión del Factor de Sostenibilidad.

Según ha calculado este periódico, los cambios introducidos por Escrivá afectarán a al menos 1,2 millones de trabajadores, que tendrán que pagar más cuotas al margen de las actualizaciones de la cobertura con la inflación. Es decir, prácticamente todos los españoles que ocupan cargos directivos y los profesionales de éxito acusarán este incremento simultáneo de las cotizaciones y los impuestos.

De esta manera, el Gobierno rompe el principio de contributividad del sistema en los salarios más altos. Porque nuestra Seguridad Social, a diferencia de los sistemas basados en el principio de capitalización, es un sistema de reparto. Y la solidaridad intergeneracional tiene como base en ellos, justamente, el principio contributivo.

Por eso, las cotizaciones sociales no pueden ser otra vía indirecta para que los que ganan más financien a los que ganan menos, algo que ya se hace a través de los impuestos.

El Gobierno abunda así en un ejercicio de populismo fiscal y de duplicidad tributaria encubierta que penaliza el mérito y el esfuerzo, y que resultará enormemente disuasorio para la actividad económica.

En un país con un 13% de paro, el Ejecutivo sigue resistiéndose a asumir que la única forma de hacer sostenible el sistema de pensiones es con más empleos. Lejos de eso, Escrivá hará que aumenten los costes salariales, dificultando la creación de puestos de trabajo y lastrando la productividad y la competitividad de España.

La tímida subida del 1,2% de los ingresos que reportará a las arcas del Estado esta reforma no llenará por sí sola la hucha de las pensiones. En lugar de acometer una reforma estructural que garantice el futuro del retiro en España, el plan de Escrivá aplaza los problemas de la Seguridad Social con una huida hacia delante. Algo que sólo servirá para agravar el desequilibrio financiero del sistema en el futuro.

Este Gobierno parece incapaz de alumbrar propuestas para resolver las dificultades económicas españolas al margen del habitual aumento de la presión fiscal, el gasto público y el déficit. Y eso en un país como España que ya paga en los tramos altos del IRPF mucho más que otros países.

No se logrará llenar el Fondo de Reserva para afrontar la jubilación de la generación del baby boom con parches demagógicos que nadie se toma ya en serio. Escrivá debería atender a consideraciones técnicas más allá del cortoplacismo electoralista. La valentía de Emmanuel Macron, que ha sido capaz de asumir el rechazo social a su impopular pero necesaria reforma de las pensiones, debería servir de ejemplo al Gobierno español.