El incendio del restaurante Burro Canaglia de Madrid, que ha provocado la muerte de una clienta y un camarero, diez heridos y el ingreso hospitalario de seis de ellos en distintos estados de gravedad, ha conmocionado a la opinión pública española por razones fácilmente comprensibles.

En primer lugar, por la cotidianidad del escenario de la tragedia. Más de cuatro millones de personas desayunan, comen o cenan cada día en los 280.000 restaurantes de la geografía española. Los bares y los restaurantes españoles son, tras el hogar y el lugar de trabajo, el espacio en el que los españoles pasan más tiempo al día.

En segundo lugar, por las sorprendentes circunstancias del incendio, que se origina por el flambeado de una pizza, que se extiende en cuestión de segundos por una decoración altamente inflamable, y que aprisiona a los clientes y los trabajadores de un restaurante que no parecía contar con una salida alternativa fácilmente identificable o con medidas contraincendio efectivas. 

En tercer lugar, porque sólo el azar evitó que la tragedia fuera todavía mayor. Como confirmó este viernes un portavoz del SAMUR, si los bomberos no hubieran llegado en sólo unos minutos dada su cercanía al restaurante (la estación estaba a sólo 300 metros del incendio), probablemente todos los clientes y los trabajadores del local hubieran muerto por quemaduras o por la inhalación de los gases tóxicos. 

A la Policía Nacional corresponde ahora investigar los hechos y señalar a los posibles responsables, en caso de que los haya. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que el local tenía, en principio, todos los permisos en regla. Pero el sentido común más elemental parece indicar que un restaurante no es el lugar más adecuado para decoraciones barrocas con materiales altamente inflamables. 

La normativa aplicable a las medidas antiincendio en los locales de restauración no es fácil de rastrear. El real decreto 513/2017, de 22 de mayo, regula las instalaciones de protección contra incendios. La normativa estatal y la autonómica regulan la higiene y la manipulación de alimentos, pero la normativa de seguridad básica es la del real decreto 2177/1996 relativo a las condiciones de protección contra incendios en los edificios.

En ese real decreto se estipula que los restaurantes, como "locales de pública concurrencia", deben contar con salidas de emergencia debidamente señalizadas. Que los objetos inflamables deben conservarse en condiciones óptimas para evitar incendios. Que deben contar con luces de emergencia, y que los locales deben someterse a tareas de mantenimiento o de revisión una vez al año. 

Si el local incendiado cumplía toda la normativa de seguridad, entonces el problema es una regulación insuficiente que permite la presencia de ornamentaciones inflamables en locales que, por sus especiales circunstancias, y los fuegos de la cocina son la principal de ellas, deberían tenerlos tajantemente prohibidos. Tampoco parece razonable la inexistencia de puertas traseras o de emergencia claramente señalizadas. Y si el local contaba con extintores o con otro tipo de medidas contraincendios, ¿por qué no se hizo uso de ellos? 

El incendio del restaurante Burro Canaglia de Madrid ha aparecido ya en varios medios internacionales, y entre ellos el The Guardian británico. Algo lógico y que con total seguridad ocurriría también a la inversa si la tragedia hubiera ocurrido en cualquier otro país europeo. Pero España depende en muy buena parte del turismo, la primera industria nacional, y sus restaurantes deberían ser ejemplares no sólo por la calidad de su gastronomía, sino también por otro tipo de intangibles, como el de su seguridad.