Con una cifra de aproximadamente 1 de cada 1.000 viviendas, Cataluña registra la mayoría de casos de okupación. Barcelona es la ciudad con más okupaciones de España, concentrando el 42% de los casos de todo el país.

Así, se entiende que el PSC, tanto a nivel municipal como autonómico, quiera ahora paliar este fenómeno. Y usarlo como reclamo electoral para intentar arrebatarle Barcelona a Ada Colau el 28-M, y el Gobierno de la Generalidad a ERC en un futuro.

De ahí que los socialistas catalanes hayan pedido al PSOE nacional quitarse la imagen de partido que protege a los okupas. Para contentar al PSC, los socialistas han resucitado una enmienda para facilitar a los jueces los desalojos de las viviendas en un plazo máximo de 48 horas.

Esta propuesta resulta muy poco creíble dados los antecedentes. Porque contradice el espíritu de la Ley de Vivienda del Gobierno, cuyo borrador, precisamente, dificulta el desalojo de los allanadores.

Es decir, desprotege la propiedad privada de los tenedores al subordinarla al derecho a la vivienda de los okupas. Y lo hace con una diferenciación de dudoso encaje constitucional y jurídico entre grandes y pequeños propietarios.

Estas dos medidas divergentes significan que se podrá agilizar la expulsión de los intrusos siempre y cuando estos no sean "personas vulnerables" y los propietarios no sean "grandes tenedores" o bancos.

Naturalmente, esta previsión resulta inaceptable para Podemos y el resto de socios radicales con los que el PSOE ha cerrado su Ley de Vivienda. De ahí que tengan previsto incluir la enmienda no en el texto pactado, sino como una enmienda transaccional a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa de la Justicia, pendiente de tramitación.

Es evidente que este ingenio legislativo responde a una maniobra de dilación indefinida. Una que les permitirá a los socialistas presentarse como un partido que persigue la ocupación ilegal, aunque no se acabe materializando ninguna iniciativa que, como demanda la mayoría de los ciudadanos, agilice los procedimientos judiciales para el desalojo de los usurpadores.

Pero aún suponiendo que las intenciones del PSOE y el PSC fueran sinceras, la convivencia de las dos enmiendas paralelas plantea un auténtico despropósito normativo. Porque no se puede hacer depender la persecución de un delito en quién sea la víctima, como lo hace la Ley de Vivienda al establecer criterios de renta para el resarcimiento de los damnificados.

El PSOE asegura que las dos iniciativas son distintas por el tipo de propietarios a los que afectan. Argumentan que mientras que las enmiendas que proponen el desalojo en 48 horas beneficiarían a personas que vean su segunda residencia allanada, la transaccional incluida en la Ley de Vivienda protege a personas vulnerables frente a grandes propietarios.

Pero esta diferenciación es una aberración regulatoria que hace saltar por los aires la seguridad jurídica. Y lo hace creando un derecho penal no ya de autor, sino un derecho penal de la víctima. Si la arbitraria casuística del Gobierno no considera a un tenedor víctima de okupación, entonces el delito contra la propiedad de los inmuebles quedará impune.

La segunda enmienda del PSOE a petición del PSC no viene a solucionar la arbitrariedad legal asociada a una Ley de Vivienda que paraliza los desahucios en función de quién sea el tenedor.

Al contrario, vuelve a poner en la diana al propietario, abonando la imagen del villano en la historia del problema de la vivienda. Y, a la postre, creará incentivos para que sean los inmuebles de los "pequeños propietarios" los que reciban la atención preferente para ser okupados.