¿Qué motivos tiene el Gobierno español para cerrar un acuerdo con Washington y Ottawa para el reparto de los inmigrantes y los refugiados que viajan en caravanas multitudinarias desde Latinoamérica hasta los Estados Unidos? ¿Obtiene España algún beneficio, como lo obtiene Estados Unidos con el alivio de la presión migratoria en su frontera sur, o la motivación del Gobierno es estrictamente humanitaria? 

Y si es así, ¿por qué el acuerdo es sólo con los Estados Unidos y Canadá, y no con otros países, como Italia o Grecia, que sufren esa misma presión y que además comparten vecindario geográfico y pertenencia a la UE con nosotros?

Fuentes de la Moncloa han asegurado a EL ESPAÑOL que los motivos son dos. El primero, político: impulsar un modelo pionero para "un problema global". Y el segundo, económico: conseguir trabajadores necesarios para la economía española. 

Llama la atención que ese "modelo político" para la gestión de los problemas que genera la inmigración masiva e ilegal sea sólo de ida. Es decir, que sea España, un país con mucho menos recursos económicos que los Estados Unidos, el que haya aceptado hacerse cargo de una parte de los inmigrantes que llegan hasta California, Arizona, Nuevo Mexico y Texas sin que Estados Unidos haya aceptado hacerse cargo a su vez de una parte equivalente de los que llegan cada año a nuestro territorio desde África del norte procedentes de Marruecos, Argelia, Senegal y otros países. 

Llama también la atención que el criterio para el reparto de esos inmigrantes, que obviamente comparten con los españoles el idioma y una cultura original común, no se aplique también a otros inmigrantes de culturas muy diferentes a la nuestra, y por lo tanto de mucha más difícil asimilación. ¿Por qué no llega España a acuerdos con países más cercanos sociológicamente a las naciones de origen de esos inmigrantes? 

Es lógico que España prefiera un tipo de inmigración más cercana culturalmente al español medio que un tipo de inmigración con una fuerte identidad cultural y religiosa que además, ha demostrado una y otra vez su rechazo a su integración en la sociedad española y a la asunción de nuestros valores morales, que es tanto como decir democráticos. Así que si el "nuevo modelo político" inmigratorio aspira a asumir el concepto de "inmigración ordenada", ¿cómo afectará eso a la inmigración mediterránea?

El argumento relativo a la "necesidad" de trabajadores en la economía española, habitual en este tipo de debates, choca por otro lado con la intención del Gobierno de transitar hacia un modelo económico de industrias de alto valor añadido y centradas en la digitalización y la transición ecológica. ¿Son los inmigrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos ese tipo de trabajadores de alto valor añadido? ¿Lo son los que llegan desde el Mediterráneo? 

EL ESPAÑOL apoya todos los esfuerzos del Gobierno español para acabar con las mafias que trafican con inmigrantes y para ordenar un fenómeno con una enorme y evidente capacidad para tensionar la sociedad española hasta extremos peligrosos por la disparidad cultural y la distinta disposición de unos y otros inmigrantes a aceptar los valores de su país de acogida. Pero ese esfuerzo debe ser explicado a los españoles de forma clara y, sobre todo, aplicado en condiciones de reciprocidad. España no puede convertirse sin más en un centro de acogida para todos aquellos inmigrantes que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar en su territorio.