Pedro Sánchez no renuncia a su estrategia electoral para el 28-M, activada antes incluso del arranque de la campaña y mantenida ahora que el presidente tiene la necesidad imperiosa de apartar el foco de las listas trufadas de etarras de sus socios de Bildu. Una estrategia consistente en anunciar semanalmente medidas de gasto social en mitines, para aprobarlas luego los martes en el Consejo de Ministros. 

El último de esos anuncios lo ha hecho el presidente este domingo, adelantando que su gabinete aprobará una partida de 38,5 millones de euros para impulsar programas de atención a salud mental.

Varias de las medidas anunciada o aprobadas por Sánchez desde febrero o bien ya estaban en vigor, o bien estaban presupuestadas pero se ha esperado hasta la campaña para ejecutarlas.

La de ayer es una de esas iniciativas recicladas, que estaba comprometida desde abril con las Comunidades Autónomas. Y es la segunda consecutiva que el líder del Ejecutivo vende como propaganda electoral, después de que el sábado avanzase que destinará 580 millones a reforzar la Atención Primaria. No aclaró el presidente que la inyección forma parte de un Plan que se acordó con las CCAA a finales de 2021. 

Con esta campaña a golpe de talonario, Sánchez ha comprometido en el último mes partidas por valor de 8.688 millones de euros. Desde que comenzó su política de anuncios semanales, son ya más de 13.000 millones los movilizados. De hecho, como publica hoy EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno ya se ha gastado con estas medidas electorales el equivalente al exceso de recaudación fiscal del pasado año por la inflación.

A nadie se le escapa la finalidad electoralista de esta lluvia de millones, que roza ya la compra clientelar de votos. De lo contrario, y sin dudar de que algunas de las reformas de esta miríada puedan ser pertinentes, no se entiende entonces el Gobierno no las haya aprobado en los casi tres años y medio de legislatura de los que ha dispuesto, en lugar de esperar a las inmediaciones de la campaña de las autonómicas y municipales para hacerlo.

No en vano, fuentes del propio PSOE han reconocido a este periódico que los fondos movilizados no están destinados a la población en general. Se trata de ayudas concedidas en función de la edad (que dejan fuera criterios más progresivos como la renta) orientados a nichos poblacionales concretos para contentarles en clave electoral.

La desatención del interés general por parte del PSOE se entiende desde la necesidad de pescar votos en caladeros desmovilizados. De ahí medidas como los 2.520 millones de euros aprobados en becas, la inversión de 1.300 millones de euros para la mejora de la Formación Profesional, la renovación del Bono Cultural Joven en marzo, los 2.500 millones en avales hipotecarios del ICO para menores de 35, o la creación de un "interraíl español".

Pero, pese a este riego con cargo al Presupuesto, no se está logrando el efecto deseado. Según el último barómetro del CIS, el PSOE ha sufrido una notable caída en intención de voto entre los jóvenes, que se han movilizado pero a favor de la derecha.

Puede que por eso los socialistas estén también haciendo guiños a las clases medias y trabajadoras y al electorado rural, con propuestas como la habilitación de cientos de miles inmuebles de titularidad pública para alquiler social, el plan de 2.190 millones para paliar los efectos de la sequía rubricado el jueves o el paquete de ayudas de 636 millones para agricultores y ganaderos.

También está aprovechando Sánchez la maquinaria estatal para asegurarse el voto de los mayores de 65 años, a quienes después de haber concedido un aumento de la cuantía de las pensiones en marzo volvió a agraciar con una bonificación para acudir al cine una vez por semana por dos euros.

Muy elocuente resulta que después de pedir extender la subvención a los cines para discapacitados, receptores del IMV y jóvenes, Ione Belarra declarase que "el Sánchez que más me gusta es el Sánchez preelectoral", y que le gustaría volver a gobernar con él "si lo que dicen en campaña lo cumplieran después".

Pero, a la luz de los últimos sondeos, no parece que para la mayoría de los españoles también sea "el Sánchez preelectoral" su versión preferida del presidente. Más bien, los ciudadanos no quieren ver su inteligencia ofendida por dádivas interesadas a menos de una semana de los comicios.

De hecho, y atendiendo a las tendencias demoscópicas, lo que más le convendría a Sánchez es abandonar esta política de anuncios que sólo sirven para opacar a sus barones y candidatos locales. Precisamente, aquellos con capacidad para hacerle resistir esta primera vuelta de las generales, tal y como el presidente ha querido plantearlas.

De ahí que Sánchez, como en la campaña de 2019, esté decidido a continuar con los "martes sociales" desde octubre. Una insistencia por "nacionalizar" la campaña y por monopolizar el protagonismo contra el criterio de sus barones que tiene por fin trasladar la idea de que si sus candidatos salen victoriosos, tendrán que debérselo al secretario general. Aunque la apuesta puede salirle muy cara al presidente.

En cualquier caso, sería deseable que para próximas citas en las urnas se regulase la disposición de fondos públicos por parte del Gobierno durante la campaña electoral. Sólo así podrá garantizarse una competición electoral justa en la que el poder ejecutivo no cuente con una enorme ventaja sobre la oposición. Una gracias a la cual Sánchez puede aprobar ("Yo no anuncio, yo hago", dijo el lunes), mientras que Feijóo sólo puede prometer de forma condicionada.