Que Alberto Núñez Feijóo se viera obligado ayer a comparecer públicamente para confirmar lo evidente, que la violencia de género existe, y para recordar que el Partido Popular está comprometido en la lucha contra esa lacra que ha acabado con la vida de 1.200 mujeres desde 2003 es la prueba de que el pacto con Vox en la Comunidad de Valencia no está tan amortizado electoralmente como se afirmaba hace sólo unos días.

La comparecencia de Feijóo, consecuencia del malestar en Génova por el pacto con la extrema derecha, tuvo lugar después de que José María Llanos, número dos de Vox en la región, negara que la violencia de género y la machista existan. Según Llanos, que suena como futuro consejero de Justicia valenciano, sólo existe la violencia intrafamiliar.

El debate no es sólo terminológico. Negar que la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas tiene unas características particulares que la diferencian de la violencia intrafamiliar (que está recogida como tal y diferenciada de la violencia de género en el Código Penal) es retorcer la definición de lo que cualquier observador imparcial de la realidad puede comprender sin demasiados problemas: que la violencia de género no es una "rama" de la violencia intrafamiliar, sino un tipo penal diferente. Por no decir que no toda la violencia de género se da en el ámbito de la familia. 

No se comprende, en fin, cómo el PP valenciano ha podido caer en la trampa tendida por Vox, concediéndole una victoria a los de Santiago Abascal y otra al PSOE, que aprovechará este error para movilizar a una izquierda que había caído en la más absoluta desmovilización tras las elecciones del pasado 28 de mayo. 

Las declaraciones de José María Llanos le inhabilitan como posible miembro del gobierno valenciano, pero sobre todo como hipotético consejero de Justicia, dado que de él dependería la continuidad de buena parte de los proyectos contra la violencia de género puestos en marcha por Gabriela Bravo, la anterior consejera de Justicia.

Y entre esos proyectos, oficinas de denuncia específicas para la violencia de género en las que trabajan policías, psicólogos y trabajadores sociales, y que cuentan además con abogados especializados que gestionan los casos que luego llegarán a jueces y fiscales también especializados. Esas comisarias contra la violencia de género, una en cada provincia valenciana, han atendido ya a más de 4.000 mujeres y cuentan con dotación presupuestaria propia. Y todo eso podría estar hoy en riesgo con Vox.  

No se comprende, en fin, cómo el PP le ha concedido a Vox espacio para uno de sus tótems ideológicos señeros en vez de relegar a los de Santiago Abascal a aquellas áreas en las que su programa coincida con el popular (y este diario señaló ayer, por ejemplo, que las medidas fiscales pactadas por ambos partidos son acertadas y fácilmente asumibles por cualquier votante de centroderecha liberal).

Si la violencia contra las mujeres no es una línea roja que inhabilita a Vox para determinadas áreas de gobierno, ¿qué líneas rojas tiene el PP?

La torpeza ha sido evidente. Hasta ahora, la estrategia de Feijóo era la de confrontar únicamente con Pedro Sánchez durante la campaña electoral. Pero sólo han hecho falta 24 horas tras el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana para que, como ya ocurrió en Castilla y León, sus líderes se hayan apresurado a comparecer públicamente para bravuconear sobre los puntos más inaceptables de esa batalla cultural que pretenden librar contra algunos de los consensos más generalizados entre la sociedad española. 

Vox ha demostrado no ser un partido con vocación de institucionalidad. Pero el PP debería haber previsto este escenario. En primer lugar, por lo vivido en Castilla y León. En segundo lugar, porque nada de lo que ocurre con Vox se diferencia de lo ocurrido en la Moncloa con Unidas Podemos y con socios como EH Bildu y ERC. El socio radical, que tiene mucho menos a perder que el socio "institucional", siempre encontrará la manera de sabotear los gobiernos de coalición y de utilizarlos en beneficio propio, que es el de una minoría de los ciudadanos, en contra de la inmensa mayoría. 

Si algo demuestra lo ocurrido en la Comunidad Valenciana es que la política de que cada territorio haga y deshaga en función de sus circunstancias particulares trabaja en contra de las posibilidades electorales de Feijóo. Que el PP no tuviera un protocolo previsto para una situación que todos los sondeos preveían no deja de ser una mala señal. La improvisación y el tacticismo coyuntural no pueden seguir siendo la norma en España durante cuatro años más. Las urnas no han dicho eso y el PP debe ser consciente de ello.