A pesar de la alarma ciudadana que han levantado durante la campaña las dudas sobre el voto por correo, a la luz de los datos sólo puede concluirse que la gestión del proceso de votación postal ha resultado ser un rotundo éxito.

Es cierto que los plazos de solicitud y entrega de las papeletas han sido muy ajustados y se han cumplido al límite. También que se produjeron algunas complicaciones en el reparto de la documentación electoral que retrasaron aún más las fases de trámite, pues muchos españoles abandonaron su residencia habitual hacia sus vacaciones sin haber recibido el sobre. Y se han vivido, además, algunos episodios de aglomeraciones en las oficinas de Correos. De ahí que la Junta Electoral Central acordase, a instancias de Correos, ampliar el plazo de votación hasta el viernes a las 14.00 horas, para facilitar la gestión de las reexpediciones de las documentaciones electorales

Esto llevó a líderes como Feijóo y a algunos representantes sindicales a acusar a la dirección de la compañía pública de incompetencia, por una supuesta falta de planificación y por un incremento de plantilla insuficiente. 

Pero, como ya adelantó este periódico, el cuello de botella formado en el voto postal se debió a la concurrencia de circunstancias de excepcionalidad e improvisación, fruto de una convocatoria electoral en periodo estival. Y la responsabilidad de estas dificultades sólo cabe atribuirlas a quien decretó la celebración de los comicios en una fecha tan anómala, y no a Correos.

La compañía, de hecho, ha resuelto satisfactoriamente la operación más exigente a la que se ha enfrentado. Se ha reforzado con más de 21.000 efectivos tanto para oficinas como para la distribución de envíos y las tareas de los centros logísticos. Ha abierto de forma extraordinaria sus sedes en sábado y domingo y ampliado los horarios de atención al público. Y ha efectuado repartos extraordinarios de documentación electoral en fin de semana.

Además, ha dispuesto un despliegue logístico especial para hoy de 14.000 empleados, para garantizar la recogida del escrutinio final en la jornada electoral y entregar los votos en custodia en las 60.314 mesas electorales.

En definitiva, el esfuerzo ejemplar de los trabajadores de Correos ha permitido sobreponerse a la amenaza de colapso y que todos los españoles que solicitaron el sufragio postal hayan podido ejercer su derecho constitucional al voto.

Se ha puesto a disposición de los 2.622.808 solicitantes el 100% de las documentaciones electorales. Y de entre las solicitudes admitidas, se han emitido un 94,2%, lo que supone 2,47 millones de electores. Esta cifra representa un récord histórico en el voto postal, un 99,08% más respecto al número total de votos admitidos en las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019.

En resumen, la evidencia ha falsado definitivamente los bulos de los conspiranoicos habituales, que después de los episodios puntuales de fraude electoral antes del 28-M quisieron deslegitimar el proceso electoral, crear desconfianza en el votante y aventar las sospechas de pucherazo.

Pero el éxito del voto por correo no sólo ha avalado que se trata de un sistema seguro, limpio y garantista. También invita a preguntarse si el sufragio postal puede ser un modelo a seguir para las próximas convocatorias electorales.

Porque ha quedado demostrado que este sistema puede contribuir a incentivar la participación, por tratarse de un procedimiento más flexible. Además, ofrece un plus de privacidad que da mayores garantías al voto secreto, un requisito del sufragio libre que técnicamente hoy no se salvaguarda plenamente en los colegios electorales españoles. Por último, brinda mayores facilidades a los electores españoles en el extranjero.

Las posibilidades que abre el sufragio no presencial no sólo deberían llevar a los poderes públicos a plantearse el fomento del voto por correo en ulteriores elecciones. También debería servir para actualizar la tecnología de votación y reflexionar sobre sistemas alternativos como el voto electrónico.

Entre las alternativas se encuentran las máquinas de votación en centros electorales, como las que existen en Brasil, o el voto telemático. En España ya están en vigor sistemas de autenticación como el DNI electrónico, el certificado digital o la Cl@ve PIN, que ofrecen las mismas garantías de seguridad contra los ciberataques y el mismo nivel de transparencia que la tecnología de las transferencias bancarias a las que ya estamos habituados. No tiene demasiado sentido que si ya podemos realizar trámites burocráticos en remoto en las Administraciones públicas no podamos dotarnos también de métodos de identificación digital para poder votar, que además permitirían un escrutinio más rápido y un menor impacto medioambiental.

En definitiva, igual que el confinamiento abrió los ojos sobre las potencialidades del teletrabajo, las elecciones en julio pueden abrirlos sobre las posibilidades del voto no presencial.