Una vez se constituyan las nuevas Cortes el próximo 17 de agosto, Felipe VI podrá dar comienzo a una ronda de consultas con los representantes de los distintos grupos políticos con representación parlamentaria, con objeto de designar a un candidato que se someta a la sesión de investidura.

Este trámite protocolario, hasta ahora más bien sencillo, se celebrará tras el 23-J en unas circunstancias inéditas. Porque a tenor de las últimas informaciones, se deduce que el candidato que ha ganado las elecciones tiene más difícil armar una mayoría a día de hoy que el que las ha perdido.

Porque aunque los socialistas no tienen aún garantizados los diputados de Junts, dan por hecho que Pedro Sánchez podrá ser investido. Y, ciertamente, tiene más posibilidades que Alberto Núñez Feijóo, después de que el PNV ya haya descartado sumar sus escaños a los populares.

La Constitución, que en su Artículo 99 estipula el procedimiento de formación del Ejecutivo, no dispone cómo debe actuar el jefe del Estado en una coyuntura como esta, más allá de establecer que "propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".

Y es que no le compete al Rey el cálculo de los escaños que necesita cada candidato para recabar la confianza de la Cámara. Ni tampoco cuenta con información de primera mano sobre la verosimilitud de las mayorías que aducen los postulantes. Por eso, no es tarea de Felipe VI verificar si Feijóo o Sánchez tienen realmente asegurados los votos. Sencillamente, los líderes de los partidos que quieren presentarse le trasladan al monarca que creen contar con los apoyos para intentar la investidura.

Y hasta ahora la designación del candidato a la investidura no ha admitido demasiadas dudas. Salvo en 2016, cuando Sánchez recibió el encargo después de que Mariano Rajoy declinase el ofrecimiento del Rey para formar Gobierno, Felipe VI siempre ha propuesto al ganador de las elecciones. Y es lo más lógico, porque lo habitual es que sea este también quien tenga los apoyos para una mayoría suficiente en el Congreso.

Sin embargo, en este caso el Rey se encuentra ante la difícil tesitura de, siguiendo esta costumbre, proponer al más votado (que en este caso no es el que cuenta con mayoría) u optar por el segundo más votado (que podría recabar más apoyos parlamentarios que el ganador).

La postura de este periódico es que, a menos que Sánchez acuda a Zarzuela con una mayoría asegurada, y le demuestre al Rey que el acuerdo de investidura está cerrado, Felipe VI debe proponer a Feijóo.

Porque si el Rey propone al más votado y este no logra la confianza del Congreso, estaríamos ante una situación normal que de hecho ya se ha producido con anterioridad. Pero si el monarca rechaza proponer al más votado y designa al segundo, y este no consigue después ser investido, Felipe VI podría exponerse a acusaciones de partidismo.

Por eso, en igualdad de condiciones (es decir, cuando ni Sánchez ni Feijóo tienen de momento amarrada la mayoría, pero ambos aseguran poder lograrla), el sentido común dicta que sea Feijóo, el ganador de las elecciones, quien reciba el encargo de formar Gobierno. Y el presidente popular ya ha mostrado su disposición a dar un paso al frente si Felipe VI "se lo propone". 

Cabe recordar que Sánchez no logró la confianza de la Cámara cuando se presentó como segunda opción en 2016. Y que también fracasó en su primera sesión de investidura de 2019, cuando esta vez sí había ganado las elecciones, pero tampoco tenía la mayoría. Con el fin del bipartidismo y la fragmentación parlamentaria, ganar los comicios no se corresponde sin más con ser investido presidente.

Es evidente que si tanto Feijóo como Sánchez se presentan como candidatos a la investidura, asegurando que ambos tienen la mayoría, uno de los dos se equivoca. Y que esto deja al Rey en un dilema complejo. Pero si los dos se consideran en condiciones de recabar los apoyos necesarios, que Felipe VI opte por la solución más razonable y acorde a la neutralidad de su cargo, y proponga al candidato más votado.