Es evidente que la polarización y la entrada de partidos radicales en el Congreso de los Diputados ha naturalizado los discursos más extremistas, a menudo hiperbólicos, pronunciados desde su tribuna. Muchas veces estas palabras no proceden de los grupos más vinculados al populismo, sino de los partidos tradicionales, contagiados por las peores dinámicas políticas de su tiempo.

La inclusión de adjetivos desmesurados e insultos más o menos velados no es un motivo de orgullo para los ciudadanos representados en las sedes parlamentarias, pero forman parte de la libertad de expresión garantizada en democracia.

Debería tenerlo en cuenta la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la próxima vez que sienta la tentación de repetir el episodio inadmisible de ayer en la sesión de investidura de Pedro Sánchez.

Durante su turno de palabra, Santiago Abascal criticó con dureza la Ley de Amnistía y atribuyó la iniciativa a la intención del candidato socialista de dar un golpe de Estado desde el Gobierno. "Por supuesto, lo vestirán con ropajes de legalidad", esgrimió el líder de la ultraderecha. "No es nada nuevo. De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Adolf Hitler".

Y continuó: "Sé que les puede molestar, pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez. Y sólo después maniobró para liquidar la democracia".

La presidenta Armengol decidió interrumpir la intervención con un argumento endeble. Apeló al artículo 103 de la Cámara para recordar que es obligado mantener el decoro en la sala y al artículo 16 para instarle como diputado al cumplimiento del reglamento. A su juicio, Abascal estaba atentando con sus expresiones "contra los propios cimientos de la democracia". "Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y un golpe de Estado", añadió, antes de pedirle que retirase las apelaciones a un supuesto golpe de Estado bajo amenaza de ordenar su supresión del diario de sesiones.

La indignación de Abascal estaba justificada. Y debería ser generalizada. No es de recibo que el PSOE utilice la presidencia de la Cámara para limitar, con argumentos tan frágiles, el derecho de los diputados a manifestar sus interpretaciones de la vida política del país. Este periódico no comparte una lectura tan exagerada y zafia de la realidad española como la de Vox, pero siempre defenderá el derecho de sus diputados a expresarla, mientras lo hagan dentro de unos límites que estas afirmaciones de Abascal están lejos de sobrepasar.

En realidad, lo que delató la interrupción de Armengol fue su doble rasero. Porque los socialistas han vinculado a los populares con los movimientos más radicales de Europa, han extendido toda clase de acusaciones contra el líder de la oposición y han aprovechado su inviolabilidad parlamentaria para difamar a Isabel Díaz Ayuso con una acusación falsa: la del presunto caso de corrupción de su hermano, que fue desestimado por los tribunales españoles y europeos.

Es más, ¿por qué no intervino Armengol cuando el diputado independentista Gabriel Rufián, en su uso de la palabra, acusó al juez García-Castellón, instructor de una causa del procés, de hacerle la guerra sucia desde los tribunales a sus investigados?

La reacción de la presidencia merece nuestro reproche. El caso delata una falta de equidad alarmante. Los diarios de sesiones deben ser tratados con la sacralidad de las actas notariales, como documentos históricos que recogen los debates parlamentarios de un tiempo. Recurrir al decoro para manipularlos a voluntad es un arma perversa.

Lo peor de la amenaza a Abascal no es que haga el juego a una extrema derecha que aprovecha cada ocasión para alimentar la idea de un régimen liberticida que silencia a la oposición. Lo peor de todo es este alarmante desprecio del derecho de un representante de la soberanía nacional a la libertad de expresión, deshonrando así una institución fundamental de nuestra democracia.

No se debe tolerar. Y no se puede repetir.

Esto trasciende las ideologías y los intereses partidistas. Armengol no está para retirar los comentarios burdos de los diarios de sesiones. Mucho menos para servir como árbitro de parte.