La reunión que tendrá lugar hoy sábado entre representantes del PSOE y de Carles Puigdemont no debería haberse producido jamás. Y, de producirse, el escenario no debería haber sido nunca Ginebra, una ciudad de un país extranjero.

Pero, asumidos como inevitables los dos males anteriores, el presidente del Gobierno debería al menos haber impedido el tercero: la presencia de un verificador internacional que fiscalizará los acuerdos a los que llegue el principal partido en el Gobierno con los apoderados de un prófugo de la Justicia.

EL ESPAÑOL desveló ayer en exclusiva la identidad del verificador que Gobierno y Junts pretendían mantener en secreto hasta el momento más conveniente para sus intereses.

Que la identidad de ese "mediador", el Centre for Humanitarian Dialogue HD (más conocido como la Fundación Henri Dunant), haya tenido que ser revelada por un diario tras una investigación periodística en vez de ser comunicada por el portavoz del Gobierno en rueda de prensa es una más de las anomalías políticas, estéticas y éticas que rodean la negociación entre PSOE y Junts.

Con todo, no es la falta de transparencia y el secretismo con el que se está conduciendo el Gobierno en este asunto lo peor de la "reunión de trabajo" que mantendrán hoy representantes socialistas e independentistas, sino el contenido concreto de esa reunión. Porque en el orden del día oficioso sólo hay dos asuntos sobre la mesa: la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña y la cesión del 100% de los tributos.

Ambas exigencias son radicalmente inaceptables y generarían un conflicto político y jurídico enormemente peligroso en España.

La primera exigencia, tan abiertamente inconstitucional como la Ley de Amnistía desde el punto de vista de este diario, quebraría en mil pedazos la soberanía nacional.

La segunda laminaría el principio de igualdad de todos los españoles, además de esa redistribución de la riqueza que siempre ha sido uno de los pilares del pensamiento y de la acción política socialista.

El PP ha pedido a Sánchez que aclare oficialmente la identidad del verificador, quién le paga (un detalle no precisamente menor, dado que al menos en teoría no pueden hacerlo las partes) y qué acuerdan a puerta cerrada.

Son peticiones razonables. Razonables y de mínimos. Porque el principal de los errores del Gobierno es haberse prestado a una negociación semiclandestina con un partido con representación en el Congreso de los Diputados y que carece de motivos, más allá de esa batalla por el relato que la Moncloa parece dar por perdida, para exigir una reunión en el extranjero y con un verificador internacional.

Una parafernalia que sólo suele darse en las negociaciones de gobiernos democráticos con grupos terroristas (como fue el caso de las que tuvieron lugar para la disolución de ETA), o en el caso de reuniones entre la oposición democrática y los gobiernos autoritarios que la aplastan. ¿En qué caso cree el Gobierno español que está España? ¿Es Junts el equivalente de un grupo terrorista en el exilio? ¿O es España un régimen dictatorial que aplasta los derechos de los opositores democráticos?

La confusión de los intereses no ya del Gobierno o del Partido Socialista Obrero Español, sino del presidente del Gobierno, con los de España y los españoles tiene difícil marcha atrás llegados a este punto.

Pero asumida la inevitabilidad de una cita que tendrá consecuencias de profundo calado a largo plazo, este diario no puede más que exigirle al Gobierno absoluta transparencia acerca de lo hablado en ella, dada la importancia nuclear del asunto que se va a poner sobre la mesa: la misma existencia de la nación española.