Cinco años sin renovar cumplió ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Concretamente, desde el 19 de noviembre de 2018, cuando EL ESPAÑOL publicó el llamado "whatsapp de Cosidó" y el PSOE se descolgó de un acuerdo con el PP que ya había sido aprobado por ambos partidos.

PSOE y PP se culpan mutuamente de la no renovación del CGPJ.

El PSOE acusa al PP de incumplir la Constitución.

El PP acusa al PSOE de intentar controlar el órgano de gobierno de los jueces, negándose a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales del CGPJ sean escogidos por los jueces y no por los políticos. "No vamos a poner al zorro a controlar las gallinas" dijo ayer jueves Borja Sémper.  

La desconfianza del PP parece justificada. Cabe recordar que la renovación estaba encarrilada en octubre de 2022 tras un pacto entre PP y PSOE. Pero el anuncio de la eliminación del delito de sedición y la reforma del de malversación hizo que el PP se descolgara del acuerdo al sentirse engañado por el PSOE. 

Si esas concesiones al independentismo provocaron la ruptura del pacto, ¿cómo confiar hoy, cuando el PSOE se reúne en Ginebra con los representantes de un prófugo de la justicia para debatir sobre el desmembramiento de la soberanía nacional? 

Tampoco ayuda a la confianza la afirmación del presidente de que la renovación paralizada del CGPJ es un caso de lawfare, una hipérbole inaceptable. El lawfare no es cualquier decisión que tome el PP relacionada con el Poder Judicial, sino la manipulación prevaricadora de las decisiones judiciales por motivos ideológicos o políticos.

No ayuda tampoco la evidencia de que tan "bloqueado" está el CGPJ como el Tribunal Constitucional, donde el PSOE impide desde 2022 el nombramiento de una vacante que le correspondería hoy al Senado. 

Llegados a este punto no cabe otra solución que la vinculación de la renovación del CGPJ a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido exigido por el PP, la UE y los jueces. Una vinculación que, dada la desconfianza existente entre ambos partidos, debería contar con al menos las mismas garantías que el PSOE le ha ofrecido a Junts para sus pactos de investidura. ¿O es que los pactos con Carles Puigdemont son menos importantes que la renovación de los órganos constitucionales? 

Cuestión aparte es el debate de si la renovación del CGPJ debe realizarse de acuerdo con la mayoría salida de las urnas este pasado mes de julio, como desea el PP, o de acuerdo con la mayoría del momento en que el CGPJ debió ser renovado originalmente, como desea el PSOE. El asunto es relevante porque en el primer caso la presidencia, es decir, el voto decisivo en caso de empate, sería para el PP, y en el segundo, para el PSOE.

La solución a este último dilema es, obviamente, un presidente de consenso para el órgano de gobierno de los jueces. Pero, sobre todo, la asunción por parte de PP y PSOE de que la composición del CGPJ no puede vincularse a las mayorías parlamentarias.

Porque esa sí es una corrupción del espíritu de la Constitución. Y la más flagrante demostración de que la separación de poderes sigue sin ser una completa realidad en España.