Con las relaciones entre PP y PSOE en uno de los puntos más bajos de los últimos años, la noticia del acuerdo entre el Ministerio de Transportes y la Generalitat valenciana para la ampliación norte del puerto de Valencia ha supuesto un alivio para los que, como este diario, defendemos que los acuerdos entre populares y socialistas son esenciales por razones tanto políticas y de Estado como económicas.
Un alivio y una reivindicación. Porque la ampliación del puerto de Valencia es una excelente noticia desde todos los puntos de vista.
En el proyecto de ampliación del puerto de Valencia han participado tres administraciones distintas. Una del PSOE (el Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente), y dos del PP (la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, y el Ayuntamiento de Valencia, con la alcaldesa María José Catalá a la cabeza).
Que los tres principales responsables del acuerdo sean recién llegados a sus respectivos cargos (Puente es ministro desde hace sólo un mes mientras que Mazón y Catalá llegaron a sus actuales responsabilidades hace apenas cinco meses) es la prueba de que la buena voluntad política puede ayudar a sortear los obstáculos que interpone la crispación mediática.
Y la prueba es que apenas unas semanas han bastado para desbloquear un acuerdo que Ximo Puig, del PSPV, y Joan Ribó, de Compromís, no fueron capaces de desatascar en los ocho años que ocuparon los cargos de presidente de la Comunidad Valenciana y de alcalde de Valencia. Con el agravante, además, de que en cinco de esos ocho años el ocupante de la Moncloa era el PSOE.
Aun reconociendo que la ampliación ha sido fruto del trabajo de varias administraciones a lo largo de varios años, este diario no puede más que reconocer el mérito político de quienes han logrado descongelar un proyecto multimillonario cuyo bloqueo no interesaba a ningún español más allá del nacionalismo catalán, el principal beneficiado por la parálisis del puerto de Valencia.
Es evidente que la experiencia en materia de movilidad del ministro Puente, así como el interés de Mazón y Catalá por explotar a fondo las posibilidades económicas, comerciales e industriales del puerto de Valencia han sido clave para cerrar el acuerdo.
Clave ha sido también el nombramiento como presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia de Mar Chao, un perfil técnico con buena relación con Álvaro Rodríguez Dapena, presidente de Puertos del Estado. También ha ayudado el nombramiento en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de los alcaldes socialistas de Sagunto y Gandía, Darío Moreno y José Manuel Prieto.
¿Qué habría ocurrido si Mazón hubiera optado en cambio por perfiles políticos afines al PP? No haremos política ficción, pero es obvio que esquivando la tentación de elevar un muro entre PP y PSOE, el resultado ha sido inmejorable.
¿Y qué habría ocurrido si Puente hubiera prestado oídos a las voces que desde Compromís, es decir desde Sumar, se oponían a la ampliación con el argumento de que esta sería dañina "para la lucha contra el cambio climático"? En realidad, la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida en 2007 sigue vigente en la actualidad, lo que demuestra que la oposición de Compromís/Sumar es ideológica, no técnica.
El puerto de Valencia es clave desde varios puntos de vista, ya que por él pasan en este momento hasta el 40% de todas las mercancías que llegan por mar a España.
La ampliación permitirá que el puerto de Valencia, el más importante del Mediterráneo, acoja los grandes buques mercantes, de hasta 430 metros de eslora y capacidad para más de 24.000 contenedores, que ahora sólo pueden atracar en unos pocos puertos europeos especialmente preparados para estos monstruos del mar.
La ampliación permitirá también descargar el tráfico por carretera (actualmente el 93% de los contenedores se mueven en camiones), ya que las obras incluirán la construcción de la mayor estación portuaria de ferrocarriles de Europa.
La extensión permitirá además gestionar entre cinco y diez millones de contenedores al año, una cifra al nivel de la de algunos de los mayores puertos europeos, como el de Róterdam o el de Hamburgo, e incluso el de Nueva York.
El puerto de Valencia es además un enclave prioritario del futuro Corredor Mediterráneo, esencial para la industria valenciana y muy especialmente para la cerámica.
Su ampliación costará cerca de 2.000 millones de euros. 660 los pondrá el Gobierno. El resto, la firma italosuiza MSC.
La ampliación del puerto de Valencia bien merece, en resumen, esa foto en la que los tres principales responsables del acuerdo brindan con cava.
