Uno de los ocho puntos del acuerdo entre PSOE y Junts de este miércoles para la aprobación de dos de los tres decretos anticrisis pasó desapercibido en un primer momento, aunque encierra una bomba de relojería potencialmente letal para el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos españoles. 

Es el punto en que el Gobierno se compromete a reconocer los derechos históricos catalanes "en materia de régimen local". 

Aunque los portavoces de Junts, en conversación con este diario, intentaron la misma noche del miércoles desviar la atención de ese punto del acuerdo afirmando no saber exactamente qué pretendían los negociadores con él, EL ESPAÑOL pudo confirmar ayer cuál es el verdadero alcance del compromiso adquirido por el PSOE.

El acuerdo prevé la recuperación de la estructura territorial catalana previa a los Decretos de Nueva Planta. Es decir, la sustitución de las cuatro provincias actuales (Gerona, Barcelona, Lérida y Tarragona) por ocho veguerías, las jurisdicciones administrativas utilizadas en la Cataluña previa a 1714. 

A las dudas jurídicas que plantea la recuperación de estructuras y leyes medievales escogidas de acuerdo con criterios temporales caprichosos en función de los intereses de los líderes independentistas de 2023 se añade la evidente desigualdad que supone recuperar privilegios históricos no recogidos en la Constitución de 1978.

Porque todas las comunidades españolas podrían sin duda alguna retrotraerse a algún punto en concreto del pasado para recuperar alguna ley que, por una razón u otra, les concede un privilegio incompatible con la legislación constitucional moderna.

¿Por qué Cataluña sí y Aragón, el reino al que pertenecía el principado de Cataluña, no?

¿Por qué el principado de Cataluña sí y el reino de Valencia no?

¿Y por qué fijar los derechos históricos catalanes a recuperar en el punto más conveniente para el independentismo de hoy y no dos siglos antes o dos siglos después?

La realidad es que los Decretos de Nueva Planta permitieron la unificación política, jurídica y fiscal del reino. Que esa unificación permitió el progreso de una Cataluña que se había quedado atrasada respecto a las formas de organización política y territorial más modernas de su época. Y que el acceso al comercio con las Américas y al mercado castellano le permitió convertirse en una de las regiones más prósperas de España. 

Pero el revisionismo histórico catalán que pretende convertir lo que fue una guerra de sucesión en una guerra "de secesión" es hoy el menor de los problemas de los españoles. El verdadero problema para los ciudadanos de este país es la disposición del Gobierno a recuperar, no ya las disposiciones del Estatut de 2006 que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales en 2010, sino vetustos privilegios medievales que quiebran el principio de igualdad de todos los españoles. 

¿Son ahora progresistas las prebendas de los reinos medievales españoles?

¿Se van a recuperar todos esos privilegios o sólo aquellos que suponen una ventaja para el independentismo catalán y una desventaja para el resto de comunidades españolas?

¿Son ahora socialistas las desigualdades entre ciudadanos de un mismo Estado en función de su región de nacimiento?

Es cuestión de tiempo que el nacionalismo catalán plantee la recuperación del régimen fiscal del que disfrutaba el principado de Cataluña antes de 1714, reinterpretado imaginativamente a conveniencia de sus intereses de 2023. Es decir, la exigencia de un concierto económico similar al del País Vasco o de Navarra que convertiría en papel mojado cualquier aspiración de redistribución fiscal en España. 

¿Quizá durante la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado?

El PSOE ha abierto de par en par esa puerta. No podrá fingir sorpresa cuando esa exigencia sea puesta por Junts y ERC sobre su mesa.