Yolanda Díaz cumplió ayer su amenaza de aumentar el salario mínimo interprofesional por encima incluso de la cifra ofrecida a los sindicatos UGT y CC.OO. en un primer momento si CEOE y Cepyme se retiraban de la mesa de negociaciones. 

El aumento será finalmente de un 5%, la cifra que exigían los sindicatos. Un 1% más del porcentaje que manejaba en un primer momento el Ministerio de Trabajo.

La pregunta es si ese 1% es un castigo a los empresarios por no haber aceptado mansamente la imposición del Ministerio liderado por Yolanda Díaz.

Porque si no lo es, ¿quiere eso decir que el Ministerio ha utilizado a los trabajadores españoles como peones de un chantaje a los empresarios? ¿Se habría quedado la subida en un 4% si los empresarios hubieran dicho 'sí' a Yolanda Díaz y Antonio Garamendi se hubiera hecho la foto dándose la mano con la ministra?

La CEOE ha reaccionado, como por otra parte era previsible, denunciando la "arbitrariedad" de una subida que ha pasado caprichosamente del 4 al 5% sin mayor justificación ni análisis que la justifique. ¿Y por qué un 5% y no un 7% o un 9%? 

La acusación de las patronales CEOE y Cepyme de que el Gobierno ha sometido a los empresarios a "amenazas" y "chantajes" está por tanto justificada, especialmente si se tiene en cuenta que los sindicatos habrían aceptado un 4% de incremento frente al 3% ofrecido por los empresarios si estos se sumaban al acuerdo. 

A la vista del desarrollo de las negociaciones, y dada la unilateralidad con la que ha actuado el Ministerio de Trabajo frente a la negativa de los empresarios a aceptar el trágala de Yolanda Díaz, cabe preguntarse si el llamado diálogo social ha sido sustituido por el 'monólogo gubernamental', con los sindicatos en el papel de aquiescente e interesada comparsa. 

La subida para el trabajador tras el incremento del 5% del SMI será por tanto de 1.260€ anuales. Pero el coste para la empresa será mucho mayor: 1.768,77€ en 2024 frente a los 1.663,83€ de 2023. 

El incremento generará paradojas como la de que la subida de la pensión de un pensionista (suponiéndole ingresos de 1.300 € al mes) sea de 692€ anuales tras el incremento de un 3,8%, mientras que el coste de su cuidador se incremente en 1.260€ al año.

Un segundo caso llamativo. El de las empresas que verán aumentar sensiblemente su masa salarial por la subida del SMI mientras que los trabajos y los servicios que prestan a la Administración seguirán pagándose de acuerdo con lo determinado en el momento de la concesión, sin que esa cantidad se incremente proporcionalmente. 

La subida del SMI, además, obvia las diferentes casuísticas, la realidad de cada autonomía y la evidencia de que el impacto no es igual en una pequeña empresa que en una multinacional con miles de trabajadores, porque la capacidad para afrontar ese incremento no es ni por asomo similar en un caso y otro. 

EL Banco de España alertó en 2021 de que el incremento del SMI que se preveía para 2022 generaría un impacto negativo de entre 92.000 y 174.000 puestos de trabajo. En 2022 pidió enmarcar la nueva subida en un pacto de rentas para repartir el coste. Ambas recomendaciones cayeron en saco roto. 

El Gobierno presume de haber aumentado el SMI en un 54% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa sin que el empleo, de acuerdo a su relato, se haya resentido. 

Pero la realidad es que España sigue siendo la campeona del paro europeo, por delante incluso de Grecia y Portugal.

La realidad es también que los aumentos desproporcionados y no pactados del SMI perjudican principalmente a las pequeñas empresas y a los autónomos, por un lado, y a los jóvenes y los trabajadores más precarios, precisamente aquellos que más dificultades tienen para incorporarse al mercado de trabajo, por el otro.

El SMI no puede convertirse en una herramienta de castigo a unos empresarios que ayer viernes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó de "rácanos". El diálogo social no debería ser una herramienta de justicia social en manos de unos sindicatos cuya afiliación está en mínimos históricos y de un Gobierno que ha convertido a los empresarios en la causa de todos los males, reales e imaginarios, de España.