El gobierno autonómico catalán decretó ayer viernes la emergencia por sequía tras 38 meses de lluvias escasas y en respuesta al paupérrimo estado de las reservas de las que se abastecen el área metropolitana de Barcelona y la provincia de Gerona. 

La sequía, que dura ya tres años, afecta a una población de casi seis millones de personas. En situación de normalidad, las zonas afectadas reciben el agua del sistema Ter-Llobregat, que hoy está por debajo del 16% de su capacidad. 

No es la primera vez que Cataluña, que forma parte, como todo el levante español, de la España hídricamente deficitaria, sufre una sequía.

En 2008, Cataluña ya pasó por una situación similar. En aquel momento, el Gobierno decretó un trasvase puntual desde el Ebro. También se recurrió al transporte de agua en barcos desde Tarragona y Francia hasta las zonas afectadas. 

Finalmente, la llegada de las lluvias alivió la situación y permitió evitar el trasvase del Ebro, al que las autoridades catalanas siempre se han negado por dos motivos. Las tensiones que genera en las regiones de la desembocadura del río, y el hecho de que este debería ser compartido con la Comunidad Valenciana y Murcia.

Superada la emergencia, todas las inversiones se paralizaron hasta que una nueva sequía ha vuelto a demostrar la falta de previsión de un nacionalismo catalán que, apoyado por el PSOE, se ha negado siempre al trasvase del Ebro. 

La situación actual, por tanto, es heredera de la apuesta del nacionalismo catalán por las desalinizadoras y las medidas de ahorro. Y de ahí la derogación en 2004, con el apoyo del PSOE, del trasvase del Ebro. Una decisión que provocó las lógicas quejas de los gobiernos populares valenciano y murciano. 

Cataluña corre hoy un riesgo extremo. Porque el desabastecimiento no afectará únicamente a los particulares y a los agricultores, sino también a la industria y al turismo, que supone el 12% del PIB catalán. 

Las administraciones españolas deben asumir de una vez por todas la realidad hídrica española y actuar en consecuencia, firmando un pacto nacional por el agua que equilibre las necesidades de la España oriental seca y las de la España occidental húmeda.

También debe equilibrar las obvias necesidades de sostenibilidad medioambiental con la de un abastecimiento suficiente de agua para todas las necesidades de consumo. Las de los particulares, las de las empresas, las del campo y las del turismo, la primera industria nacional. España no puede permitirse ciertos lujos ideológicos ni parchear el problema del agua con restricciones al consumo, una solución burda y siempre temporal. 

Este diario, como ha hecho en anteriores editoriales, vuelve a pedir un pacto nacional del agua. Pero para ello, las comunidades y los sectores afectados deben aparcar la tentación de imponer soluciones particulares y que sólo les benefician a ellos.