La presión sobre Ángel Víctor Torres y Francina Armengol se incrementó ayer con las nuevas revelaciones sobre el caso Koldo, y exige de ambos algo más que un conveniente silencio y las escenificaciones de indignación de rigor. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó incluso a pedir ayer miércoles la dimisión de la actual presidenta del Congreso por su implicación en el caso y sus "múltiples escándalos como presidenta de Baleares".

La expresidenta balear parece, efectivamente, el actual eslabón más débil del PSOE tras el paso de José Luis Ábalos al Grupo Mixto y su suspensión de militancia. 

En apenas 24 horas se ha sabido que Armengol alteró el contrato para que las mascarillas compradas por su gobierno fueran pagadas con fondos de la UE cuando la presidenta y su equipo ya sabían que el material era defectuoso.

También se ha sabido que Armengol ocultó al gobierno de Marga Prohens, su sucesora en el cargo, la información de que la Fiscalía Anticorrupción la estaba investigando precisamente por su implicación en la trama de Koldo García, a la que se acusaba de los delitos de malversación, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal. 

Armengol también renunció a exigir una indemnización a la empresa de Koldo García por la estafa que acabó con decenas de miles de mascarillas inservibles en un almacén del gobierno autonómico hasta el día que perdió el poder en las islas, el 6 de julio de 2023.

No está tampoco libre de sospecha Ángel Víctor Torres, el expresidente canario y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

La Fiscalía Anticorrupción sospecha de cuatro contratos concedidos por el gobierno canario. Contratos que también fueron retocados tras su formalización para que acabaran siendo pagados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Algo que, de confirmarse, podría desembocar en una investigación de la Fiscalía Europea. 

La orden para la compra de mascarillas a la trama de Koldo García se basó, además, en las recomendaciones de un presunto 'Comité de Emergencias Sanitarias' de cuya existencia no hay hoy la menor prueba, a pesar de que, en teoría, actuaba como "órgano de consulta y asesoramiento al presidente canario". 

Tanto Armengol, que este martes se limitó a escenificar su supuesta indignación por la actividad de la trama de Koldo García, como Ángel Víctor Torres han callado sobre las informaciones publicadas en la prensa y que afectan a su etapa como presidentes de las comunidades balear y canarias. 

Es evidente que ambos disfrutan, como en el caso de José Luis Ábalos, de la presunción de inocencia, y que no existen de momento acusaciones concretas contra ellos. Pero la responsabilidad política camina por un sendero diferente a la penal. 

Y son estas responsabilidades políticas las que tanto Francina Armengol como Ángel Víctor Torres deben asumir dando explicaciones acerca de su como mínimo negligente comportamiento durante la pandemia y en relación a la compra de mascarillas a una empresa de cuya fiabilidad y profesionalidad no tenían mayor prueba.

Se equivoca el Gobierno si cree que la salida de escena de Ábalos permitirá restringir el escándalo al entorno de Koldo García. La responsabilidad de Ábalos es, sí, directa y evidente. Pero la de Armengol y Ángel Víctor Torres también es obvia. 

Cuando menos tarden ambos en ofrecer explicaciones menos se extenderá la sospecha sobre su comportamiento en relación al caso Koldo.