Cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la controvertida Ley Trans, comienzan a dejarse sentir los efectos perniciosos de una legislación ideológica cuyos problemas muchos expertos denunciaron en su día, aunque no fueron escuchados en un proceso legislativo tramitado de urgencia.

Los hechos han acabado dando la razón a quienes fueron tildados de "tránsfobos" por señalar que la inseguridad jurídica que instalaba la norma abría la puerta al fraude de ley masivo.

EL ESPAÑOL publica hoy que, en el último año, sólo en Ceuta 37 hombres (el 75,5% del total que ha recurrido a la Ley Trans en la ciudad autónoma) han cambiado su sexo al femenino aunque han mantenido su nombre masculino y su estado civil. 

El hecho de que la mayoría de ellos sean miembros del Ejército, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local ceutí apunta a que muchas personas estarían aprovechando fraudulentamente la modificación registral del sexo para beneficiarse de las medidas de discriminación positiva.

De hecho, mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trasladaron el año pasado a EL ESPAÑOL su preocupación por las repercusiones de la Ley Trans en las oposiciones a la Policía Nacional y Guardia Civil. Advertían de que "vamos a tener un problema muy serio" por las irregularidades que puedan surgir en un futuro próximo en las pruebas físicas de los exámenes de acceso, menos exigentes para las mujeres.

El relajamiento de las condiciones para transicionar hacia el género femenino (de hecho, este es el sentido de la gran mayoría de los cambios registrados hasta ahora) también afectan al resto de ámbitos en los que la condición civil de ser mujer lleva aparejada una posición normativa más favorable.

De ahí que podamos llegar a ver aprovechamientos tramposos del reconocimiento institucional femenino en personas que no sean realmente transexuales para, por ejemplo, tenerlo más fácil en la obtención de la custodia de sus hijos, o incluso para eludir la aplicación de la ley de violencia de género. 

Todo esto es consecuencia de una normativa que consagró el equívoco principio de la "autodeterminación de género", estableciendo la identidad sexual sentida y la mera declaración de voluntad como única condición para modificar la mención registral del sexo.

En aras del concepto buenista de la "despatologización de la transexualidad", se abandonó la más razonable legislación anterior, que exigía un diagnóstico médico de disforia de género y, al menos, dos años de tratamiento hormonal del solicitante para conceder el cambio oficial de sexo.

Han sido las propias mujeres quienes con más vigor han denunciado que el voluntarismo y el subjetivismo que subyacen a la ley de Irene Montero marginan la realidad biológica. Y que, al hacerlo, auspician el borrado de la condición femenina y una desprotección en espacios sexualmente diferenciados como los baños, probadores y vestuarios o las prisiones.

Las tesis de la ideología queer han generado agrios debates en todo el mundo, especialmente a cuenta de la participación de deportistas transexuales en competiciones femeninas, así como de los arrepentidos de haber transicionado.

Pero el sectarismo de Montero dividió especialmente al movimiento feminista español, generando una ruptura entre el feminismo clásico y uno más radical, ya totalmente escindidos desde el 8-M de 2022.

Este legado de discordia, sumado al generado por su calamitosa ley del sólo sí es sí, es la lamentable herencia que ha dejado a la política española la malograda exministra de Igualdad.

El nombramiento de una nueva responsable a cargo de esta materia más cercana a la línea del feminismo clásico de Carmen Calvo, y que se ha desmarcado de la ideología trans, brinda una buena oportunidad para reformar la ley de Montero, y establecer parámetros objetivos para tasar la vivencia interna del género.

Porque, como han denunciado fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, la propia redacción de la norma hace prácticamente imposible combatir el fraude. Bajo los requisitos actuales de la autoidentificación, los tribunales no cuentan con mecanismos legales para identificar el eventual ánimo espurio de quien recurre al cambio registral.

Una posible línea de reforma, saludada por algunas asociaciones feministas, es la acometida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que revisa los conceptos jurídicos y endurece las condiciones de supervisión médica para proteger a los menores antes de someterlos a un tratamiento hormonal.

El ejemplo de algunos países europeos, que se han visto obligados a dar marcha atrás en sus respectivas leyes trans, debería servir para que el Gobierno se abra a revisar una norma defectuosa que, en sólo un año, ha disparado las solicitudes de cambio de sexo en un 400%.