Era esperable la última propuesta del abogado general de la Unión Europea, Maciej Szpunar, vinculada a los prófugos Carles Puigdemont y Toni Comín. Pero merece, en cualquier caso, una profunda reflexión sobre los pilares de la Unión y las cuentas pendientes de un proyecto común que, en ocasiones como esta, se demuestra imperfecto y en construcción.

El abogado general corrigió ayer al entonces presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, por negar inicialmente las actas de eurodiputado a los prófugos Puigdemont y Comín cuando fueron elegidos dentro de las listas de Junts en las elecciones de 2019.

Tajani adoptó esa postura porque ninguno de los dos acudió a la Junta Electoral Central para prometer presencialmente el acatamiento de la Constitución Española, como exige la legislación nacional. De manera que, al no cumplir los prófugos con un requisito esencial en su país, la Junta no había trasladado su inclusión en las listas de eurodiputados. La razón de la incomparecencia de Puigdemont y Comín es obvia. Su entrada en España habría comportado su inmediata detención por los delitos cometidos en el otoño de 2017 en Cataluña.

Con todo, el abogado polaco sostiene que Tajani "cuestionó los resultados electorales oficialmente proclamados" y señala que debieron ser admitidos como eurodiputados desde el principio, incluso cuando incumplían un principio fundamental de la ley electoral española. Szpunar entiende, por tanto, que prima el derecho de sufragio sobre el condicionante incluido en la legislación española.

A efectos prácticos, Puigdemont y Comín no verán alterada su situación, pues a comienzos de 2020 fueron admitidos como eurodiputados tras un fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) favorable a Oriol Junqueras. Y no sólo eso: la presumible aprobación de una amnistía que evitará a los prófugos que tengan que responder por los delitos atribuidos. 

La postura del abogado no obliga al tribunal europeo a compartir su criterio. Pero, en la mayoría de los casos, su opinión se convierte a continuación en la de los jueces. Y da munición de sobra a los prófugos para insistir en el cuento de que las leyes españolas son contrarias al derecho comunitario.

Ayer, Puigdemont acusó nuevamente al Estado de "violar los derechos fundamentales de los electores" y "hacer un uso partidista de las instituciones". Es llamativo que Puigdemont se duela de violaciones de derechos fundamentales y usos partidistas de las instituciones cuando, en 2017, demostró con maestría su dominio de estas malas artes. Pero, más preocupante que la conocida retórica de Puigdemont, es que el expresident pueda sacar partido de las cuentas pendientes de la Unión Europea para sostener su victimismo radical.

Conviene ser muy claros. La doctrina europea actual desarma a los Estados frente a delincuentes prófugos. El abogado general se ha metido de lleno en el núcleo central de la soberanía española, y ha dado más razones de peso a quienes promueven una revisión de la legislación comunitaria que, en ciertos aspectos, ha quedado desactualizada.

España ya comprobó los límites de la euroorden con los belgas, que se han saltado durante años el principio de confianza entre miembros de la Unión Europea al negarse a entregar a los fugados asentados en su territorio. Ningún país comunitario debería actuar de este modo cuando todos los miembros han acreditado en sus procesos de adhesión un escrupuloso cumplimiento del Estado de derecho.

La última decisión del abogado general añade un elemento más de discordia. La legislación electoral de la Unión establece con claridad que el procedimiento se rige por las disposiciones nacionales. No se ha cumplido. Y a esta crítica conviene incorporar otra. Esta situación era esperable desde 2020, tras la sentencia del TJUE sobre Junqueras. ¿Por qué el Gobierno decidió perder el tiempo y no promovió una reforma que nos ahorrase este problema?

El Gobierno español debería abordar la crisis de legitimidad abierta por los incumplimientos de la euroorden, la decisión del TJUE sobre Junqueras y la derogación de facto de parte de nuestra ley electoral. Tenemos una oportunidad en estos momentos, pues la negociación del acta electoral de 1976 sigue abierta. Dependerá de España que quiera contribuir o no a una solución que evite que este problema se repita, y no sólo en España. ¿O acaso está el resto de miembros eximidos del mismo riesgo, con prófugos que tomen nota de Comín y Puigdemont?