Óscar Puente ha tendido la mano al PP este miércoles, durante su intervención en el cuarto Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, para llegar a un acuerdo sobre la Ley de Movilidad Sostenible y sobre el pago por uso de carreteras. Un gesto que el PP no debería haber desdeñado, y mucho menos con las formas con que lo ha hecho. 

Durante su intervención, el ministro de Transportes ha ofrecido primero a la oposición un acuerdo sobre la Ley de Movilidad Sostenible, "a la que ya llegamos tarde". Luego, ha pedido un "pacto de país" para la implantación del pago por uso de carreteras. 

Existen variados y fundados argumentos para cuestionar la forma concreta en la que pueda materializarse la imposición de peajes. Porque es evidente que la justicia de esta medida dependerá en última instancia de cómo se estructure ese pago, para que no repercuta indiscriminadamente en todos los ciudadanos.

Lo cierto es que existe la capacidad técnica para discriminar por tipos de uso y de usuarios, diferenciando, por ejemplo, entre transportistas españoles y extranjeros. O entre quienes hacen uso de las carreteras por motivos de ocio o por razones laborales.

Lo que no tiene ningún fundamento es oponerse a los peajes por principio.

En primer lugar, porque, como ha recordado Puente, "las carreteras no son gratis". El sistema de doble pago se explica porque, además de su sostenimiento mediante impuestos, lo razonable es que también paguen una tasa quienes hacen uso de este servicio. Entre otros motivos para evitar que un transportista español pague por usar una carretera francesa, pero un francés no pague por usar la española.

Nadie cuestiona, además, las tasas aeroportuarias, que son un ejemplo de doble pago equivalente (vía impuestos y vía uso) al que se propone para las carreteras.

En segundo lugar, porque la gratuidad de las autovías españolas constituye una excepción europea. Los transportistas pagan por circular por las carreteras de casi todos los países de la UE, salvo en España.

En tercer lugar, porque España tiene la obligación de contar con unas infraestructuras sostenibles, y porque la UE obliga a aprobar los mecanismos de cálculo que luego servirán para decidir si las carreteras se financian mediante impuestos, mediante el pago por uso, o con un sistema mixto de otro tipo.

Y por último, porque no existe una alternativa viable a los peajes que no suponga un incremento del déficit. La alternativa es el deterioro de una red de carreteras que, por su excelente calidad, llegó a ser la envidia de muchos europeos. Una red que ahora arrastra un déficit millonario, ante la insuficiencia de las inversiones de las Administraciones públicas.

Aunque el pago por uso constituya una medida impopular, los ciudadanos deben saber que el mantenimiento de las autovías no puede financiarse únicamente con impuestos.

Por eso, no es justo que el PP critique de malas maneras la iniciativa de Puente, calificándola de "medida regresiva" y de "sablazo", o afirmando que el PSOE "sólo sabe mentir". Y menos cuando el propio PP de Mariano Rajoy llegó a plantear un peaje para las autovías con un coste de 246 € para los turismos y 7.066 € para los camiones.

La oposición no puede negarse por sistema a todo cuanto propone el Gobierno. El PSOE también aporta ideas razonables, y esta es una de ellas. Es necesario saber escoger las batallas y ser duro cuando toca, pero también abierto al diálogo cuando procede.

Los pactos sobre infraestructuras deberían, en definitiva, quedar fuera de la batalla política. En especial cuando también las administraciones del PP necesitan esos pactos con el PSOE. Carlos Mazón, por ejemplo, invitó ayer a Emiliano García-Page a "sentarse" a "hablar con rigor para arreglar el problema del agua".

Y es que no son sólo las carreteras las que deberían ser objeto de pactos de Estado entre PP y PSOE, sino el conjunto de grandes infraestructuras españolas.

Es hora de que el PP llegue a un entendimiento con el PSOE sobre una medida que su partido acabará implantando igualmente cuando gobierne. Porque no existe alternativa viable y razonable al pago por uso de las carreteras españolas.