Hoy se aprobará en el Congreso la Ley de Amnistía, la norma más controvertida de cuantas se han promovido en la historia de la democracia española.

Después de que las prioridades políticas impuestas por las dos últimas citas electorales lo desplazaran a un lugar secundario, el asunto que ha copado la agenda pública durante gran parte del actual curso político vuelve por tanto a la primera plana. 

A lo largo de estos años se han sucedido distintas leyes fuertemente contestadas en la calle y en los medios de comunicación. Leyes que han provocado huelgas, manifestaciones e incluso disturbios. Las sucesivas regulaciones del aborto, la Reforma Laboral de 2012, la Ley Corcuera, la ley del 'sí es sí', la Ley de Memoria Democrática…

Pero ninguna como la ley de amnistía, que el pasado domingo volvió a congregar a decenas de miles de ciudadanos opuestos a esta vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Nunca antes se había aprobado una norma destinada a borrar de la memoria colectiva y a dejar impunes los hechos más graves acaecidos desde la Transición, los del procés.

Una norma, además, elaborada ad hoc para unas personas concretas, contraviniendo uno de los más elementales fundamentos del Estado de derecho: el de la universalidad de la ley.

Una ley, por si fuera poco, diseñada por sus propios beneficiarios.

Sería deshonesto negar que, de momento, el olvido penal de los delitos del procés ha cosechado una evidente utilidad política. Lo cierto es que al menos una de las críticas a la amnistía, el vaticinio de que alentaría un nuevo procés, ha quedado desmentida tras el descalabro del separatismo en las pasadas elecciones catalanas. 

Pero a menos que se abogue por un maquiavelismo finalista, no se puede considerar que la desactivación del golpismo independentista convierta en moralmente correctos los cuestionables medios empleados para conseguirla. Las objeciones de corte ético y jurídico a la amnistía permanecen incontestadas.

Desde el punto de vista moral, la Ley de Amnistía resulta injustificable. Su génesis acredita que la ley responde únicamente a la necesidad personal y coyuntural del presidente del Gobierno. Y esto equivale a quebrantar la misma naturaleza de la legislación, que es la de regular materias de interés general.

En este caso, el único bien a proteger es la investidura de Sánchez.

Tampoco han quedado resueltas las críticas jurídicas a la Ley de Amnistía. Resulta revelador que ninguna norma anterior haya recabado tantas valoraciones desfavorables de tan variopintos organismos y asociaciones judiciales.

Y todavía está por ver que la ley supere el examen de constitucionalidad.

Es de esperar que el Gobierno se apoye en la relativa pacificación de Cataluña, y en la continuidad de la legislatura gracias al respaldo de los destinatarios de la ley, para cantar las bondades de la amnistía.

Pero no se puede olvidar que el hecho de que se haya demostrado útil no la convierte en justa.