La negativa de Junts y del PNV a apoyar en el Congreso la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales obligará a la Moncloa a negociar con la CEOE, que había sido arrinconada por Yolanda Díaz en una nueva demostración de que sus reiteradas apelaciones al "diálogo social" se compadecen mal con la realidad de un Ministerio de Trabajo acostumbrado a imponer sus decisiones sin contar con los empresarios.

La reducción de la jornada laboral se ha convertido en uno de los caballos de batalla de una ministra de Trabajo que busca recuperar el foco mediático tras sus sucesivos fracasos en las urnas.

Pero la manera en que Díaz ha gestionado su iniciativa, buscando únicamente el apoyo de CCOO y UGT, ha provocado el rechazo de la CEOE. En la reunión de este lunes, la patronal liderada por Antonio Garamendi ni siquiera presentó una propuesta alternativa ante la evidencia de que esta iba a ser despreciada por Díaz.

Yolanda Díaz se apoya para justificar su propuesta en la noticia de que la productividad española registró un crecimiento del 1,57% en el primer trimestre de 2024. En términos de PIB, la productividad se describe como la relación entre la producción obtenida en relación con los factores que la hacen posible, es decir el capital y el trabajo. 

Pero la letra pequeña de ese dato, plasmado en un estudio del Observatorio de la Productividad y Competitividad de la Fundación BBVA y el Ivie, describe una realidad diferente.

En primer lugar, ese dato llega después de casi un año de descensos.

La productividad laboral, por su parte, ha aumentado un 1,3%, pero gracias al crecimiento de la economía española, mucho mayor que el del empleo: mientras el valor añadido creció en España un 2,59%, las horas trabajadas sólo lo hicieron en un 1,29%.

España sigue, además, en el vagón de cola de la UE en productividad, y continúa muy por debajo de la Eurozona, con 53 dólares por hora trabajada frente a los 61 de la media europea. Y eso mientras poco a poco se distancia de la media: desde 2015, el crecimiento ha sido del 2,5% en España por un 4,7% del resto de países de la UE. 

Como explicaba Cristina Farrés el pasado 30 de junio en Crónica Global, lo cierto es que no existe una demanda social que justifique ese empeño en la reducción de la jornada laboral. En buena parte, porque muchos convenios colectivos en España ya fijan jornadas laborales de 37,5 o 38,5 horas.  

La reducción de la jornada laboral, además, sería contraproducente en aquellos colectivos con una gran carga de trabajo o en los que la demanda es fija. Es el caso de los sanitarios, que se verían obligados a un sobreesfuerzo para mantener la productividad con menos horas de trabajo, o a una rotación de personal que reduciría la calidad del servicio en un sector lastrado por los bajos salarios. 

En el mismo caso está el personal de limpieza, un sector muy feminizado y cuya viabilidad se consigue con la reducción de costes para rentabilizar las concesiones de las administraciones. Sin más recursos por parte de estas, la reducción de la jornada sólo empeorará las condiciones laborales de las empleadas. 

Si se incrementa el coste del trabajo, las empresas lo sustituirán por capital y automatizarán servicios, eliminando empleos de baja capacitación.

Más útil sería, si lo que pretende la ministra es eliminar las diferencias sociales existentes entre jubilados y baby boomers, por un lado, y las generaciones que les siguen, por el otro, que la negociación de la jornada laboral recayera en empresarios y trabajadores, pues sólo ellos, y no el Gobierno y Yolanda Díaz, disponen de la información correcta sobre la relación entre productividad y horas trabajadas. 

Hablar de jornada laboral en un entorno empresarial del siglo XXI donde las horas trabajadas han sido sustituidas en muchos casos por conceptos como el del cumplimiento de objetivos es anacrónico. Yolanda Díaz pretende regular el mercado laboral de 2024 con ideas del siglo XX y a partir de prejuicios ideológicos del siglo XIX. Y no puede haber reducción de la jornada sin un aumento de la productividad.