La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en una foto de archivo. Europa Press
Después de que EL ESPAÑOL desvelara que Isabel García y su pareja obtuvieron al menos 64 contratos de ayuntamientos socialistas para gestionar los Puntos Violeta contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo, la ministra de Igualdad rogó el martes "darle tiempo" a la directora del Instituto de las Mujeres para "permitirle que dé las explicaciones que considere, que se explique y que ofrezca todo tipo de información que aclare esta cuestión".
Ana Redondo ha pedido "tiempo, paciencia y humanidad" para García. Pero ya se le ha concedido un tiempo más que razonable para ofrecer su versión sobre los hechos. Se ha sido paciente igualmente al escuchar las razones de su escrito de rectificación, que este periódico ha respondido por extenso. Y se le ha dispensado el mismo trato humano que merece cualquier persona, inclusive aquellas sobre las que pesan sospechas de corrupción.
Además, las informaciones publicadas sobre la directora del Instituto de las Mujeres no implican por el momento que sea culpable de ningún delito. Ni que, al facturar más de 250.000 euros en contratos menores con las empresas que comparten, Isabel García y Elisabeth García hayan incurrido necesariamente en ninguna ilegalidad.
Pero es indudable que dista de ser ético e higiénico que un responsable político se haga cargo de un área de su responsabilidad en la que detenta intereses económicos, y que bajo su mandato se adjudiquen contratos que benefician a su cónyuge. O lo que es más grave: que, como sucedió en 2017 en Valencia, contrate directamente a su pareja en dos ocasiones.
Y si todavía estas reprobables actividades pudieran estar amparadas por la excesiva laxitud de la normativa que regula las incompatibilidades de los familiares de los altos cargos, no lo está el amaño de contratos. La directora del Instituto de las Mujeres ha reconocido que, según publicó EL ESPAÑOL, presentó el nombre una compañía de una directiva de la RFEF, sin el conocimiento de esta, a dos concursos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid). Una artimaña encaminada a dar una falsa imagen de competencia en la licitación.
Después de que la ministra pidiera paciencia para García, se conoció que ya había beneficiado a su cónyuge en el pasado, y que la directiva de la RFEF María Tato denunció ante la Policía Judicial en Las Rozas (Madrid) "la usurpación de la identidad" de su empresa por parte de la directora del Instituto de las Mujeres y de su pareja.
Hay por lo tanto suficientes elementos como para que la ministra Redondo asuma que Isabel García no puede seguir al frente del Instituto de las Mujeres sin dañar gravemente los objetivos de su ministerio y la imagen de su política para un ámbito tan sensible como la lucha contra la violencia de género.
Parece que en la resistencia de Redondo a cesar a García pesa el rechazo a dar la impresión de estar entregando al sector LGTBI del feminismo una cabeza que ya habían pedido hace tiempo.
Porque hay que recordar que el nombramiento de Isabel García para el Instituto de las Mujeres soliviantó al feminismo más extremista, por su oposición a la doctrina queer que había orientado la labor del organismo público durante el ministerio de Irene Montero.
Ahora, tanto Sumar como Podemos han aprovechado la difícil tesitura en la que se encuentra García para pedir su dimisión con más ahínco. Especialmente Ione Belarra, que este sábado ha opinado que "esta persona nunca tuvo que ser nombrada directora del Instituto de las Mujeres por su transfobia pública y notoria".
Pero el hecho de que la extrema izquierda utilice los contratos de García y su pareja como agravante para exigir un cese de motivaciones ideológicas no significa que la ministra de Igualdad tenga que abdicar de su obligación de depurar una responsabilidad política y de colocar al frente del Instituto de las Mujeres a una persona más adecuada.
Tampoco supone desautorizar los planteamientos sobre la Ley Trans del sector feminista en el que se inscribe García que, por otro lado, probablemente sean coincidentes con los de la propia Redondo.
Se trata de dos planos completamente diferentes. Y por eso, aunque García esté sopesando su dimisión, no se puede pasar por alto que la responsabilidad de que siga dirigiendo el Instituto de las Mujeres no es suya, sino de la ministra de Igualdad.
