Fue una de esas casualidades que hacen tan gratificante vivir en una redacción. Yo pasaba el martes por el despacho en el que Jorge Calabrés tenía puesto el manos libres para anotar fielmente la versión de la directora del Instituto de las Mujeres, justo en el momento en que Isabel García hacía su alegación clave sobre los contratos de los Puntos Violetas:
"Mi mujer tiene derecho a trabajar, a comer y a vivir. Lo que no puede ser es que las parejas de las políticas y los políticos no tengan derecho a comer".
Acción de gracias en Moncloa.
Era como un remake de aquella serie de TVE de los 70 La señora García se confiesa, aunque sin Lucia Bosé. En su primera porción -el "derecho a trabajar"- el argumento de la interpelada parecía calcado del que tanto Sánchez como los portavoces del PSOE habían esgrimido sobre Begoña Gómez. La novedad residía luego en lo del "derecho a comer".
O sea, a no pasar hambre. Escuchándola hablar con esa contundencia, cualquiera diría que Isabel García nos estaba reprochando la intención subrepticia de reducir a la indigencia a su pareja Elizabeth García.
Y todo por haber denunciado que la primera señora García y la segunda señora García habían recibido al menos 64 contratos de ayuntamientos socialistas "para gestionar los Puntos Violetas contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo".
Con el agravante de que las señoras García no sólo mantuvieron su actividad, sino que la perfeccionaron mediante el amaño de contratos como los de San Fernando de Henares, cuando la primera señora García ya llevaba meses al frente del Instituto de las Mujeres.
Pocas veces se topa uno ante una conducta tan poco ética- amén de presuntamente delictiva- como la denunciada ante la Policía Judicial por María Tato, la pequeña empresaria a la que las señoras García utilizaron como falsa competidora, presentando en su nombre y sin su autorización una inventada oferta más alta, para asegurarse los contratos. La usaron sin su conocimiento como liebre mecánica al servicio de su facturación.
Alegan las señoras García que, para cumplir con la ley de altos cargos, la primera señora García vendió el 43% de una de sus dos sociedades y el 41% de la otra a la segunda señora García, para quedarse en ambos casos con el 8%, es decir, por debajo del 10% autorizado.
"García nunca debió aceptar el puesto de directora del Instituto de las Mujeres mientras siguiera obteniendo ingresos vinculados a la lucha contra la viogen"
Alegan también las señoras García que, de acuerdo con la legislación mercantil, no cabe considerar que, tras este arreglo, la segunda señora García ejerza la posición prohibida de "persona interpuesta" ya que, como socia más que mayoritaria de las empresas que además administra, sólo se representa a sí misma.
Y por si alguien pudiera objetar que lo adecuado, ético o procedente hubiera sido vender esas acciones a un tercero, las señoras García advierten, poniendo la venda antes que la herida, de que eso hubiera vulnerado el "derecho de adquisición preferente" de la segunda señora García, fruto de su pacto societario con la primera señora García.
Dando por hecho que este trasvase de acciones entre cónyuges haya tenido el preceptivo visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses, sólo cabe llegar a dos conclusiones. La primera, que la ley necesita una reforma urgente para cubrir al menos la apariencia de imparcialidad de los altos cargos.
La segunda, que la primera señora García nunca debió aceptar el puesto de directora del Instituto de las Mujeres mientras las señoras García siguieran obteniendo -con uno u otro reparto- lucrativos ingresos vinculados a la lucha contra la violencia de género y las políticas de igualdad.
Es obvio que la esposa del director General de Hidrocarburos no puede tener gasolineras, ni la del director General de la Cadena Alimentaria supermercados…
Ni la del presidente del Gobierno una cátedra patrocinada por empresas públicas, por compañías reguladas o por contratistas con la administración.
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Tanto en la regulación del conflicto de intereses como en la persecución del tráfico de influencias el bien jurídico a proteger es la confianza del administrado en la independencia de la administración. Por eso, las culpas son objetivas, pero las responsabilidades políticas son subjetivas. Por eso, un buen gobierno debe proteger la percepción de su ecuanimidad como el mayor de los tesoros.
Eso es lo que el ejecutivo de Sánchez ha perdido irreparablemente en el llamado "caso Begoña", sea cual sea su desenlace judicial.
No, señor ministro de la Presidencia, el presidente y su esposa no están sufriendo una "persecución terrible".
No, señor ministro de Relaciones con las Cortes, el presidente y su esposa no están sufriendo una "persecución cruel".
No, señor ministro de Justicia, uno y trino, el presidente y su esposa no están sufriendo una "persecución inhumana". Si alguien no puede decir algo tan improcedente, durante una instrucción judicial, es el titular de su cartera.
"Begoña Gómez está siendo investigada con las mismas garantías, respeto a su presunción de inocencia y derecho a no declarar que cualquier otro ciudadano"
Begoña Gómez está siendo investigada por la Justicia con las mismas garantías, el mismo respeto a su presunción de inocencia o el mismo derecho a negarse a declarar que cualquier otro ciudadano.
Incluso puede decirse, y en ello aplaudo a la decana de la Plaza de Castilla, que con mayor protección de su intimidad, honor e integridad física que muchos otros personajes públicos que se han visto en ese trance.
Y el hecho de que el procedimiento penal no esté impulsado por ningún respetado Agamenón sino por varios de sus porqueros no le resta la menor legitimidad. Laureano Oubiña tenía derecho a perseguirme y a conseguir sentarme en el banquillo por calumnias por llamarle "capo de la mafia", aunque su testimonio esposado y custodiado por la Guardia Civil, como reo de narcotráfico, preludiara mi cantada absolución.
Que Begoña Gómez esté teniendo que afrontar la incomodidad de una instrucción judicial confusa y de infinidad de juicios paralelos -algunos de pésimo gusto- en la prensa nacional e internacional es en primer lugar fruto de su imprudencia. Y en segundo lugar, consecuencia de la insensata huida hacia delante de su marido.
Aitor Esteban lo resumió a la perfección en el debate del miércoles: "Lo que me sorprende es que nadie diga que hay cosas simplemente que no se deben hacer, no porque las prohíba la ley, sino porque no se deben hacer; que nadie hable de ética y estética en vez de ordenamiento jurídico…". Bastaría robustecer a diario el espíritu cívico con las mancuernas del sentido común para darse cuenta de la profundidad de lo que quiso decir el portavoz del PNV.
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Es obvio que la lista de esas "cosas que no se deben hacer" en el caso de la esposa del presidente del Gobierno incluye convocar al rector de la Complutense a la Moncloa para diseñar la cátedra extraordinaria, pedir dinero a las empresas para financiarla, reunirse hasta ocho veces, de nuevo en la Moncloa, con un colaborador como Barrabés que a la vez obtenía 28 contratos públicos por un monto de 22,8 millones, presentar manifestaciones de interés en su favor, crear una empresa con el mismo nombre que la cátedra o inscribir a título particular el software costeado por la universidad.
En el caso de las señoras García entre esas "cosas que no se deben hacer" figura darse contratos a sí mismas, convertir la lucha contra la violencia de género en una actividad lucrativa, traspasarse las acciones para cubrir la fachada de la legalidad o no digamos seguir haciendo negocios desde la dirección del Instituto de las Mujeres y encima amañando contratos.
Pero el "caso Koldo" también está trufado de "cosas que no se deben hacer" y unas cuantas afectan a la entonces esposa del ministro Ábalos. Y esta misma semana hemos publicado que la pareja de Antonio Hernando, número dos del gabinete de Moncloa, se cayó de la web del lobby Acento, que ofrecía sus servicios como consultora, justo en el momento en que desvelamos la relación que su presidente Pepe Blanco mantenía con Koldo.
En realidad, gran parte del modus operandi de esta empresa dedicada a presionar al Gobierno en favor de la OPA del BBVA, de los intereses franceses de Veolia o de la pretensión de los húngaros de quedarse con Talgo constituye un vademécum de esas "cosas que no se deben hacer". Pero su carácter bipartidista, con el exministro Alfonso Alonso forrándose a la vez que su colega del PSOE, la protege del escrutinio público. También ellos tienen "derecho a comer".
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En el pasaje menos desastroso de su vacua comparecencia parlamentaria del miércoles, Sánchez anunció una "Estrategia Nacional de Gobierno Abierto" sin concretar lo que significa. Como tampoco concretó ninguna de sus medidas destinadas a atar corto a los medios, aunque luego María Jesús Montero haya insinuado que su receta para potenciar el "periodismo de calidad" consistirá en incluir el número de "retuits" (sic) en el barrizal manipulable de las redes sociales como criterio de reparto de la publicidad institucional. Cráneos privilegiados.
¿En qué debería consistir esa "Estrategia Nacional de Gobierno Abierto"? Muy sencillo: en convertir esas "cosas que no se deben hacer" en cosas que no se puedan hacer. El minucioso Código Ético del Gobierno que está promoviendo desde la sociedad civil Miriam González podría ser un buen punto de partida.
Si estuvieran en vigor mecanismos de alerta temprana e instancias independientes con capacidad decisoria, ninguno de los escándalos mencionados en este artículo -o el que afecta al hermano del presidente que se aferra a la bella idea de que nada le impide cobrar sin trabajar- habrían podido materializarse.
Por mucho que el Gobierno arremeta impropiamente contra el juez, a Begoña Gómez no le está yendo nada mal en los Juzgados de la Plaza de Castilla. Ningún testimonio parece incriminarla y el vicerrector que supervisaba su actividad ha declarado que sólo cobró quince mil euros al año por los máster -con eso no se enriquece uno- y nada por la cátedra.
"A la esposa del presidente le está yendo fatal en el juzgado de la opinión pública por su falta de transparencia"
Sin embargo, a la esposa del presidente le está yendo fatal en el juzgado de la opinión pública. No porque haya medios que la tengan enfilada con razón o sin ella, sino porque su falta de transparencia deja sin armas a los mucho más numerosos y potentes medios gubernamentales que se afanan en ayudarla como sea y enquista las incógnitas en el relato de quienes tratamos de mantenernos ecuánimes.
Bastaría que concretara qué cantidades ha percibido desde que su marido está en la Moncloa y por qué concepto y que explicara el enredo que la Complutense no ha sido capaz de aclarar sobre la presunta "apropiación indebida" del software y los contenidos de la cátedra. Supongo que un solo folio le bastaría para poner los puntos sobre las íes.
En lugar de eso, el presidente está montando un show de calibre descomunal que comenzó con los cinco días que conmocionaron al mundo, siguió con la pringosa cruzada contra los buñuelos de fango y va a terminar, cómo no, con otra concesión de otro canal de televisión a Prisa. Cada vez que un presidente del PSOE cede a la presión del visitador de turno y le regala una tele a Prisa, puede darse por liquidado. Eso sí que es como el canario en la mina: derrumbe inminente.
En este clima de postrimerías, en el que se lucha a mandoble partido por ocupar cada parcela de poder y no renunciar a ninguna, es en el que se reivindica el "derecho a comer" de las parejas de altos cargos.
No entendido cómo la libre continuidad de una digna actividad profesional, como por cierto sucede con la gran mayoría de las parejas de los miembros del Gobierno y asimilados, sino como el derecho a una tajada del pavo del Día de Acción de Gracias, tan lustroso como el de Norman Rockwell, que cada semana, coincidiendo con los Consejos de Ministros, Sánchez trincha en la Moncloa.
Gracias, Señor, por los alimentos, que la gran familia socialista nos permite que podamos engullir.
