La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, este martes.
Cuando hace un año Pedro Sánchez se proclamó ganador de facto de las elecciones generales, felicitándose porque "somos más", se hizo evidente que el voluntarioso cálculo sólo podría dar lugar a una mayoría extremadamente ajustada que haría muy inestable la legislatura. Hoy se ha evidenciado nuevamente que esa mayoría Frankenstein no sólo es ajustada, sino que es extremadamente frágil.
Junts ha tumbado en un sólo día la reforma de la Ley de Extranjería y la senda de reducción del déficit. Con ello, Carles Puigdemont, el auténtico administrador de la viabilidad de la política española, ha exhibido el poder que detenta sobre Sánchez.
Al votar este martes en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria presentados por el Gobierno, Junts complica el calendario de las cuentas del Ejecutivo y retrasa la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Y ello después de que el adelanto electoral en Cataluña llevara a Moncloa a renunciar a intentar la negociación de los PGE de 2024.
El caso de la Ley de Extranjería no supone un quebranto menor para Sánchez. En lugar de sentarse a pactar con el PP, que exigía una serie de condiciones razonables para apoyar la modificación del marco regulatorio para el reparto de los menas entre las CCAA, Moncloa marginó de la negociación al partido que gobierna once de las diecisiete autonomías. Y optó por confiar en que Junts salvase la votación.
Pero los de Puigdemont, que pretenden que Cataluña quede exenta de la obligación de acoger inmigrantes, han sumado sus votos negativos a los del PP, lo que ha hecho caer la toma en consideración de la ley. Miriam Nogueras ha denunciado que se quiere "abusar de la solidaridad de Cataluña", y ha vuelto a exigir que se complete el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat al que Sánchez se comprometió en enero.
Entonces el Gobierno salvó in extremis la ley ómnibus y el paquete de medidas anticrisis gracias a una nueva y onerosa concesión. Pero no fue capaz de aprobar tras una negociación agónica el decreto de subsidios para el desempleo por culpa del no de sus socios de Podemos.
A aquella derrota parlamentaria se sumó en mayo el rechazo a la admisión a trámite de la proposición de ley contra el proxenetismo, provocada esta vez no por un socio de investidura, sino por su socio de coalición de Sumar. Augurando una nueva escasez de apoyos, el Gobierno optó por retirar el proyecto de Ley del Suelo.
El de este martes ha sido el cuarto revés en la Cámara para el Gobierno en lo que va de año. Para paliarlo, Moncloa prepara un plan B que pasa por recurrir a un nuevo decretazo.
Pero la fórmula del decreto ley, de la que Sánchez ha abusado más que ningún otro presidente pese a que rara vez concurría la "extraordinaria y urgente necesidad" que prevé su utilización, tampoco es garantía, como ha demostrado la experiencia, de que el Ejecutivo pueda vencer esta enrevesada aritmética parlamentaria.
No parece que el veto de Junts en la víspera del viaje de Sánchez a Cataluña pueda desligarse de la reunión que mantendrá hoy el presidente con Pere Aragonès, con objeto de desencallar las negociaciones a fin de que ERC y PSCE lleguen a un acuerdo para investir a Salvador Illa antes de que acabe el plazo para la repetición electoral.
Esta es la manta zamorana (en este caso, catalana) con la que tiene que vérselas Sánchez para hacer prosperar cualquiera de sus planes. Los vetos cruzados hacen que, cuando se cubren las demandas de uno de sus socios, quedan desatendidas las reclamaciones de otra de las piezas de su fantasmagórica "mayoría progresista".
Su palmaria debilidad en el Congreso no sólo ha aflorado en la frustración de sus principales iniciativas, sino también en la pobreza de la producción legislativa bajo su tercer mandato en comparación con el mismo periodo en legislaturas anteriores. Desde el 23-J sólo se han aprobado dos leyes, y una de ellas era la preliminar Ley de Amnistía.
Esta parálisis es el pago por los intereses devengados de la deuda que adquirió Sánchez al comprar su investidura en noviembre, cuya cuota se ve obligado a satisfacer a cada rato para poder mantenerse vivo en el poder.
Hoy ha vuelto a quedar probado que Sánchez ocupa el poder, pero que no puede usarlo. Que hay Gobierno, pero no gobernabilidad. Que hubo investidura, pero no habrá legislatura.