Isabel García, durante la presentación del cuarto Congreso Feminari 2018 en Valencia. EFE
El dinero es de color violeta
El foco ha pasado de la consecución de unos derechos igualitarios a la denuncia de unas discriminaciones y de unas paranoias de peligro que no se corresponden ni con los números ni con los hechos.
El Gobierno destituyó ayer a Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, por hacer negocio con los llamados puntos violeta, “espacios creados y gestionados por Ayuntamientos, entidades u organizadores de eventos multitudinarios en el que las víctimas de violencia machista pueden acudir para ser atendidas, apoyadas y acompañadas”.
En las exclusivas publicadas en este periódico, hemos conocido que juntamente con su pareja, Elisabeth García Busnadiego, en un engrasado García & García, habían recibido al menos 64 adjudicaciones de ayuntamientos gobernados por el PSOE, con contratos adjudicados a dedo, cinco de ellos este mismo año, y algunos "supuestamente amañados". Todo ello con un beneficio cercano a los 250.000 euros. El martes 23 el Consejo de Ministros aprobó el cese de Isabel García y anunció su sustitución por Cristina Hernández.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el pleno del martes. EFE
¡Ah, el dinero público, qué goloso! Mientras los ciudadanos nos desangramos pagando IVAs y rentas asfixiantes, asistimos indignados a estos mangoneos. Es insoportable. Y luego vemos que cuando entidades diversas y partidos políticos reclaman algo parecido a una rebaja fiscal para empresas y contribuyentes, del otro lado de la bancada braman, ungidos de virtud, contra la falta de compromiso con los más desfavorecidos, el déficit de solidaridad y la alergia de algunos a una “redistribución justa”.
¿Acaso no quieren destinar ustedes, egoístas, dinero a la educación y la sanidad?, reprochan. ¿Quién se opone a eso, a ver?
Pero si miras las páginas de los periódicos y las portadas de los medios todos los escándalos tienen relación con el uso fraudulento del dinero público. Del nuestro. No hablamos (aunque podríamos) del funcionario que se lleva folios y bolígrafos, o de aquel trabajador de Sanidad que rapiña para casa vendas, hipodérmicas o unas tijeras. Es que la propia mujer del presidente del Gobierno se metió en el bolso (figuradamente, ¿eh?) un pedazo de software cedido a una universidad por la cara.
"El feminismo político se ha convertido en una cantidad conservada afín a la masa o a la energía: transformable pero irreductible"
Ríete de las cremas de Mercadona de Cifuentes, que por lo menos les robaba a los ricos. Y está, además, la propia señora Sánchez reclamada por la justicia por tráfico de influencias. Incluso su cuñado y hermano del presidente hace la tira de tiempo que lleva cobrando de todos nosotros sin desempeñar ninguna tarea identificable ni acudir al puesto de trabajo. Por no mencionar ese caso que nunca existió, el de los ERE, en el que casi 800 millones de euros se dedicaron a cosas pero que muy distintas a Sanidad o Educación.
¿Cuál es la conclusión aquí? Que recaudan más de lo que necesitan y que donde hay dinero público de sobra hay corrupción. Siempre.
Y si vamos al tema violeta que nos ocupa, donde hay pasta “para asar una vaca” (como tan bien expresaban los padres del exsindicalista Juan Lanzas cuando los ERE), es en este edificio hipertrofiado y laberíntico del Ministerio de Igualdad y sus derivaciones. Ahora ha sido el escándalo de los puntos violeta y del lucro reprobable de una pareja de astutas violetas imperiales. Pero es posible que ni siquiera temieran que fuera a pasarles algo.
El problema es de fondo y dramático: hay tal caos que no hay control. La propia e inefable exsecretaria de Estado para la violencia de género, Ángela Rodríguez Pam, preguntada hace un año y medio por el destino de 80 millones de euros que debería haber tutelado y que se hallaban en paradero desconocido admitía, según recogió la socióloga Ana Monzón en X, que no sabía a dónde han ido a parar porque era “muy complejo para la administración”.
Si buscar 80 millones era complejo, mucho más difícil debe de ser explicar en qué se han invertido los 1.000 millones presupuestados del Pacto de Estado desde 2017 hasta 2022, a los que se sumaron los 200 más que anunció la exministra Irene Montero el pasado 28 de febrero de 2023. No existe ningún informe global que recoja toda la información sobre la inversión de estos fondos, y solo se puede contar con informes parciales con datos insuficientes para tener un mapa topológico medio claro.
Es la locura de los objetivos inconcretos (y, a veces, imposibles) unida a una apetitosa masa de dinero mal revisado. Encima, cuanto más se invierte, peor vamos.
Parafraseando a Coleman Hugues, parece como si cada mejora en las injusticias contra la mujer se encontrara con una expansión proporcional de la definición del concepto. Así, el feminismo político se ha convertido en una cantidad conservada afín a la masa o a la energía: transformable pero irreductible. Es el feminismo como industria. El foco ha pasado de la consecución de unos derechos igualitarios a la denuncia de unas discriminaciones y de unas paranoias de peligro que no se corresponden ni con los números ni con los hechos.
España sigue siendo uno de los mejores países del mundo para ser mujer. ¿Para qué tanto dinero?
*** Teresa Giménez Barbat es escritora, antropóloga y exeurodiputada.
