El informe remitido por el Ministerio de Interior al juez Pablo Llarena demuestra que el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska prescindió del Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, una de las mejores unidades europeas en esta materia, cuando supo que Carles Puigdemont tenía intención de venir a España.

Interior dejó así completamente en manos de los Mossos el dispositivo diseñado para la detención del expresidente autonómico catalán, aunque sí les ofreció a estos, sólo en el caso de que así lo solicitaran, la ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 

Sólo tras la fuga de Puigdemont, y cuando los Mossos ya le habían perdido la pista al fugitivo, activó Interior su propio dispositivo. Lo hizo a través del jefe superior de Policía y del general jefe de Zona de la Guardia Civil, a los que pidió activar "los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos" para localizar y detener al expresidente.

La inacción del Ministerio del Interior, que ha llegado a calificar a los Mossos de "policía integral" cuando ni lo son ni están configurados como tales en el propio Estatuto de autonomía de Cataluña, rivaliza por tanto con la chocante pasividad de la propia policía catalana, cuyas grotescas excusas ya merecieron un editorial anterior de EL ESPAÑOL. 

La dejadez del Ministerio del Interior contrasta con la vehemencia con la que el Gobierno ha arremetido contra el Tribunal Supremo después de que Jordi Turull, secretario general de Junts, afirmara este lunes que "el Gobierno tiene mecanismos para actuar jurídicamente contra aquellos jueces que han decidido no aplicar la ley". 

La exigencia de Turull, pues no de otra manera pueden entenderse sus palabras, ha sido de inmediato obedecida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha afirmado este martes que "los tribunales no pueden extralimitarse en su interpretación de la amnistía". Luego, Puente ha dicho que "no hay por dónde coger la acusación de que hubo quien se enriqueció en el procés con la malversación". 

El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, también ha criticado al Tribunal Supremo, aunque de forma indirecta, cuando ha afirmado que "la discrepancia" del Gobierno con la interpretación de la ley de amnistía que han hecho los jueces "es compartida por todas las partes del procedimiento, excepto Vox". 

La aplicabilidad o no de la amnistía al caso de Puigdemont es un debate jurídico legítimo y que no tiene por qué esquivarse en una sociedad democrática como la nuestra.

Pero el Gobierno, que repite una y otra vez el cliché del respeto a las decisiones judiciales para criticarlas de forma sistemática después, debería evitar que sus declaraciones públicas cruzaran la línea que separa la opinión, por otro lado llamativamente coincidente con sus intereses partidistas, de las presiones a la Justicia. Especialmente a la vista de su también llamativa pasividad durante la búsqueda y captura de Carles Puigdemont.