Alberto Núñez Feijóo ha pedido perdón hoy martes a los españoles por el error de su partido al votar afirmativamente una reforma legal que sacará a la calle a decenas de presos etarras. El error, que también cometió Vox, se produjo después de que el PSOE añadiera a la trasposición de una directiva europea una disposición adicional no relacionada con esta y que permitirá la excarcelación de 44 presos de ETA, entre ellos los asesinos de Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica. 

Feijóo se ha comprometido a trabajar para paliar las consecuencias de su error, aunque parece difícil que ese esfuerzo vaya a ir mucho más allá del voluntarismo dado que cualquier rectificación futura necesitaría del apoyo del PSOE, que es el primer interesado en la excarcelación de los terroristas a cambio del apoyo en el Congreso de EH Bildu.

El PP también ha anunciado que no tomará medidas contra los responsables del error. Pero los tres ponentes populares en la Comisión de Justicia deben ser sancionados con la mayor contundencia que permitan los estatutos del grupo parlamentario. La ineptitud que han demostrado no queda resarcida con la mera petición pública de disculpas de Feijóo. Aunque loable, no atempera la responsabilidad del PP en la aprobación de una medida que tendrá consecuencias devastadoras.

Porque el PP ha votado no una, sino dos veces la reforma, y porque la Asociación de Víctimas del Terrorismo ya advirtió en 2022 que dicho cambio legislativo comportaría la reducción de penas de asesinos como Txapote, cuya condena finalizaba en 2031, pero que será puesto en libertad seis años antes de lo previsto.

Frente a un error de este tipo resulta difícil no caer en la demagogia de preguntarse cuál es la función de los 137 diputados del PP y sus más de cien asesores contratados como personal eventual en el Congreso y el Senado, más allá de votar en el sentido determinado por su jefe de filas.

La conversión de los diputados y los senadores en meros 'aprietabotones' es, además, una de las consecuencias más evidentes de la laminación de ese artículo 67.2 de la Constitución que dice que los miembros de las Cortes Generales "no estarán ligados por mandato imperativo".

Devolver a los diputados la propiedad de su voto, es decir, hacerles responsables de sus errores, redundaría sin duda alguna en una sensible mejora de la calidad de nuestra democracia.

Hay que recordar, en cualquier caso, que aunque el PP hubiera votado de otra manera, el resultado habría sido exactamente el mismo.

Por eso, el árbol del inexplicable error del PP no puede ocultar el bosque de la escandalosa maniobra de un PSOE que ha sumado a un fondo inaceptable, la aprobación de una reforma destinada a excarcelar terroristas a cambio de la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, unas formas lamentables. Formas concretadas en la inclusión tramposa de una disposición adicional no relacionada con el objeto principal de la trasposición votada. 

La foto final de lo ocurrido a lo largo de las últimas horas en las Cortes Generales arroja una foto poco esperanzadora para los españoles, arrinconados entre la espada de unos diputados negligentes y la pared de una mayoría gubernamental dispuesta a literalmente cualquier cosa, incluida la excarcelación de etarras, para impedir o retrasar hasta el límite de lo tolerable en democracia la alternancia en las urnas.