Ayuso ha hecho lo correcto al rechazar reunirse este próximo viernes en la Moncloa con el presidente del Gobierno. Pero sólo por uno de los dos motivos que cita en su comunicado de este lunes. 

En dicho comunicado, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice declinar la visita porque esta se celebra "en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común con sus socios independentistas".

En segundo lugar, Ayuso cita el deterioro institucional provocado por el Gobierno. Un deterioro ejemplificado en las difamaciones que el presidente del Gobierno ha vertido sobre ella durante los últimos días y meses, acusándola de corrupta.

"El presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados. Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas, en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior", dice el comunicado de Sol.

Esa campaña existe, y el PSOE falta por tanto a la verdad cuando afirma que "el presidente del Gobierno no ha difamado a nadie, sólo ha recordado los delitos fiscales cometidos por su pareja, delitos que esa misma persona ha confesado".

La afirmación del Gobierno es falsa. Porque el presidente sí ha insinuado la complicidad de la presidenta en dos casos de corrupción.

El primero, el presunto cobro ilegal de comisiones por parte de su hermano durante la pandemia. Un caso que fue archivado tanto por la Fiscalía Anticorrupción española como por la europea, y que sólo sigue vivo en la propaganda del Gobierno.   

El segundo, el de su pareja, al que Pedro Sánchez ha llamado "delincuente confeso", olvidando que el reconocimiento de un delito en el marco de un acuerdo de conformidad es habitual como método de defensa en los litigios con la Agencia Tributaria, sin que eso convierta a nadie de forma automática en "delincuente", una condición que únicamente puede determinar un juez.

Pero se equivoca Ayuso cuando dice rechazar la reunión con Sánchez por el pacto de Sánchez con los independentistas para la concesión de un concierto fiscal. 

Este diario se ha manifestado de forma muy clara en contra de la concesión de ese concierto con argumentos muy similares a los esgrimidos por la Comunidad de Madrid. Pero precisamente es durante una reunión con el presidente del Gobierno cuando la presidenta madrileña mejor podría haber defendido su postura contraria a ese pacto. De la misma forma que lo han hecho el resto de sus homólogos populares, que han acudido a las reuniones con Sánchez para exponerle sus discrepancias con el cupo catalán y tratar de obtener el mejor arreglo tributario para sus respectivas comunidades.

Aun cuando Ayuso ha roto en este punto la acción coordinada del resto de barones del PP, su partido se ha mostrado comprensivo con su decisión. Génova ha defendido este lunes que el PP "no es monolítico", y ha justificado el portazo de la presidenta a la vista de que ha sido calumniada por Sánchez. Aunque Borja Sémper ha matizado que, aunque la negativa a asistir es "razonable", él "hubiera ido a esa reunión".

No le falta razón a Sémper al argumentar que es importante esforzarse por "preservar la institucionalidad". Porque la perdida del sentido institucional por parte de los partidos españoles es una de las causas del encanallamiento del clima político en nuestro país. Pero la responsabilidad es mayor en el caso del Gobierno. 

Un Gobierno que ha colocado a Ayuso en una posición imposible: escoger entre la espada, acudir a una reunión con el presidente que la ha difamado, acusado de corrupción y exigido su dimisión; o rechazar esa reunión y ser acusada de deslealtad institucional. ¿Qué opción le quedaba entonces a la presidenta?

Es de justicia admitir, en cualquier caso, que Ayuso ha explotado y exacerbado igualmente el antagonismo con Sánchez, en ocasiones con calificativos gruesos. El PSOE ha difundido este lunes un documento con una lista de algunos de ellos, empezando por el célebre "me gusta la fruta", como si ello justificara la campaña difamatoria contra la presidenta.

Pero que Ayuso haya proferido "insultos" como "caradura", "estafador" o "matón" puede considerarse en todo caso una extralimitación sujeta a reproche político. Algo muy distinto de lo que ha hecho el Gobierno al imputarle indirectamente un delito, lo cual puede ser constitutivo en sí mismo de reproche penal.

El Gobierno ve "gravísimo" que Ayuso rehúse el encuentro, al entender que "no es capaz de mantener un mínimo de respeto institucional". Pero es al Ejecutivo al que le corresponde más que a nadie extremar el cuidado de las formas.

Y es evidente que durante los últimos días esas formas han sido obviadas en beneficio de una campaña difamatoria contra Isabel Díaz Ayuso, como se habían obviado cuando se atacó también a la prensa, a los jueces o la oposición con formas que antes parecían patrimonio exclusivo de los partidos más extremistas del Congreso de los Diputados.