Después de que Alberto Núñez Feijóo lograra este martes convencer al Partido Popular Europeo (PPE) para paralizar el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, el PP ha puesto como precondición para volver a tomar en consideración su candidatura que la socialista dé explicaciones en el Congreso por su gestión de la Dana.

También, que se comprometa a dimitir si es imputada por su papel en el desastre, del que Ribera fue la máxima responsable a juicio del PP.

Es razonable que los populares se resistan a dar el visto bueno a una candidata que ha eludido rendir cuentas por el papel que le corresponde en las riadas de Valencia como ministra de Transición Ecológica.

Y es cierto que Ribera nos habría ahorrado este embrollo si hubiera dimitido de sus responsabilidades en el Gobierno de España cuando fue designada candidata para la vicepresidencia europea, en lugar de mantener su puesto en el Consejo de Ministros como 'seguro' en caso de no salir elegida. 

Pero ya es tarde también para que el PP exija retirar la candidatura de Ribera y empuje por una alternativa, como parece estar haciendo al dejar caer el nombre de Luis Planas. Ribera no comparecerá en el Congreso de los Diputados hasta el día 20, lo cual retrasaría la decisión del PPE hasta finales de noviembre.

Lo deseable sería que el próximo 1 de diciembre la nueva Comisión Europea estuviera ya plenamente conformada y a punto para comenzar a trabajar. Máxime teniendo en cuenta el contexto global. 

Donald Trump no está perdiendo el tiempo como el Ejecutivo comunitario, y ya está realizando nombramientos para las carteras del Gobierno americano. Entre ellas, las de quienes se encargarán de la diplomacia. Los perfiles designados permiten anticipar que Estados Unidos pretende desentenderse de la suerte de Ucrania cuanto antes.

Al mismo tiempo, Putin prepara su ofensiva final sobre Ucrania para recuperar Kursk y así reforzar su posición con vistas a unas eventuales negociaciones que pudiera precipitar la pax americana avizorada por Trump.

La coyuntura es por tanto lo suficientemente apremiante como para que el Gobierno comunitario no tenga que estar pendiente de la división que PP y PSOE están trasladando a las instituciones europeas.

Por lo pronto, la Comisión Europea está condenada a la parálisis hasta que Teresa Ribera intervenga en el Parlamento español.

La situación podría empantanarse aún más si los eurodiputados del PSOE cumplen su amenaza de tumbar todos los comisarios de Ursula von der Leyen como represalia si el PP veta a Ribera.

En el caso de una ruptura entre las dos principales fuerzas de la Eurocámara, la única mayoría que los populares podrían muñir sería una suma con los grupos de la ultraderecha. Lo cual sería un suicidio a la luz de la posición prorrusa de algunos de sus partidos y la amenaza de derrota que se cierne sobre Ucrania.

El PP no debería por tanto hacer de la oposición a Ribera un casus belli, contribuyendo así al bloqueo de la acción ejecutiva europea en un contexto en el que esta resulta crucial.

Es evidente que Sánchez se va a ceñir a su modus operandi de ejecutar su voluntad forzosamente. Pero eso no puede conducir al PP a encastillarse. Tendrá por tanto que recurrir a un plan B: un pacto de Estado con el PSOE en España que pueda transponerse a Europa.

La única vía que no conduce a un callejón sin salida es consensuar un relato que resulte aceptable para ambos sobre las respectivas responsabilidades en los fallos de gestión de la Dana. Lo cual pasa por reconocer, en primer lugar, que las dos administraciones implicadas (la central socialista y la autonómica popular) tienen una parte alícuota en el desaguisado valenciano.

Después deberán acordar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Y, por último, nombrar una comisión independiente que investigue lo sucedido a lo largo de la semana de la catástrofe para depurar las responsabilidades oportunas.