El próximo miércoles, Teresa Ribera dará explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre su responsabilidad en la prevención y la detección de la riada que ha arrasado la comarca de L'Horta Sud en Valencia. La comparecencia es además el requisito que ha exigido el Partido Popular Europeo para volver a evaluar la candidatura de Ribera a la Vicepresidencia de la Comisión Europea.

La ministra está obligada a aclarar lo sucedido el pasado 29 de septiembre en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), por su condición de ministra de Transición Ecológica. Cartera de la que depende el organismo que supervisa las cuencas concernidas en la devastadora DANA que ha causado, por el momento, 216 víctimas mortales.

Como revela hoy EL ESPAÑOL, la CHJ incumplió hasta en quince ocasiones la obligación de enviar avisos a los servicios de Emergencias que exige su protocolo durante la hora clave de la crecida del barranco del Poyo.

De modo que al Gobierno central ya no puede reprochársele únicamente que Ribera paralizase en 2021 las obras previstas para la adecuación, encauzamiento y drenaje de la rambla, que la CHJ consideraba "prioritarias" para reducir el riesgo de inundabilidad de la zona de la catástrofe.

También tiene que rendir cuentas por el hecho de que los técnicos de la CHJ tardaran hora y media en avisar a Emergencias de que el caudal del Poyo superaba el umbral de 150 metros cúbicos por segundo. Cualquier subida por encima de este nivel les obliga a informar inmediatamente a los servicios de Emergencia.

A la luz de esta nueva información, queda en entredicho la versión que dio Ribera en su hearing del pasado martes, cuando alegó que "[los avisos] se emitieron en tiempo adecuado", pero que "las autoridades locales no los siguieron".

El relato que está tratando de afianzar el Gobierno es que Carlos Mazón "no se tomó en serio" las advertencias de la Aemet y el CHJ, y que por eso no envió la alerta telefónica hasta pasadas las ocho de la tarde.

Pero teniendo en cuenta que a partir de las 16:13 horas la Confederación dejó de comunicar en sus correos a la Generalitat el estado del caudal del Poyo, sencillamente no podía haberse emitido la alerta de Emergencias mucho antes. Que además se envió por otro motivo: el riesgo de la rotura de la presa de Forata, en la que la CHJ había centrado su atención al remitir únicamente comunicaciones en tiempo y forma sobre el caudal del Magro.

No fue hasta las 18:46 que el organismo dependiente del Ministerio de Ribera avisó al Comité de Emergencias de que el Poyo estaba multiplicando por 100 su caudal. Cuando además ya hacía tres minutos que el desbordamiento estaba causando estragos en poblaciones como Paiporta.

Ribera podrá escudarse en que la Confederación informa en tiempo real de los caudales, con medidores que se actualizan cada cinco minutos en su página web. Pero no puede negar que la CHJ no logró transmitir hasta que fue demasiado tarde la sensación de riesgo acorde a la magnitud de la amenaza. Tanto es así que la ministra llamó a Mazón después de que la rambla del Poyo se hubiera desbordado.

Ya no se trata por tanto de un juicio de valor partidista sobre la competencia de un determinado líder político. Estamos ante la primera prueba objetivable de una negligencia de un organismo público. Y por ella tendrá que responder Ribera ante los ciudadanos.