(Partido) Popular confisca (Banco) Popular

El revés político al gobierno de Rajoy que supone la censura del Tribunal Constitucional a la amnistía fiscal de 2012 ha reducido aún más la poca atención que se estaba prestando al grave episodio del Banco Popular que había llegado a su cénit solo un día antes. Casi nadie se atrevía a criticar una operación que se había saldado sin intervención del dinero del contribuyente. Gobierno y oposición coincidían así en olvidar que nuestro Estado de derecho no solo se fragiliza al despilfarrar caudales públicos sino también cuando la supervisión falla y se desprotege la propiedad privada. Quizá también los partidos tenían muy presente que esta entidad ha concedido numerosos créditos a las formaciones políticas.

El Banco Popular cerró el martes con un valor de 0,32 € por acción, la cuarta parte que hace un año y la mitad que hace una semana. Su cúpula, renovada hace apenas tres meses, heredera de una gestión catastrófica, no había sabido contener las dudas sobre su futuro que en las últimas semanas habían producido un notable ruido mediático. La confianza –que es el cemento del negocio bancario– había empezado a evaporarse en algunos de sus clientes, que retiraron sus depósitos. Se supone que este miércoles, las sucursales no habrían podido atender nuevas peticiones de efectivo en ese número, y por esta razón durante la noche del martes se decidió activar por primera vez en Europa el mecanismo de resolución (lo que se suele llamar “rescate”) previsto por la reciente normativa europea sobre unión bancaria. Más de 300.000 accionistas y la mayoría de los bonistas perdieron toda su inversión y la entidad se entregó al Banco Santander que deberá realizar una ampliación de capital de 7.000 millones de euros. Muchos elementos de esta historia demuestran la pasividad y es probable que la complicidad de las autoridades españolas y europeas en este episodio.

Tener pérdidas no significa el colapso de la empresa, pero la insolvencia sí implica el principio del fin para un banco

Recordemos antes algunas nociones financieras básicas. Para poder decir que una empresa va bien debe tener resultados positivos en tres ámbitos: ganancias (más ingresos que gastos en un periodo dado), solvencia (más activos que pasivo) y liquidez (poder ir atendiendo a las necesidades de tesorería en cada momento). Tener pérdidas en un determinado año no lleva necesariamente al colapso si la empresa puede tirar de sus ahorros. La insolvencia sí significa en principio el fin de la empresa, al tener un valor negativo (menos bienes y derechos que obligaciones que atender). A un banco se le exige además contar un mínimo de capital para poder operar.

La falta de liquidez puede también acabar con una empresa ya sea porque tenga que dejar de pasar oportunidades, por dañarse su reputación o por exponerse a demandas de sus acreedores. Pero muchas veces es un bache temporal que logra ser superado. Sin embargo, para un banco, la liquidez sí es totalmente crítica, ya que su razón de ser se encuentra precisamente en su capacidad para mover el dinero.

Aunque la cotización del Popular había caído, otros títulos sufren esos vaivenes sin que al día siguiente quiebren

Relacionado con la liquidez y la solvencia, el relato presentado para justificar la resolución del Popular no encaja del todo. El Banco Central Europeo está obligado a incluir en sus subastas para prestar efectivo a cualquier banco de la eurozona mientras sea solvente. O el Popular era solvente y entonces es falso que no pudiera abrir el miércoles porque podría haber obtenido liquidez del Banco Central Europeo, o bien el Popular no era solvente (al atribuirse un menor valor a sus activos tóxicos u otras razones) y entonces no resulta creíble que solo se detectara esa misma noche.

La normativa europea prevé que lo recibido por los accionistas a través de una resolución de este tipo no debe ser menor que lo que habrían obtenido en un procedimiento concursal. La cotización del Banco Popular había caído sensiblemente pero otros títulos sufren a veces vaivenes de esa magnitud sin que signifique que al cabo de solo un día más vayan a perder todo su valor, que en este caso era de 1.300 millones de euros de capitalización bursátil, además de 2.100 millones en bonos y 700 en deuda subordinada que también se anularon.

Aunque las autoridades no atajasen la crisis de desconfianza, sí habían segudido la evolución para ver si era justificada

Resulta así sospechosa de parcialidad y ligereza la valoración de un “experto independiente” (cuya identidad no figura en el expediente publicado) solicitada por la agencia europea llamada Junta Única de Resolución, que oportunamente fijó el martes por la noche el valor del banco entre 2.000 millones de euros negativos (escenario central) y 8.200 millones de euros negativos (escenario “más estresado”). Se trata además de una valoración “provisional”, una figura recogida en el reglamento europeo para cuando lo requiere la urgencia del caso, que implica unos métodos de cálculo más someros y que obliga a incluir “un colchón para pérdidas adicionales”.

Aunque las autoridades no hubieran realizado declaraciones para intentar atajar la espiral de desconfianza sobre el Popular, resulta indudable que llevaban semanas siguiendo con atención la evolución para ver si era justificada. No resulta pues creíble –pues sería muy irresponsable– que, si a la vista del comportamiento del mercado les habían surgido dudas sobre la necesidad de revisar a la baja el valor de ciertos activos tóxicos, sólo fuera en las precarias condiciones de una valoración provisional cuando las autoridades de supervisión decidieran cuestionar su propia estimación reciente de los test de estrés.

El escenario central supone que se les concedió menos que lo que podrían haber esperado en un procedimiento concursal

Incluso así, el escenario central (el más probable) era, como hemos indicado, de dos mil millones de euros negativos, y eso incluyendo ya el colchón adicional al que obliga la valoración provisional. Esta cifra de “patrimonio negativo” es menor a los 4.100 millones de euros –a precio de mercado del mismo martes (en valor nominal era más)– se obligó a perder a los accionistas y bonistas. Es decir que, aunque las autoridades quisieran curarse en salud tomando medidas considerado el riesgo de la hipótesis más estresada, el escenario central supone que se les concedió menos que lo que podrían haber esperado en un procedimiento concursal (donde habrían tenido que perder 2.000 y no 4.100 millones de euros).

Nos encontramos por lo tanto en una situación de confiscación respecto a un valor de la empresa que estaba aún lejos de ser 0 y que no podía asumirse fuera llegar necesariamente a tal a la vista de sus propios datos. Debe criticarse también que el establecimiento de este justiprecio se ha realizado de manera además no contradictoria. Tampoco parece que se atendieran todos los plazos del procedimiento en que los distintos países implicados en el mecanismo de resolución deben poder expresar su posición (muy breves –de horas– pero no da tiempo a cumplirlos todos en una noche, ya que está más bien pensado para resolver estas situaciones a lo largo de un fin de semana).

¿Por qué un gran banco iba a comprar las acciones por 1.300 millones cuando se lo ofrecerían por un euro?

Se trataba pues a lo sumo de una situación límite, donde quizá los accionistas sí debían sufrir la pérdida del valor de inversión pero no los bonistas, y donde se podía haber recurrido a medidas menos drásticas previstas en el mecanismo de resolución como era la venta parcial de activos (que el Popular tuviera dificultades de liquidez no quita que tenga un importante valor por ejemplo en bienes inmuebles, incluidas sus propias sucursales), la separación de activos tóxicos, etc. Además, sin recurrir a los recursos públicos sí era posible considerar el contar con la dotación (constituida de aportes obligatorios realizados por los bancos) de la propia Junta Única de Resolución.

No ocurrió así. Se decidió el bail-in (anulación del capital) y la posterior venta en un supuesto “precio competitivo”, del que todo lo que consta como expediente público es indicar que se le atribuyó al Banco de Santander por un euro simbólico. Cierto es que habían fracasado en las semanas anteriores otras soluciones como otra ampliación de capital (había una muy reciente y con mal comportamiento en el mercado) o la compra del banco por otra entidad. Y quizá en esto último está el gran problema de diseño del mecanismo. Nos encontramos en un mercado oligopolista donde los too big to fail (demasiado grandes para caer) son además los big enough to buy others (lo suficientemente grandes para comprar a otros). ¿Por qué alguno de los grandes bancos iba a comprar las acciones ni siquiera por “solo” 1.300 millones de euros cuando era previsible que al cabo de unas semanas las autoridades –atenazadas por el desprestigio de utilizar dinero público– se lo acabarían ofreciendo por un euro sin deber nada a los antiguos accionistas? ¿Por qué además solo se plantean esta operación un par de grandes bancos españoles cuando estamos en un mercado europeo? Resulta evidente que se trata de operaciones donde el concepto de competencia abierta es una ficción y que se resuelven negociando directamente el ejecutivo con alguno de sus bancos “de confianza”. Además, cada vez que ocurra esto, la excesiva concentración será cada vez mayor, cuando nos encontramos ya en España con que una sola entidad controla el 20% del negocio bancario.

Los poderes públicos incurrieron en dejación de sus funciones del deber de proteger a esos propietarios confiscados

La presidenta del Santander no dudó en afirmar que los antiguos accionistas no tienen ninguna opción de recuperar su inversión y las autoridades en absoluto cuestionaron esta versión. Los poderes públicos hicieron pues dejación del deber de proteger a esos propietarios confiscados al menos recordándoles la posibilidad de ejercer sus derechos; en su lugar, se elogiaron por proteger a los depositantes (como si eso impidiera atender también a los accionistas) y publicaron notas de prensa en todo similares a las que pudieron escribir los servicios comerciales del Santander. Tampoco la cúpula saliente del Popular –que recibirá una cuantiosa indemnización por su salida– hizo nada a estas alturas (antes probablemente sí) por defender a los accionistas a los que debía su puesto. Esperemos que sí llegue a haber una restitución por los tribunales, aunque partirán de una notable desigualdad de armas (ninguno de los grandes despachos se ha interesado por su defensa –que supone ir en contra del Santander– y parece que solo se atreverá uno de los medianos, Cremades).

Alineando las secuencias de este thriller da la sensación de que para llegar al escenario de compra aceptable por un euro por parte de otra entidad se contó con la connivencia de las diversas instituciones: el Banco Central Europeo, el Banco de España, la Junta Única de Supervisión, el FROB… Y, por supuesto, el gobierno español del Partido Popular, ya que aunque el FROB es formalmente independiente del mismo en su funcionamiento (aunque la mayoría de su consejo rector es nombrada por el ejecutivo), es notorio que la operación ha sido esencialmente debatida entre el ministro de economía, Luis de Guindos, y la presidente del Santander, Ana Patricia Botín.

No puede haber mejor muleta para el populismo que favorecer el capitalismo de las élites frente al capitalismo popular

Cabe temer pues que las autoridades no intervinieron antes, pese a que habrían evitado que el Popular degradase más su liquidez, porque el valor de mercado aún era alto y era mejor que empezara a acelerar su caída para que fuera creíble el relato de que estaba abocado a la quiebra. Después de haberse desangrado el paciente lo suficiente como para no poder quejarse de que se quedaran con sus pertenencias, se pudo dejar a merced de quien oportunamente le hará una transfusión, pero obtiene toda la cartera de clientes y otras ventajas sin necesidad de pagar nada a los antiguos propietarios.

En definitiva, aun sin intervenir dinero público, nos encontramos ante un nuevo fracaso en la importante función de supervisión de los poderes públicos y de la complicidad con ciertas élites privadas a costa de los pequeños accionistas. Y aunque no cabe duda que la amnistía fiscal supone un fracaso político aún más grave al incidir de manera tan directa en la igualdad ante la ley y la contribución de todos a sufragar el gasto público, es importante no dejar de denunciar la irresponsabilidad y la injusticia que resulta de la confiscación del Banco Popular. Difícilmente puede haber mejor muleta para el populismo que favorecer el capitalismo de las élites frente al capitalismo popular de los pequeños inversores. Quizá Montoro no va a tener que preocuparse por si sale del gobierno antes que de Guindos.

*** Víctor Gómez Frías es consejero de EL ESPAÑOL.