La corrupción, el 'procés' y el banco de los Pujol en Andorra

El procés per la independència es la búsqueda, cada vez más desesperada, de la impunidad de una parte de la clase política catalana para no responder por sus delitos. Buena parte de esos delitos eran económicos, e incluso en la última fase de esta locura sigue habiendo presuntos delitos económicos, fundamentalmente malversación de caudales públicos. Por esa razón, para comprender las causas de la situación en Cataluña es imprescindible seguir el rastro del dinero.

El origen primero de todo esto se remonta al caso Banco Catalana. En él, Jordi Pujol salió absuelto envolviéndose en la bandera catalana. Muchos años después, confesó que había evadido dinero al Fisco. Ya entonces, en agosto de 2014, advertí que el punto clave era el eventual delito de blanqueo de capitales, y que la culminación del procés per la independència llevaría a la impunidad.

La opacidad total es la garantía de la impunidad absoluta. En los agujeros negros la fuerza de la gravedad impide que la luz escape, y su interior es un misterio. Los paraísos fiscales son los agujeros negros del sistema financiero, y están asociados no sólo al fraude fiscal sino también a la corrupción. Detrás de los casos de corrupción menores siempre hay billetes de 500 euros, lo famosos Bin Laden, de los que todos hablan pero que nadie ha visto. Detrás de los grandes casos de corrupción siempre aparece un paraíso fiscal.

En el caso de la corrupción política en Cataluña el paraíso fiscal que suele aparecer es Andorra. Esto no resulta sorprendente porque el paraíso fiscal que se suele utilizar, por lo menos en primera instancia, es el más cercano. Evidentemente resulta más sencillo llevar el dinero desde Barcelona a Andorra que a las islas Cayman. Lo que quizás resulta más sorprendente, o no, es que el paraíso fiscal que ha recibido mejor trato de los gobiernos del PSOE y el PP haya sido precisamente Andorra.

Hace algún tiempo, el ahora candidato del PSC, y ex eurodiputado de Podemos, el antiguo fiscal jefe de Cataluña, Jiménez Villarejo, admitía que los fiscales generales que nombró el PSOE le prohibieron investigar a Pujol. Posteriormente, en 2010 la Comisión Ejecutiva del Banco de España nombrada también por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero autorizaba la compra de un banco español por parte del Banco Privado de Andorra (BPA). Este banco no sólo tenía su sede en un paraíso fiscal, Andorra, sino que era el banco al que la familia Pujol había transferido, según las investigaciones, ese mismo año su fortuna.

Recientemente se ha publicado que en ese banco, BPA, había nada menos que 2.000 millones de euros ocultos de ex ministros chavistas de Venezuela. De hecho, la autoridad anti blanqueo norteamericana, la FinCen, denunció hace años que BPA era una preocupación mundial en cuanto al blanqueo de capitales.

Cuando pregunté por estos hechos en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera que ahora está abierta en el Congreso -a propuesta de Ciudadanos, por cierto- la realidad es que no tuve mucha suerte. Así, el anterior gobernador socialista del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez no quiso contestarme.

Posteriormente, el ex subgobernador Aríztegui explicó que autorizaron la operación porque en su opinión se habían cubierto todos los problemas, y “posteriormente, se aprueba que un banco andorrano, no sé cuál, ya no me acuerdo, adquiera el Banco Madrid”, por lo que “no se hizo de forma indocumentada”. Cuando le pregunté si a la vista de que el banco tuvo que ser liquidado en 2015, y que curiosamente era el banco que utilizó la familia Pujol, el ex subgobernador se limitó a manifestarme que no quería manifestar nada en relación a hechos posteriores al 15 de junio de 2012, fecha en la que dejó de ser subgobernador.

La contestación completa consta en el Diario de sesiones, pero no aclara gran cosa, ni de esta cuestión andorrana y su conexión catalana, ni tampoco de la salida a Bolsa de Bankia, respecto de la cual pidió amparo a la presidenta, porque no se sentía “cómodo” con mis preguntas, dado que el caso estaba judicializado. En fin, menos contestó Fernández Ordóñez y todavía menos Elke König sobre el Popular. Hay dirigentes sumamente parlanchines sobre los temas más diversos que tienen luego graves problemas para contestar las cuestiones más elementales de su competencia ante la sede de la soberanía nacional.

Si resulta problemático que una empresa, y aún más un banco, tenga filiales en un paraíso fiscal, la situación inversa es muy peligrosa y absolutamente insólita. De hecho, no hay precedentes de que bancos radicados en paraísos fiscales tengan filiales en España. Esto no se arregla sacando de la lista al territorio mediante la firma de un convenio de doble imposición. Así, el Gobierno de Zapatero sacó a Panamá de la lista española de paraísos fiscales, suscribiendo un convenio.

Luego, los papeles de Panamá, e incluso la lista europea han demostrado que Panamá no cumple con las obligaciones de información con las Administraciones Fiscales Europeas, y tampoco con España. En el acuerdo de investidura de Rajoy, el PP se comprometió con Ciudadanos, y con los españoles, a que los territorios que no cooperasen volverían a estar en la lista de paraísos. Como tantos otros, es un compromiso pendiente.

Precisamente, Rajoy y Montoro sacaron definitivamente de la lista a Andorra, desplazándose personalmente hasta Andorra La Vella para firmar el convenio para evitar la doble imposición entre España y Andorra el 8 de enero de 2015. Habrá que ver si el intercambio de información establecido se cumple, y merece la pena haber sacado a Andorra de la lista.

En fin, el pasado mes de junio de este año, la familia Pujol se vio beneficiada por una consulta de la Dirección General de Tributos, del Ministerio de Hacienda de Montoro, que rebajaba las sanciones por presentar fuera de plazo la declaración de bienes en el extranjero, una rebaja millonaria en su caso. Posteriormente, Jordi Pujol votaba en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Hace dos semanas, la familia Pujol anunciaba que iba a demandar a Albert Rivera porque se había hecho eco de las informaciones de los medios de comunicación que relacionaban a Jordi Pujol y a su familia con la corrupción y con el tres per cent.

En Ciudadanos, no nos callarán y seguiremos investigando. Hay otros partidos, como el PP o ERC, que pactaron con la antigua Convergéncia -hoy lista del fugado Puigdemont- sin exigir ninguna medida anticorrupción. Otros, como el PSOE, nombraron fiscales generales que ordenaron no investigar tampoco la presunta corrupción de los Pujol.

En esos años se tomaron decisiones inexplicadas, inexplicables o que se explican demasiado bien, como autorizar la compra de un banco español al BPA, al que entonces era el banco de la familia Pujol. Son temas que sólo ha denunciado Ciudadanos, el partido del voto útil pasado mañana para acabar con el procés y luchar contra la corrupción en Cataluña, y en toda España.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos e inspector de Hacienda.