El conflicto catalán desde el espejo venezolano

La democracia es el sistema político en el que todos los poderes tienen límites, incluyendo el poder de las mayorías. Es por eso que cuando una mayoría electoral elige una autoridad, esta debe ejercer sus funciones respetando un marco legal preexistente. Por muy legítimo que sea un alcalde, un gobernador o incluso un presidente o jefe de Estado, solo pueden hacer lo que la ley les permite y nada más. Y es que en democracia decide la mayoría pero respetando los derechos de las minorías, y esto solo se logra colocando un ordenamiento jurídico por encima de las decisiones populares y ajeno a la dinámica, siempre cambiante, entre mayorías y minorías.

El principio de supremacía constitucional es parte esencial de una democracia. Nada puede estar por encima de la Constitución, ni siquiera una mayoría electoral eventual. Romper con este criterio es el principio del fin de cualquier democracia, como aprendimos en Venezuela cuando Hugo Chávez convocó por decreto un proceso constituyente que no estaba previsto en la Carta Magna del momento. El método fue justamente la realización de un referéndum consultivo a partir del cual se derogó la Constitución y se eliminaron los poderes públicos, para crear desde cero todo un nuevo texto constitucional con nuevas instituciones.

El argumento lucía bastante democrático para los incautos: la soberanía reside en el pueblo, por lo que una decisión mayoritaria podía cambiar la Constitución, refundar la República y hasta cambiarle el nombre al país. Nada que Rousseau no haya imaginado antes. Por primera vez en Venezuela la mayoría electoral de turno no tenía límites y estaba por encima de la Constitución. De esa manera los venezolanos le decíamos adiós a la pirámide de Kelsen y a la democracia misma. Lo demás es historia: una reforma fallida, una enmienda ilegal y ahora una constituyente ilegítima que derogó finalmente el ordenamiento jurídico para sustituirlo por la voluntad y capricho del partido de gobierno.

En el caso del actual conflicto político en Cataluña, el paralelismo es inevitable. El gobierno catalán de turno convocó un referéndum separatista al margen de la ley, solo que en este caso la institucionalidad democrática actuó correctamente evitando el exabrupto y estableciendo responsabilidades, privilegiando el imperio de la ley. Sin embargo, los resultados de la recién celebrada elecciones autonómicas para restituir el Parlamento catalán, pudiera revivir y prolongar el conflicto. Aunque el independentismo no logró la mayoría de los votos, obtuvo la mayoría absoluta de los escaños, con los que pueden hacer gobierno de nuevo, incluso encabezado por el propio Puigdemont. Es por eso que el debate sobre los límites de las mayorías sigue teniendo vigencia, al menos en España.

Lo primero que hay que decir es que toda elección tiene un propósito específico que no puede extrapolarse de forma acomodaticia. Más allá de que si la elección del 21-D en Cataluña hubiera sido un referéndum habría ganado el españolismo, el caso es que se trató de una elección parlamentaria y la intención del voto sólo sirve para hacer un gobierno enmarcado en la Constitución que rigió dicho proceso electoral, amén de cualquier motivación subjetiva. O sea, en el marco de dicha elección todos los bandos son constitucionalistas, porque la elección fue constitucional y por ende sus resultados y sus efectos se rijen por ella. Por tal razón, sería totalmente inaceptable desde el punto de vista democrático que el Parlamento recién electo utilice su mayoría de escaños para decretar nuevamente la independencia de Cataluña al margen de la Constitución.

La nueva mayoría parlamentaria debe tomar decisiones enmarcadas en el Estado de derecho y la legalidad vigente, porque de eso se trata el principio de respeto de las minorías básico en toda democracia. Y si quieren un ejemplo doloroso, ahí está la ley electoral tan polémica que permite que en Cataluña se obtenga mayoría parlamentaria aun con minoría de votos. Si el constitucionalismo en Cataluña usara los argumentos del independentismo, pudiera alegar su mayoría de votos para conquistar el Parlamento. Pero no puede, y así como los constitucionalistas deben aceptar ser minoría parlamentaria aunque sean mayoría popular, el separatismo deberá lidiar con el hecho de que aun teniendo la mayoría de los escaños en el Parlamento, deben pertenecer a España y acatar su Constitución e instituciones. Así son las reglas del juego.

Las mayorías electorales son cambiantes, es por eso que se celebran elecciones periódicamente, para que los pueblos tengan la oportunidad de cambiar de opinión, que es su derecho en democracia. Pero debe haber un Estado de derecho permanente, un pacto de gobernabilidad que regule la alternancia en los cargos de representación popular sin afectar la estructura del Estado. Imagínense a un país que cambia su estructura cada vez que se impone un partido político distinto. Hoy el Estado es comunista y mañana es liberal, hoy me independizo y mañana me reunifico, todo según los designios de la mayoría electoral del momento. Es como someter a referéndum la aplicación o no de la pena de muerte en cada caso específico. Eso es cualquier cosa menos democracia, de hecho, es en esencia antidemocrático porque las minorías quedarían indefensas. Un Estado democrático serio debe contar con un ordenamiento jurídico estable que solo pueda modificarse por los mecanismos previstos en él, los cuales no pueden ser vulnerados por los gobiernos de turno, sin importar su popularidad. Así de simple.

Me atrevo a establecer este paralelismo como aporte desinteresado porque creo que la democracia es un derecho humano que debe defenderse universalmente. Dos décadas atrás, casi nadie se atrevió a condenar el hecho de que en Venezuela la mayoría electoral de turno derogara la Constitución de todo un país dejando sin derechos a las minorías. Por supuesto que lo que comenzó siendo una dictadura mayoritaria, terminó en una tiranía hegemónica y absolutista. Es por eso que ahora me siento en la obligación de decirlo para lo que pueda servir: el independentismo catalán ha actuado tan antidemocráticamente como lo hace desde años la revolución chavista.

Y conste que no valoro el fondo del tema sino la forma, porque otra lección no aprendida es que en democracia la forma es el fondo. Como demócrata respeto todas las ideas mientras se debatan democráticamente. No me corresponde entrometerme en el tema separatista, sólo advierto por experiencia propia que el camino planteado por Puigdemont conduce a una tiranía como la que se sufre hoy en Venezuela. Ojalá los españoles resuelvan este conflicto sin trauma y de forma institucional, para beneficio de un Estado democrático amigo que, aunque perfectible, no puede ser desconocido por agendas unilaterales.

*** José Ignacio Guédez Yépez es abogado venezolano.