Declaración Unilateral de Independencia (DUI) judicial

"¡Menuda justicia, limitada por un río! Verdad a este lado de los Pirineos, error al otro lado". (Blaise Pascal. 'De la necesidad de Justicia').

A raíz del informe que el Grupo Greco del Consejo de Europa publicó el pasado 2 de enero y que sitúa a España a la cabeza de los países donde la justicia está más politizada, unos cuantos colegas me han sugerido redactar un documento con el plausible propósito de defender la independencia judicial y de paso, si lo considerase procedente, responder a los ataques que a menudo e injustamente algunos magistrados sufren.

Confieso que hace muchos años me propuse no firmar manifiestos ni proclamas a favor o en contra de nada ni de nadie, pero como el envite tiene cierto tono de emplazamiento, creo que, sin quebrantar la promesa, puedo acceder a la petición y de ahí el siguiente texto que me he permitido elaborar, a sabiendas, claro está, de que redactar un manifiesto es una suerte literaria que requiere precisión y concisión, cualidades ambas que no estoy seguro de poder atender. Veamos.

MANIFIESTO que para su firma se ofrece a magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, hoy Letrados de la Administración de Justicia, abogados, notarios, registradores de la propiedad, procuradores, médicos forenses y funcionarios judiciales en general, que claman por un poder judicial independiente.

Los abajo firmantes, fulanos, menganos, zutanos y perenganos, cuyas circunstancias personales constan en el acta notarial adjunta, ante el delicado momento que atraviesa la independencia judicial en España, formulamos las siguientes declaraciones:

DECLARAMOS que en un Estado constitucional y democrático existen principios indiscutibles. Uno de ellos es la independencia judicial como instrumento esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela de los derechos y libertades fundamentales. Sin jueces independientes, no hay Estado de Derecho.

DECLARAMOS que el Poder Judicial es un poder del Estado, no un poder de los partidos, gobiernen o no gobiernen. Si lo que se desea es una justicia auténticamente independiente, debería procurarse alejarla de las siglas políticas. Los fines de la justicia y de la política partidista no hermanan bien.

DECLARAMOS la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea expresión del Poder Judicial, en lugar de serlo del más puro poder político empeñado en meter la mano en la composición del órgano de gobierno de los jueces, mientras estos viven el desencanto de una judicatura que se siente poco valorada y, lo que es mucho peor, atosigada. Es hora de poner fin a que la carrera profesional de los jueces españoles quede en manos de un órgano confeccionado por la maquinaria de los partidos.

DECLARAMOS la urgencia de contar con un CGPJ cercano a los jueces, que los represente y que defienda la independencia judicial. Hay que poner fin a los cambalaches en el nombramiento de los vocales del CGPJ que colocan a la institución en el estado de sospecha permanente de ser un títere de feria al servicio del poder político.

DECLARAMOS nuestra vergüenza ante un CGPJ en el que las instancias políticas que designan a sus miembros lo manchan de forma irreversible, hasta el extremo de que la independencia de los vocales está en tela de juicio durante el quinquenio que cada mandato dura. El edificio de Marqués de la Ensenada 8, en Madrid, sede del CGPJ, no puede ser sucursal de los partidos políticos.

DECLARAMOS que la sociedad, para ser verdaderamente democrática, necesita de jueces y fiscales independientes. El juez lo es o ha de serlo por encima de cualquier otra consideración y ejercer su oficio emancipado de toda autoridad e influencia exterior.

DECLARAMOS que cualquier profesión de fe de un juez a la causa de una ideología es una confesión de parcialidad. El juez está al servicio de algo, que no de alguien. En el mundo del Derecho se habla de apariencias y el juez ha de evitar las sospechas de fidelidades a las siglas de un partido político.

DECLARAMOS que hay que desterrar al personaje del "juez político", pues tan absurdo como que los políticos se constituyan en tribunales y se metan a juzgar, es que los jueces se congreguen en hermandades para hacer política. No a los jueces que desvirtúan su misión al invadir lindes ajenas y sí a los jueces emancipados de toda autoridad e influencia exterior y hasta de sus íntimas convicciones. Los jueces no tienen más señor que el Derecho y es cosa bien sabida que en su conciencia y en su toga quien manda no es él, sino la ley.

DECLARAMOS que el juez es un expósito y, por tanto, blanco de veredictos ajenos, lo que no significa que el agravio tenga barra libre. Y así, por ejemplo, que unos políticos sostengan que los jueces y fiscales forman una cuadrilla de conspiradores para impedir el proceso de liberación del pueblo catalán, es mal camino y alarmante señal de injusto exceso.

DECLARAMOS que la independencia judicial no se consigue poniendo a la sociedad en contra de los jueces hasta el extremo de que a menudo el griterío para que un juez decida en el sentido que la masa quiere resulta ensordecedor.

DECLARAMOS que en la Justicia no hay sitio para la venganza y que la "excitación social", que no alarma social, es un cuerpo extraño a la justicia cuya misión no es apaciguar inquietudes populares provocadas por esos juicios de la plebe que tanto suelen proliferar.

DECLARAMOS que toda prudencia es poca a la hora de opinar sobre la tarea judicial, incluido algún que otro parlamentario con afección de verborrea. Achicharrar a un juez con el uso de adjetivos a contrapelo es subterfugio propio de leguleyos insolentes que recuerdan a aquel individuo que en la Revolución francesa se definía como "personaje de lengua fácil y de conciencia aún más fácil".

DECLARAMOS que un juez, como cualquier hijo de vecino, tiene la posibilidad de equivocarse. Errar es de humanos y el juez, como tal, corre el riesgo del desliz. No es el traspié de buena fe sino el error consciente lo que mata la dignidad del oficio de juzgar al prójimo.

DECLARAMOS que estamos en España y que aquí, pese al prejuicio que comportan los tribunales de plaza pública, no se envía a prisión a nadie por unos hechos que no se han cometido o no son constitutivos de delito, aunque sea indiciariamente.

Y poco más, salvo proclamar que este MANIFIESTO es una súplica por la independencia judicial que suscribimos en nombre propio y en el de tantos y tantos que, como nosotros, declaramos que en España los tribunales son justos y que no obstante sus goteras y fisuras, ello no quita para que la confianza en la justicia española y en sus jueces y magistrados esté justificada. Son muchos los españoles que creen en ellos a pies juntillas.

Por lo expuesto, pedimos la adhesión al presente documento de cuantos piensen que, como el Rey Felipe VI dijo el 18 de julio de 2016 en la entrega de despachos a la 66ª promoción de la Carrera Judicial, "la independencia de la Justicia es esencia del Estado de Derecho y hemos de proclamarla, preservarla y respetarla tanto en su vertiente institucional, como en su vertiente individual".

*** Javier Gómez de Liaño es abogado, juez en excedencia y consejero de EL ESPAÑOL.