PNV, un partido poliédrico por la independencia

La aritmética electoral resultante de las elecciones legislativas del 26 de junio de 2016, ha colocado al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en una situación de fuerza dentro del panorama político español. Se trata de una organización centenaria, cuya historia oficial la presenta como defensora de la democracia y el Estado de Derecho.

Sin embargo, su historia real no se mueve sobre esos parámetros. Por el contrario, los jeltzales siempre persiguieron dos objetivos durante la mayor parte de su historia: el mantenimiento del orden social, como correspondía a un partido netamente conservador con un fuerte sustrato integrista católico, y la independencia de Euskadi, que incluiría las provincias vascas, Navarra y una serie de territorios franceses. Ambos objetivos entraron en colisión en algunos momentos de su historia, convirtiéndose entonces en una organización poliédrica que llegó a conspirar contra el sistema democrático. Esta dinámica cambiante quedó patente en tres momentos claves de la historia del PNV.

El primero fue la segunda mitad del año 1931, tras la proclamación de la Segunda República, que conllevó la puesta en marcha de políticas rupturistas que incluían una legislación laicista, así como atentados contra las propiedades eclesiásticas. El PNV, como partido católico, vio entonces peligrar el orden público hasta el extremo de que en las reuniones de su máximo órgano, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), no se dudó en afirmar que existía un auténtico peligro de revolución comunista en España.

Ante esa tesitura, los jeltzales participaron en diversas reuniones conspirativas junto a monárquicos carlistas y alfonsinos, con el objetivo de poner en marcha un golpe de Estado que derribase el régimen republicano. Durante el desarrollo de esos encuentros, los conspiradores monárquicos prometieron a los emisarios del PNV –primero José Antonio Aguirre, futuro lehendakari, y luego Luis María Villalonga– la restitución foral plena –lo que suponía la independencia de facto– a cambio de la participación de los mendiogoizales –milicia paramilitar de los jeltzales– en la insurrección contra el régimen republicano.

La contrapropuesta de los nacionalistas vascos –en nombre del EBB– fue que apoyarían la sublevación, pero sin participación activa en la misma, salvo para mantener el orden en las provincias vascas y Navarra. Los conspiradores monárquicos consideraron que la oferta era muy limitada, y exigieron un compromiso mayor que Villalonga, un simple emisario, no pudo aceptar. En todo caso, esa conspiración nunca se puso en marcha porque fue desarticulada por el Gobierno republicano y porque el PNV decidió apoyar a la República a cambio del soñado estatuto de autonomía.

El segundo momento fue la primavera de 1936. Los conspiradores que desencadenaron la sublevación de julio de 1936 necesitaban al PNV para asegurar su triunfo en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, donde el partido tenía una fuerte presencia. Por eso, buscaron de nuevo, su colaboración. Los jeltzales, temerosos de que tras el triunfo del Frente Popular (FP) en las elecciones del 16 de febrero se iniciara un proceso revolucionario que subvirtiera el orden social, decidieron asistir a diferentes reuniones conspirativas, siendo su representante un importante miembro del EBB, Telésforo Monzón, presidente del Gipuzku Buru Batzar (GBB) y futuro fundador de Herri Batasuna (HB).

En el primer encuentro, celebrado a comienzos de abril, Monzón explicó a los asistentes que el PNV colaboraría con ellos en la sublevación, aunque el resultado final fuera el establecimiento de una dictadura militar. Esta respuesta satisfizo al resto de conspiradores, que hicieron una reducida entrega de armas y de dinero a los jeltzales, para hacer frente a una revolución izquierdista que consideraban próxima. Sin embargo, en el siguiente encuentro, celebrado el 20 de abril, Monzón presentó otra propuesta de colaboración, muy similar a la que Villalonga había realizado en 1931: si la sublevación era estrictamente militar, los nacionalistas vascos se mantendrían al margen, garantizando el orden en las calles y ocupando los edificios públicos; pero, si la dirigían los carlistas, se unirían a este partido e irían con ellos hasta el final. Esta propuesta fue aceptada por el resto de los asistentes, que realizaron una nueva entrega de armas a los jeltzales.

Los contactos del PNV con los conspiradores no pasaron desapercibidos para los dirigentes del FP. Uno de ellos, el socialista Indalecio Prieto –con una gran influencia en las provincias vascas– llego a prometer la aprobación del estatuto de autonomía a cambio de la lealtad del partido a la República. Ante esa oferta, los jeltzales mostraron su carácter poliédrico, cambiando de bando. No obstante, una última oferta de los conspiradores –sistema autonómico con fueros y concierto económico–, planteada en julio por el dirigente monárquico alfonsino José María de Areilza, les hizo dudar de nuevo.

Esto explicaría por qué, tras iniciarse la sublevación militar, la postura inicial de la dirección del PNV en las dos provincias donde no triunfó –Guipúzcoa y Vizcaya– fue la de mantenerse neutrales en el conflicto civil que se iniciaba; tal como había propuesto Monzón. Posición que se modificaría por el temor a las represalias de las organizaciones de izquierdas, poniéndose a lado de Gobierno republicano. En Navarra y Álava, donde tuvo lugar un rápido triunfo rebelde, la postura del partido fue la misma, aunque pronto cambiaría por las amenazas a sus dirigentes, llegando incluso algunos de los jeltzales de estas provincias a colaborar económica, política y militarmente con los sublevados. Por tanto, no fue el respeto por el sistema democrático y el Estado de Derecho lo que determinó la posición del PNV ante el conflicto civil, sino el miedo.

El tercer momento, la propia Guerra Civil. Desde el principio, los dirigentes nacionalistas de Guipúzcoa y Vizcaya se sintieron incómodos dentro del bando republicano, especialmente por el poder de las organizaciones izquierdistas y los asesinatos de civiles y militares que tuvieron lugar en agosto de 1936. De ahí que, de nuevo, apareciera el carácter poliédrico del partido: abrieron conversaciones con los rebeldes con el objetivo prioritario de abandonar el conflicto sin sufrir represalias y de obtener, si fuera posible, un sistema autonómico. Sin embargo, seguían negociando a la vez con el Gobierno republicano la concesión de un estatuto de autonomía.

El resultado de ambas vías negociadoras fue un éxito, ya que tanto los sublevados, a través del general Mola, como el Gobierno republicano, prometieron el soñado sistema autonómico. Ante esta tesitura, los dirigentes del EBB optaron por aceptar la oferta gubernamental –limitado sólo a Vizcaya, pues Guipúzcoa fue ocupada por los sublevados en los primeros meses del conflicto– que se concretó el 1 de octubre de 1936.

Sin embargo, esto no significó el fin de las negociaciones con los sublevados, en las que trataron de  involucrar a Gran Bretaña y en las que participaron Italia y El Vaticano. Por el contrario, tras la pérdida de Bilbao el 19 de junio de 1937 y la del resto de Vizcaya poco después, se aceleraron, ya que los jeltzales perdieron todas las razones para seguir combatiendo al lado de la República. El resultado final sería el famoso Pacto de Santoña, rubricado el 24 de agosto de 1937, por el que los batallones jeltzales se rindieron a las fuerzas italianas, abandonando al Ejército republicano del Norte. Franco no reconocería este acuerdo; obligando a los italianos a entregarle los prisioneros que fueron sometidos a una severa represión.

Como conclusión podemos decir que su carácter poliédrico se mantiene en la actualidad. Ya no gira en torno a la ambivalencia entre orden público e independencia, que presidieron buena parte de la historia del partido, pues ahora existe una sólida estabilidad social; sino en su actitud frente al Estado central y la Constitución de 1978, ya que la independencia se ha convertido ahora en su único objetivo.

Para lograr esa independencia, el PNV, desde los años ochenta del siglo XX, ha puesto en marcha un plan articulado sobre cuatro bases.

1.Rígido control de las instituciones de autogobierno.

2.Euskaldunización radical de la sociedad vasca, para acabar con la posibilidad de una identidad compartida con el resto de España.

3.Extensión de ese modelo de euskaldunización a Navarra, para facilitar su anexión a medio plazo, favorecida por la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de 1978.

4.Establecimiento de un estatuto de Estado libre asociado con el resto de España, lo que convertiría a las provincias vascas más Navarra en independientes de facto.

Para lograr los tres primeros objetivos, los jeltzales no han dudado en pactar dentro de la legalidad vigente tanto con el PSOE como con el PP. Por el contrario, el cuarto resulta complicado de alcanzar de forma legal, pues precisa de una reforma constitución aprobada por todos los españoles. De ahí que hayan buscado sobrepasar el Estado de Derecho para conseguirlo.

El lehendakari Juan José Ibarretxe lo intentó entre 2001 y 2005 con su plan homónimo, derrotado en el Congreso de los Diputados. No obstante, la crisis provocada por el intento de secesión de Cataluña, lo ha resucitado de la mano de su homólogo Iñigo Urkullu y del presidente del EBB Antoni Ortuzar, pues la independencia siempre ha sido y será el gran objetivo de este partido. Y para lograrla, nunca han dudado ni dudarán en aprovechar cualquier coyuntura que debilite al Estado.

*** Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea, es profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), de la Universidad Camilo José Cela y de la Francisco de Vitoria.