No al timo de la pensioncita: presidente de transición y elecciones ya

Los mentideros parlamentarios consideran con frecuencia al PNV como los diputados que mejor se mueven en las aguas del Congreso. Esta semana han vuelto a sacar un extraordinario provecho a sus cinco votos, manejando hábilmente los tiempos, la información y la debilidad de los otros partidos. El PP, que ha sido su cómplice, está encantado porque apuntala su posición en el Gobierno, mientras que los demás partidos se han quedado desconcertados porque a ver quién dice no a una subida generalizada de las pensiones. Pero la política no es una serie de televisión donde aplaudir astutas maniobras sino que debe ser un ejercicio responsable para que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Intentemos desmontar este timo de la pensioncita en el que los demás grupos deberían dejar solos al PP y PNV, hacer que no prosperen los Presupuestos y exigir elecciones.

Contrariamente a lo que ha dicho el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para alivio del Gobierno, si hay algo previsible en economía es la evolución del gasto en pensiones. En su cálculo, el factor principal es la demografía: se sabe por ejemplo el número de nacidos en 2017 y que su jubilación llegará en 2084 si se mantuviera en los 67 años actuales, se conocen las tasas de mortalidad y que la esperanza de vida evolucionará ligeramente y apenas alterará esta previsión. La inmigración sí la modulará en mayor medida, aunque por el momento nunca ha superado el 12,2% de la población española –si bien con distribución de edades más jóvenes que el resto–, así que incluso previendo que llegara a doblarse, no existe tanta incertidumbre sobre cuál va a ser nuestro número de pensionistas dentro de tres décadas o incluso más allá. Algo menos previsible es saber cuántos trabajadores estarán respaldando con sus cotizaciones o impuestos el pago de las pensiones, pero en largos periodos también nos movemos en horquillas que permiten hacer previsiones.

Y los resultados de los cálculos de todos los expertos resultan abrumadores. Hoy por cada 100 personas en edad activa (no todas tienen trabajo) hay 30 jubilados, en 2050 habrá 75 con una pensión media más alta que la actual porque buena parte de ellos habrán cotizado por salarios más altos a lo largo de su vida laboral. Estos cálculos a 30 años no son hipótesis pesimistas o en exceso cautelosas. Solo en los últimos diez años una parte del baby boom se ha jubilado, y hemos aumentado un 15% el número de pensionistas pero el 50% el gasto en pensiones.

Por eso, de no preverse que las pensiones crezcan menos que el IPC, de aquí a 2050 aumentaremos aproximadamente otro 40% el gasto en esa partida que ya es la más importante de los Presupuestos. Resultaría imposible aumentar en esa proporción los ingresos (se saque de donde se saque) porque –aparte de que precisamente nuestra demografía no ayude puesto que la población activa disminuirá– a ese nivel pasaríamos a tener una presión fiscal por encima de casi todos los demás países, bajaría la competitividad y se resentiría la actividad económica; máxime cuando partimos ya de un endeudamiento récord del 100% del PIB.

Esto lo saben todos los partidos, y por eso en 2011 y 2013 se acumularon dos reformas que preveían estabilizar el porcentaje sobre el PIB del gasto en pensiones, a través de unas fórmulas cuyo resultado práctico suponía que casi todos los años las pensiones iban a subir el 0,25% fuera cual fuera el IPC. Es perfectamente comprensible la preocupación de los pensionistas, frente a unas expectativas que nadie se preocupó de cuestionar aunque se veían venir desde hace décadas, y el miedo de que cuanto más vivan más capacidad adquisitiva perderán, nada menos que a un ritmo del 15-20% por década. Esto resulta especialmente duro para las pensiones más bajas, que en general corresponden también a las personas con menos patrimonio y menos ingresos alternativos y que, por lo tanto, se ven condenadas a que la longevidad sea sinónimo de ir deslizando cada vez más en la pobreza.

Entre proponer subidas inasumibles que harían que la caída (no ya solo de los pensionistas sino de todo el Estado del bienestar) fuera aún más dura dentro de unos pocos años y poner en un callejón sin salida a muchos de los pensionistas, existen soluciones sostenibles y justas que los partidos deberían atreverse a plantear. Veamos dos que son probablemente las más potentes.

En un siglo solo se ha retrasado dos años la edad de jubilación (de 65 a 67) mientras que la esperanza de vida –y es por supuesto una magnífica noticia– se ha alargado en veinte años. No debería por lo tanto ser chocante que avanzáramos progresivamente hacia una edad de 69-70 años, a la que ya se jubilan muchos cuerpos de la función pública. Esto supondría a la vez reducir el número de pensionistas y aumentar la población activa que respalda el estado del bienestar.

La segunda es actualizar las pensiones no mediante un porcentaje sino con una cantidad de euros. Las subidas en porcentaje que siempre se han practicado hasta ahora suponen una redistribución inversa. Por ejemplo, si este año se sube el IPC a todos como exige el PNV, las pensiones máximas subirán unos 1.000 euros anuales, mientras que las mínimas solo 300. Si se subiera a todos 300 euros, las más bajas no perderían poder adquisitivo, las altas sí, aunque progresarían un 1% aproximadamente y de todas formas seguirían superando el salario medio de los trabajadores en España. De esta manera, el incremento global del gasto en pensiones sería aproximadamente la mitad que si se sube el IPC para todos.

Algunos dicen que romper la proporcionalidad rompe la expectativa de cotizar para su propia pensión: ¿alguien quiere ganar menos sueldo como trabajador porque piensa que su jubilación ya no va a ser tan alta?, ¿y es acaso peor una subida fija en euros que el mísero 0,25% para todos? Combinando esta medida (que sí supone cierto gasto pero mejor distribuido) con el ahorro de la anterior (un retraso de la edad de jubilación, aunque inicialmente solo fuera a 68 años y no de manera inmediata) se podría estabilizar el gasto en pensiones asegurando un reparto más solidario.

¿Y por qué ha sido precisamente el PNV el que ha decidido romper la hucha y exigir la subida en el IPC para todos? La respuesta es muy sencilla, porque esa hucha va a tirar del fondo común (se aprueba también que el fondo de la Seguridad Social se financie con los Presupuestos Generales porque de otra manera quebraría ya en pocos meses), así que les da igual abocar a la ruina al resto de España, ya que para todos los demás gastos ellos ya tienen asegurado el cuponazo que supone una extrafinanciación de unos 5.000 millones de euros respecto a las comunidades de régimen común, para una población de dos millones de personas. Es decir, unos 2.500 euros/año para cada habitante del País Vasco, y encima la subida de todas las pensiones (más dinero para las más altas, como se ha visto) tirando ya no solo del fondo de la Seguridad Social, sino del Presupuesto ordinario al que ellos no contribuyen.

Y efectivamente fueron muy hábiles en cómo conseguirlo. Primero el pago adelantado del cupo con la connivencia de Podemos –el amigo fiel de todos los nacionalismos por mucho que ellos digan querer quedarse en España– y la menos explicable aún del PSOE, que quiso dejar pagada la señal de una posible moción de censura a favor de Sánchez. Ahora, en la negociación de los Presupuestos, la excusa de que el 155 en Cataluña se prolonga (sí, ¿por culpa de quién?) ha permitido al PNV exigir más al PP.

Como en el PNV sabían que quizá Ciudadanos se opondría, lanzaron el señuelo de que iban a pedir la transferencia de la Seguridad Social; Ciudadanos entró al trapo e indicó, en efecto, que no lo aceptaría. Cuando el PNV acabó pidiendo la ruinosa e insolidaria subida generalizada de las pensiones, pilló al resto de la oposición con el pie cambiado y ninguno se atrevió a criticar más que el “electoralismo” de los tiempos pero no el fondo de la cuestión.

Montoro creyó que todo quedaba rematado declarando que “se repartieron los esfuerzos y ahora toca repartir los beneficios”, un doble ejercicio de cinismo e irresponsabilidad presupuestaria, puesto que ni esos esfuerzos se repartieron por igual (desde que gobierna el PP los índices de pobreza y desigualdad han crecido aproximadamente el 30%), ni es preciso repartir dádivas en cuanto sale un rayo de sol sino asentar reformas estructurales y reducir la deuda para que la próxima crisis (y quizá no esté tan lejos, ya hemos visto el mal dato de paro en un año que prometía ser el más dulce) sea más leve. Para rematar que no se prestase mucha atención a las consecuencias de este irresponsable acuerdo, se hizo coincidir con la sórdida caída de Cifuentes.

Rajoy, jefe de Bárcenas, de Montoro, de Sáenz de Santamaría –presidenta accidental de Cataluña–, no merece estar al frente del gobierno de España ni un día más. PSOE, Podemos y Ciudadanos deben tener la valentía de poner fin a esta legislatura podrida en la que España ha malgastado mucho de su crédito internacional, no se están abordando reformas importantes ni en materia socioeconómica ni de regeneración institucional y encima ahora se pretenden aprobar unos Presupuestos irresponsables.

Rajoy debería dimitir. Pero no lo hará, así que la solución es que estos tres partidos presenten una moción de censura con un candidato que encabece un Gobierno de tecnócratas que disponga de dos meses para estabilizar algunas cuestiones urgentes y convoque unas elecciones generales que podrían tener lugar en septiembre (no a la vez que unas posibles catalanas el 15 de julio porque no es una fecha conveniente y además los partidos se quedarían sin tiempo para sus procesos de designación de candidato, incluso el PP, que quizá así asumiera una cierta renovación).

El perfil de ese presidente del Gobierno de transición tendría que ser ajeno a los tres partidos que instaran la moción. Para demostrar que no se trata de dar la vuelta al aún vigente resultado de las urnas, podría incluso ser alguien más bien de la órbita del PP pero desvinculado del Gobierno de Rajoy (alguien por ejemplo como Josep Piqué; seguramente entre antiguos secretarios de Estado o presidentes de comunidad autónoma pudiesen encontrarse otros perfiles válidos). Delendum est Rajoy: urge pasar página.

*** Víctor Gómez Frías es militante del PSOE.