Antes de la financiación autonómica, otro sistema tributario

Desde hace años se habla de la necesidad de mejorar el actual sistema de financiación autonómica. Este sistema determina cómo se reparte la recaudación tributaria entre el Estado central y las autonomías. A su vez, la presión tributaria debería guardar relación con el nivel de gasto público que se considere necesario.

El nuevo Gobierno ha dicho que dará un impulso al tema, pero me preocupa que la discusión se plantee de forma autónoma. Es decir, sin discutir antes la calidad del sistema tributario y del gasto público (sobran los indicios de despilfarro en todos los niveles de gobierno). En lo que sigue daré unas pautas de cómo creo que debería cambiar el sistema tributario antes de discutir su reparto entre administraciones.

Pese a la innegable mejoría de los últimos años, España es hoy una economía endeudada, con alto desempleo, bajo crecimiento potencial y competitividad estancada. Dado ese contexto, el sistema tributario debería fomentar el ahorro, la inversión, el empleo y la reducción de costes.

Sin embargo, las cotizaciones sociales son de las más altas de la UE (desalienta la contratación y resta competitividad a las empresas), el Impuesto sobre Sociedades es mayor que la media europea (desincentiva la inversión) y el IVA, un impuesto al consumo, tiene demasiadas exenciones (lo que no favorece el ahorro).

España es el sexto país de la UE donde más peso en el PIB tienen las cotizaciones sociales a cargo del empleador: 8,4%, frente a 7% de media o 6,6% en Alemania. Rebajar las cotizaciones para ponerlas al nivel de la media europea implicaría una pérdida de recaudación de unos 16.000 millones de euros anuales. Hay distintas formas de hacerlo: rebajar el tipo de cotización, dejar libre de cotización una parte fija del salario (por ejemplo, los primeros 300 euros), etc.

La recaudación del Impuesto sobre Sociedades es de unos 23.000 millones de euros. Su tipo general (25%) supera los de Alemania (22,8%), Suecia (22%), Portugal (21%), Reino Unido (19%) y otros 15 países de la UE. Un objetivo ambicioso sería bajarlo al 9%, para que sea el más bajo de la UE junto con el de Hungría. Así se perderían unos 15.000 millones de recaudación.

Al mismo tiempo, España es el quinto país que menos recauda por IVA: 6,5% del PIB, que se compara con un promedio general de 7,1% o más del 9% en los países nórdicos. La exención de determinados productos cuesta unos 16.000 millones de euros anuales; que otros productos estén gravados a tipos reducidos conlleva la pérdida de otros 16.000 millones de recaudación.

Si todos los productos hoy exentos y con tipos reducidos se pasaran al tipo general del IVA, se ganaría una recaudación que permitiría financiar la rebaja de las cotizaciones sociales de los empleadores hasta el nivel medio de la UE y del Impuesto sobre Sociedades para hacerlo el más bajo de la UE.

No es necesario ser tan drástico: la rebaja de Sociedades también puede financiarse parcialmente eliminando subvenciones a las empresas y quitando deducciones. Además, tampoco tiene por qué hacerse de una sola vez: podría anunciarse una rebaja a razón de 2 puntos por año para los próximos ocho años. El aumento de la inversión y de la actividad sería tal, que la rebaja de Sociedades se autofinanciaría en gran medida.

Lo relevante de todo esto es que es posible, sin aumentar la presión tributaria, tener un sistema impositivo que aumente la competitividad (favoreciendo las exportaciones), estimule el empleo y fomente la inversión, y por lo tanto, el crecimiento potencial de la economía. La reducción de la evasión por la generalización del IVA y la simplificación de Sociedades, el menor gasto en prestaciones por desempleo y el mayor consumo (ambos derivados de la mayor ocupación), harían posible mantener un IVA reducido para alimentos y bienes esenciales. Mucho más si al mismo tiempo se realizara un presupuesto base cero en todos los niveles de gobierno para suprimir gastos improductivos.

Parece la cuadratura del círculo, pero no lo es. Es algo perfectamente posible, aunque para que se concrete hace falta que gran parte de la dirigencia política deje de lado prejuicios y dogmas equivocados.

*** Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados.