Cuando el 23 de enero pasado Juan Guaidó juró su cargo como presidente encargado de Venezuela, la esperanza volvió al país. Recordemos que la misma Constitución en virtud de la cual asumía la presidencia reservaba para Guaidó una función inexcusable: convocar unas elecciones libres y con garantías para que el país tuviera un mandatario legítimo. La dificultad era obvia: Nicolás Maduro había usurpado el cargo después de las elecciones fraudulentas de 2018 y conservaba el poder que otorga la violencia al contar con el respaldo de la Fuerza Armada y de los grupos paramilitares llamados “colectivos”.

Han pasado más de dos meses desde aquel momento y, aunque el régimen chavista ha dado signos de debilidad, sigue disponiendo de la mayoría de los resortes del poder. La situación humanitaria en el país se ha agravado con los apagones que dejan al país a oscuras y sin agua, que no podemos descartar que sean provocados imitando la experiencia cubana: al regresar la luz, se produce un alivio general que desmoviliza al ciudadano exhausto. 

Venezuela se sigue vaciando a un ritmo enloquecido y son ya cerca de tres millones y medio los venezolanos que han abandonado el país. Algunos militares, también entre los chavistas, se pasaron al lado democrático, pero la mayoría de los mandos siguen al servicio de Maduro. Rusia ha reconocido que ha enviado militares.

El régimen, que no se atrevió a actuar contra Guaidó, empieza a estrechar el cerco amenazando con vulnerar su inmunidad parlamentaria e inhabilitarlo, paso previo para encarcelarlo. El propio presidente  contempla esta posibilidad, como quedó claro el pasado martes cuando dijo durante una comparecencia: “Si el régimen se atreve a secuestrarme, dan un golpe de Estado en definitiva, las Fuerzas Armadas tienen una decisión que tomar”.

Maduro usará la ayuda de la misma forma que ha usado la miseria: para controlar a la población y aferrarse al poder

La estrategia de las fuerzas democráticas siempre fue una transición de la ley a la ley. Era posible ya que el chavismo se había situado al margen de la Constitución. Y sigue siendo la mejor opción. La hoja de ruta del presidente Guaidó empieza con el cese de la usurpación de Maduro y continúa con un gobierno de transición que haga posible el último paso: la celebración de unas elecciones libres y con garantías. En un principio, a medida que se sucedían los reconocimientos internacionales, las deserciones en el chavismo y Guaidó seguía en libertad, el tiempo parecía correr a favor del presidente encargado. Ahora ya no está tan claro. 

También está la cuestión de la ayuda humanitaria. Después de negarse durante larguísimos años a solicitarla, después de negar la evidencia de lo que pasaba en su país, del hambre y de la falta de alimentos, después de impedir la entrada de los envíos procedentes de Colombia, el dictador Maduro ha autorizado a que entre en Venezuela la asistencia. Me gustaría decir que es una buena noticia, pero sería engañoso. Como siempre han hecho los tiranos, usará la ayuda de la misma forma que ha usado la miseria: para controlar a la población y aferrarse al poder.

La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se pedía, entre otras cosas, más sanciones contra los jerarcas del chavismo. También se señalaba lo obvio: que el llamado Grupo de Contacto impulsado por la Alta Representante, Federica Mogherini, para explorar la posibilidad de unas elecciones libres no ha logrado ningún resultado visible hasta la fecha. La retórica de Mogherini y de algunas cancillerías sigue siendo la de la mediación. Lo mismo ocurre con otras instancias como Naciones Unidas, en especial el papel de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. 

Es curioso cómo se proponen siempre los procesos de diálogo y las mediaciones: como si no se le hubieran ocurrido a nadie antes y como si no tuvieran antecedentes. Nadie podrá reprochar a las fuerzas democráticas que no hayan intentado el diálogo. Si se les puede reprochar algo es tal vez lo contrario: haber participado durante más tiempo del aconsejable en una pantomima. El chavismo ha usado los procesos de diálogo para ganar tiempo y para engañar a quien se quisiera dejar engañar. Años de conversaciones y mediaciones no han mejorado en nada las perspectivas de Venezuela.

Cada vez que se ha pretendido iniciar una mediación con el régimen, había más cartas marcadas a favor de la tiranía

A estas alturas, con todo lo que ha ocurrido y con todo lo que ya sabemos, a quien aliente procesos de falso diálogo ya no se le puede dar el beneficio de la ingenuidad: habrá que suponer mala fe. Hay que entender que el régimen, que nunca creyó en la democracia, pisó a fondo el acelerador de la dictadura cuando en 2015 las fuerzas democráticas obtuvieron una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional. Desde entonces, la degeneración ha sido muy veloz, y cada vez que se ha pretendido iniciar una mediación había más cartas marcadas a favor de la tiranía. El que diga que es posible alcanzar un acuerdo estará mintiendo.

La Comisión y el Consejo deben atender a lo reclamado por el Parlamento y aumentar la presión contra los jerarcas chavistas. Recordemos que, a día de hoy, Nicolás Maduro no está entre los sancionados por la Unión y que, según se ha sabido recientemente, uno de sus testaferros tiene 4.200 millones de euros en Suiza. También es público que muchos de los familiares de la cúpula del régimen y de la Fuerza Armada residen en Europa (particularmente en España), donde disfrutan de un altísimo nivel de vida conquistado gracias al robo y la corrupción. Mientras en Venezuela no haya luz, ni comida, ni medicinas, ni democracia, estas personas no deberían poder disfrutar de las comodidades occidentales.

Por último, planea sobre estas líneas la cuestión de la intervención humanitaria. A día de hoy, y teniendo en cuenta que Rusia se ha implicado directamente en la crisis, parece imposible esperar que una iniciativa de este tipo cuente con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, creo que la UE debería plantearse alternativas para usarlas si llega el momento, alternativas que deberían consensuarse con el Grupo de Lima y tener un marcado carácter regional. No olvidemos que la crisis venezolana es ya una crisis sudamericana, con campos de refugiados desde Colombia hasta Perú. 

Naturalmente, la iniciativa siempre corresponderá a Juan Guaidó como legítimo presidente encargado de Venezuela. Es él quien tiene que señalar el camino. Pero si llegado el momento solicita una intervención con motivos humanitarios, sería muy estúpido por parte de la Unión Europea rechazarla sólo porque la pudiera apoyar Estados Unidos. Precisamente, si queremos mostrar nuestra independencia de criterio y nuestra capacidad de acción, lo que se decida en Washington no debería condicionar ni en un sentido ni en otro lo que se decida en Bruselas y en las capitales europeas. No debería preocuparnos que nos acusen hoy de hacer esto o lo otro. En cambio, lo que deberíamos evitar es que mañana nos acusen de no haber hecho nada.

*** Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE). Es autora de 'Eres liberal y no lo sabes' (Deusto).