El último informe publicado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) sobre la aportación del sistema sanitario privado revela que sigue incrementándose, de forma imparable, el número de ciudadanos que contratan voluntariamente seguros de asistencia sanitaria, y ya hay más de 10 millones de personas aseguradas.

Las conclusiones del informe generan una mezcla de vergüenza ajena y pena al ver lo que acontece en nuestro supuesto Estado de bienestar. Vergüenza ajena porque sacamos continuamente pecho, dentro y fuera de nuestras fronteras, por una Sanidad pública que lleva muchos años dando muestras evidentes de agotamiento y  proporcionando una oferta totalmente insuficiente para las necesidades de la población del siglo XXI.

Lo ha dicho claramente el Euro Health consumer index 2018, el informe anual sobre los sistemas sanitarios de la Unión Europea, que tras analizar multitud de indicadores sanitarios no sólo nos coloca en una lamentable posición número 19 de 35, sino que en el resumen sobre la situación de nuestro sistema sanitario público únicamente destaca que, además de estar muy descentralizado, “Spanish healthcare seems to rely a bit too much on seeking private care for real excellence”; o sea, que depende demasiado de la sanidad privada para poder acercarse a la excelencia.

Pero como médico y profesional del sector sanitario lo que más lamento es que haya 35 millones de ciudadanos que no pueden permitirse tener un seguro privado para satisfacer sus necesidades de forma óptima. Las interminables listas de espera para poder acceder a un especialista, a una prueba diagnóstica o a una intervención quirúrgica, las dificultades para beneficiarse de la innovación tecnológica y un enfoque de la atención al ciudadano carente de la sensibilidad necesaria, hacen que todo el que puede permitírselo económicamente huya despavorido del sistema sanitario público en busca de una alternativa en el sector privado. 

En España seguimos teniendo absolutamente desatendida y sin recursos la famosa Ley de dependencia

Vivimos una época de la historia en la cual las opciones que proporcionan la ciencia y la tecnología deberían hacer que determinadas necesidades básicas estuvieran perfectamente cubiertas. Y no hablo ya de tener garantizado el acceso a los recursos del sistema antes de que sea demasiado tarde para afrontar cualquier proceso grave, sino de la obligación de tratar de alcanzar la equidad para conseguir el mejor resultado sanitario posible.

La realidad es que se acaba de destapar que había 500.000 pacientes escondidos en listas de espera en Andalucía, sin que por este descubrimiento, por cierto, se haya derivado ninguna responsabilidad. Y que seguimos teniendo absolutamente desatendida y sin recursos la famosa Ley de dependencia, de tal forma que ni siquiera se puede financiar algo tan elemental como la rehabilitación neurocognitiva en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y hablamos aquí, sobre todo, de personas que se han pasado toda su vida cotizando y ahora necesitan ayuda.

Mientras tanto, las comunidades autónomas, tanto de un signo como de otro, responsables de la gestión sanitaria, en vez de rendirse ante la evidencia de que el sistema público no puede por sí solo atender esa demanda, desprecian continuamente las posibilidades que pueda aportar el sector privado. Lo hacen por el miedo al qué dirán, al mantra de que no se puede "hacer negocio a costa de la salud de los ciudadanos". Y yo me pregunto: ¿no da más vértigo que por ese complejo haya cientos de miles de pacientes en lista de espera?

El Estado, responsable último de la calidad del sistema y garante final del derecho a la salud, mira para otro lado, abandona absolutamente su responsabilidad in vigilando y le da una patada para adelante al problema esperando que venga el siguiente a solucionarlo. Porque, ¿para qué hay que arreglar nada si somos el segundo país del mundo con la mayor esperanza de vida? Como si eso dependiera exclusivamente del sistema sanitario. En ningún caso fue más cierto el dicho de que ante un problema, lo racional es solucionarlo y lo político negar su existencia.

Habrá quien encuentre estas líneas muy exageradas y pesimistas. Quienes se conforman con lo que hay, argumentan que España está muy bien comparándola con lo que hay fuera. La verdad es que, más allá de que 18 países europeos presentan mejores resultados que los nuestros, creo que lo importante es cómo deberíamos o podríamos estar en función de nuestras posibilidades y pretensiones.

Salvo por los trasplantes, el mito de que cuando un paciente tiene algo grave acude a la pública, ya no es verdad

Cuestiones tan elementales como el acceso a los servicios básicos de Sanidad y Educación forman parte de la justicia social a la que deben tener derecho todas las personas, pero o nos tomamos en serio la situación en la que se encuentra nuestro sistema sanitario público o simplemente y de manera literal va a implosionar.

El tamaño que ha adquirido la sanidad privada por decisión voluntaria de los ciudadanos y el aislamiento al que se tiene sometido a este sector, está produciendo un agravio comparativo con aquellos que no pueden elegir. Porque la diferencia no se reduce a una cuestión hostelera o de personalización en la atención, está también el que te atiendan muchísimo antes. Por este camino, el sistema sanitario público va a perder su propia razón de ser, porque salvo por los trasplantes de órganos -que están regulados por el Estado y existe una planificación nacional-, el mito de que cuando un paciente tiene algo grave se va a la Sanidad pública ya no es verdad.

El paciente que paga un seguro de asistencia sanitaria, una vez que prueba la atención quiere hacer todo en el sector privado. ¿Y que hemos hecho estos años los operadores sanitarios privados? Invertir, invertir e invertir. Porque por mucho que se quiera dar una imagen de los empresarios de la Salud con puro y chistera, la realidad es que, a diferencia del sector público, sí nos hemos preocupado de nuestros pacientes, porque son nuestros clientes, porque teníamos que competir con un sistema público universal, sin copagos, con amplias coberturas y alcance universal.

Al Estado, a las Administraciones, los pacientes les han importado poco, si no ¿cómo iba a darles más miedo que les montaran una manifestación por sacar un concurso, que la acumulación de pacientes en listas de espera?

Solo espero que el nuevo gobierno que entre tras el 28-A se deje de mitos y prejuicios y asuma el control de la situación. Que priorice al paciente por encima de cualquier cosa y, al menos, le dé el mismo valor que ha venido dando a los profesionales que se movilizan por concertar con la privada. Y, por supuesto, que tenga el sentido común necesario para tratar de incluir en su oferta a los ciudadanos todos los recursos disponibles, con independencia de cuál sea su titularidad.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.