Lo que Sánchez no quiso contar en campaña: 26.000 millones más en impuestos
El autor, diputado y responsable de asuntos fiscales en Cs, disecciona el plan de subida de impuestos que plantea el Gobierno, que considera mal calculado y negativo para el empleo y el crecimiento.
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez va a subir los impuestos muy por encima de lo que el propio Sánchez y sus portavoces admitían en la campaña electoral. Esto es lo que se deduce de las cifras del Plan de Estabilidad enviadas con nocturnidad (a las 10 de la noche) menos de 48 horas después de que cerrasen las urnas. Y este Plan de Estabilidad, desgraciadamente, tiene algunas previsiones con errores evidentes, como luego veremos.
Todo esto lo podían y lo debían haber sabido los españoles antes de ir a votar, porque no existe ninguna obligación de apurar al límite el plazo para enviar a las Autoridades Europeas el plan de Estabilidad. Dada la inconsistencia de algunas cifras, resulta lógico que el Gobierno Sánchez ocultase estos datos a la opinión pública. Ahora bien, los españoles tenían derecho a saber qué impuestos iba a subir Sánchez, y sobre todo en qué magnitud, si finalmente salía elegido.
IRPF, Sociedades, diésel...
Con un primer examen al plan, están bastantes claras algunas subidas de impuestos -IRPF, Sociedades, diésel, cotizaciones a la Seguridad Social...- y la creación de otros -tasa Google, tasa Tobin…-, pero el incremento será muy superior incluso si se cumplen las cifras que Sánchez y su equipo han enviado a Bruselas. Si no se cumplen, la presión fiscal será aún mayor, habrá recortes o el déficit no se reducirá: a elegir.
Empecemos por la subida de impuestos: Sánchez pretende aumentar la presión fiscal desde el 35,1% del PIB de 2018 hasta el 37,3% en 2022, lo que con el PIB actual supondría incrementar la recaudación por impuestos en más de 26.000 millones de euros. Y esto sería más consecuencia de subir impuestos que del crecimiento económico previsto. Para el Ministerio de Economía, un incremento sustancial de los impuestos y las cotizaciones sociales no tiene efectos negativos ni en el empleo ni en el crecimiento; pronto veremos, para nuestra desgracia, que no es así.
En IRPF y cotizaciones sociales es donde cabe esperar mayores subidas fiscales, muy por encima de las anunciadas
Veamos con números cómo este incremento de “presión fiscal” es incremento de impuestos, puro y duro. Por ejemplo, se prevé que los impuestos indirectos pasen de suponer el 11,6% del PIB en 2019 a que supongan el 11,8% en 2022. Ahora bien, se prevé que el consumo se desacelere y crezca mucho menos que el PIB nominal. Según el cuadro de la página 25 del plan, hay una previsión de incremento del consumo público y privado que está, según los años, entre el 1,9% (máximo) en 2019 y el 1,3% (mínimo en 2022).
Impuestos indirectos
Sin embargo, el PIB nominal crecerá entre el 3,5% y el 3,9%. En consecuencia, el cociente entre las bases de los impuestos al consumo y el PIB irá disminuyendo. En estas condiciones, el cociente entre recaudación por impuestos indirectos y PIB sólo puede aumentar si se incrementan, y no poco, los tipos del IVA y los impuestos especiales, como el diésel.
Impuestos directos
Algo similar se puede decir de los incrementos de los impuestos directos y de las cotizaciones sociales. Aquí hay que tener en cuenta que la recaudación del IRPF -que es el principal impuesto directo y recauda más del triple que el impuesto de sociedades- depende en un 85% de los rendimientos del trabajo (salarios y pensiones fundamentalmente), y que las cotizaciones sociales se pagan también sobre los salarios fundamentalmente.
Según los datos del propio Gobierno en el Plan de Estabilidad, se prevé que la remuneración de los asalariados esté creciendo entre 2020 y 2022 al 4,1%, muy ligeramente por encima del PIB nominal (que lo haría entre en el 3,5% y el 3,9%). En estas condiciones, si no hubiese subidas de impuestos, la recaudación por impuestos directos y cotizaciones se incrementaría una o dos décimas, no 1,8 puntos (unos 23.000 millones de euros) como prevé el Gobierno de Sánchez. Aquí es donde podemos esperar mayores subidas fiscales, muy por encima de las ya anunciadas, y que por supuesto impactarán de lleno a la clase media.
Déficit y recaudación
Estas previsiones fiscales, al menos en mi opinión, no resultan creíbles. Por eso considero que tienen errores graves y no se cumplirán. Pensemos, por ejemplo, y por ser lo más fácil de comprobar, en la previsión de déficit para 2019. Según el Gobierno socialista en funciones, en 2019 concluiremos en la Administración General del Estado con un déficit del 0,5% del PIB, rebajando un 0,9% el déficit con el que cerramos 2018, que fue del 1,4%. ¿Ciencia Ficción? Por supuesto, sólo en el periodo enero-marzo, la Administración General del Estado tuvo un déficit del 0,54%. Para que esto se cumpliese habría que tener superávit el resto del año. Esto es simplemente imposible, teniendo en cuenta que Sánchez está buscando un acuerdo con Podemos -frontalmente contrario a reducir más el déficit- y que, por imposibilidad práctica, han dejado las subidas de impuestos para 2020.
Patrimonio y tasas Google y Tobin
Con todo, donde hay más errores es en el corta-pega de las medidas fiscales. Aquí el Gobierno remite exactamente las mismas medidas que ya envió a Bruselas, y que incluyó bien en los Presupuestos, bien en proyectos de ley separados (tasas Google y Tobin). Por ejemplo, se prevé un incremento de recaudación de 339 millones de euros en el Impuesto de Patrimonio, en el que el Gobierno de Sánchez no puede tocar la tarifa, porque corresponde a las comunidades autónomas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) consideró que esto podría recaudar entre 0 y 10 millones de euros. En mi opinión, salvo una modificación sustancial de la financiación autonómica, la primera cifra -cero- es la más probable.
Lo que desvela el plan de Sánchez es un intento de cuadrar las cuentas con subidas de impuestos que pagaremos todos
Otro ejemplo clarificador de esta chapuza ocultada a los españoles antes de ir a las urnas, se refiere a la famosa tasa Google. Aquí, según el proyecto de ley remitido al Congreso, el hecho imponible del que se pretende la mayor parte de la recaudación es la “transmisión de datos”. Bien, les copio literalmente lo que incluye el plan como gravado al 3%: “la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario”. Esto está prohibido por la normativa de protección de datos, por lo que nadie lo va a admitir en una declaración. Por supuesto que se hace, pero todas las empresas niegan hacerlo. Implantar un impuesto a esta actividad se parece a hacerlo sobre el tráfico de drogas, al menos en su resultado recaudatorio: próximo a cero.
Fuera del programa
Podríamos seguir, pero este plan, con sus muchos fallos, lo que desvela es una intención de cuadrar las cuentas con mucho optimismo infundado y basándose exclusivamente en subidas de impuestos que pagaremos todos de forma directa e indirecta. Los españoles debían haberlo sabido con detalle, pero el Gobierno de Sánchez esperó hasta última hora para comunicarlo a Bruselas, a la que ha dado más datos y explicaciones que a los electores. De hecho, sus portavoces económicos tuvieron incluso el cuajo de negar hasta la subida al diésel. Como me dijo en un debate el secretario de Economía del PSOE, Manuel Escudero, con mucha precisión: eso no está en el programa. El propio Pedro Sánchez, en otro debate, no paró de decirle a Albert Rivera cuando explicaba estas subidas de impuestos una expresión muy gráfica: “mentira, mentira, mentira”.
La posición de la CEOE
Obviamente a toda esta catarata de subidas de impuestos, el principal partido de la oposición, Ciudadanos, se opondrá. Y lo haremos pese a las opiniones de algunos votantes del PSOE que ahora están asustados de lo que se les viene encima, y no sólo en cuestión de impuestos. Ésta es una política contraria a lo que hemos propuesto desde Ciudadanos a los electores, y por encima de todo a lo que le conviene al bolsillo de los españoles y a la Economía española. Y aún menos le daremos un cheque en blanco a Sánchez en forma de abstención en la investidura, como pide Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Garamendi parece no estar en desacuerdo con este programa de subidas indiscriminadas de impuestos, o si no, simplemente no se entienden sus declaraciones. Pero en cualquier caso, Garamendi no se presentó a las elecciones para representar a los españoles y otros sí lo hicimos.
Concluyo esta primera tribuna en EL ESPAÑOL después de las elecciones agradeciendo la lectura y los comentarios, que fueron cientos, de las tres anteriores que publiqué en la campaña de las elecciones generales. Espero haber podido aportar información y análisis para que los lectores pudiesen decidir su voto con más conocimiento. En cualquier caso, tengo que agradecer también a los muchos españoles, más de cuatro millones que eligieron la papeleta de Ciudadanos. Por supuesto, agradezco el apoyo de los madrileños a la lista de Ciudadanos en Madrid, casi el 21%, segunda fuerza política, lo que posibilitó mi reelección como diputado en el Congreso. Era la tercera vez que me presentaba en cuatro años, y espero estar a la altura de la confianza de los ciudadanos: vuelve a ser un honor.
*** Francisco de la Torre Díaz es diputado electo por Madrid, responsable de Hacienda de Ciudadanos e inspector de Hacienda (SE).