El quicio judicial

(El quicio es la parte de la puerta en que se asegura la hoja, donde están los goznes o bisagras. Si estos fallan, la puerta sale de quicio, su posición normal. El uso simbólico -más habitual- asocia el quicio a un orden o un estado natural y debe ser suficientemente resistente para sostener el peso de la hoja).

En la antesala de nuevas pruebas, que ahora serán documentales y audiovisuales, tras el desfile de centenares de testigos y situados en lo que puede ser el ecuador del juicio, tal vez es el momento oportuno para hacer un balance de lo ocurrido hasta ahora, como arqueo provisional de las cuarenta y cuatro sesiones, en las que unos y otros han hecho valer sus argumentos.

La fase más lánguida, si por ello entendemos la menos vibrante y nugatoria, ha sido, curiosamente, la declaración de los inculpados, por la negativa de algunos de ellos a ser interrogados por las acusaciones o por la ocultación intencionada por parte de otros, atendiendo a sus encontrados intereses, o, tal vez, por errores en sus planteamientos defensivos.

Así, el principal acusado, uno de los arquitectos de la tentativa secesionista, se negó a responder a las acusaciones, con lo que quizás desperdició una ocasión pintiparada para defenderse. Es posible que haya cometido un error táctico, imputable a él o a su abogado, que eso no se sabe.

En su esperada confesión, el alegato del que fuera vicepresidente del gobierno que declaró la independencia vino a remachar su reiterado argumento, que ha sido el preludio de la estrategia que han seguido las defensas: "El derecho de autodeterminación es irrenunciable. Votar no es un delito; sí lo es impedirlo por la fuerza”.

El ataque con buenos modales, tan eficaz para el streaming, siempre ayuda a negar que no ha habido delito de rebelión, la madre de todos los delitos que se ventilan en este juicio. Y además puede resultar útil invocar que lo que estamos presenciando es una farsa, espejo del sistema judicial español, que ha convertido lo ocurrido en algo que “nadie en Europa entiende: que la respuesta a unos hechos deba tener esta severidad”.

En esos primeros tiempos de la vista oral eran escasos los lazos amarillos y el juez, mientras administraba -con mano izquierda- la disciplina, tenía muy presente que la televisión estaba recogiendo cada gesto.

El transcurso del juicio ha ido abriendo surcos de indisciplina y rabia. Y es probable que el árbitro no haya podido evitar ni el tedio de relatos iterativos ni algunas provocaciones metódicas. 

El fiscal Zaragoza, viejo conocido del mundo judicial, con 38 años en primera línea de fuego, fue concluyente: “Este es un juicio en defensa de la democracia española y el orden constitucional que consagró la Constitución del 1978, que en Cataluña obtuvo un respaldo mayor que en el resto de España. Ni se persiguen ideologías, ni se vulnera el derecho a votar, ni se impone caprichosamente una unidad territorial”. 

Aprovechó, de paso, para calificar los hechos: “Los doce investigados trazaron ‘un plan criminal’ de ‘gran complejidad y alcance’. El derecho que se vulneró durante esos días de octubre fue el que ampara a ‘la mayoría silenciosa de Cataluña, una mayoría del censo que no participó en la votación’, y también el derecho de todos los ciudadanos españoles a intervenir en una votación que les afectaba muy directamente”.

Al hablar de un "plan criminal", ya apuntaba a lo que ahora pide la fiscalía de Barcelona para una treintena de procesados -entre ellos, altos cargos de la Generalitat- por organizar el referéndum del 1-O: que sean juzgados, también, por organización criminal. 

La huella de Marchena, desde el principio teñida de solvencia criminalista y sentido del humor, consistió en oponerse a la traducción simultánea, rechazar la declaración por videoconferencia del presidente ausente ("no se puede venir por la mañana como acusado y por la tarde como testigo, es inviable y conceptualmente imposible en el proceso penal”) y en cortar en seco los intentos de merodear la ley de Enjuiciamiento Criminal o la ley Orgánica del Poder Judicial. 

Olvidados ya la inquietud y el agobio provocados por el desafío desde las instituciones catalanas a la orden tajante del Gobierno y de los tribunales del Estado, tras cuarenta y cuatro jornadas de preguntas y respuestas en una sala del Tribunal Supremo, parecen templarse las primeras evidencias y se abren paso en la mente de los espectadores otras calificaciones penales distintas de la rebelión, sin que ahora sea posible, ni sensato, adelantar un pronóstico. 

Con el paso del invierno a la primavera, la comedida esgrima inicial ha dado paso al ácido intercambio entre defensas, testigos y tribunal, con que se han cerrado las pruebas testificales. Sin que en ningún momento haya cesado el ruido en torno a los indultos, que probablemente serían difíciles de aceptar para los fiscales, que están defendiendo el interés público con el mismo ahínco con que los abogados defensores lo hacen con respecto al interés privado de sus clientes. 

También ha estado presente en los debates el persistente intento de enjoyar el previsible recurso a Estrasburgo, para buscar la anulación del juicio. Cualquier pequeña incidencia podría ser invocada para este fin; a título de ejemplo, la coda del presidente del tribunal, “mucho mejor”, a la discusión con uno de los letrados de la defensa, que dijo: "No haré más preguntas".

De las manifestaciones de los abogados defensores se infiere que consideran que existe una diferencia de trato del tribunal con los testigos, ya que en tanto que algunos sí pudieron explicar cómo se sentían, a otros se les ha dicho que “todas sus apreciaciones y valoraciones personales no tienen ningún interés; las matizaciones que no son exclusivamente sobre los hechos no interesan al tribunal y no podemos perder el tiempo”.

Los armeros de las defensas se han pertrechado con esta nueva vulneración de los derechos humanos, con la que viajar a Estraburgo, que consideran “un error procesal muy grave en el juicio". No les basta con el celoso garantismo del sistema judicial español y las emboscadas para eludir la acción de la justicia se suceden una tras otra. La última ha sido la pretensión de suspender el juicio y la prisión preventiva, por mor de la inmunidad parlamentaria sobrevenida de los presos elegidos diputados. No dan cuartel al propósito del tribunal de llevar el barco del juicio hasta el puerto de la sentencia.

Después del rocambolesco ditirambo que se produjo el día en que un sindicalista, una filósofa y un payaso secesionista (con una nariz de payaso escondida en el bolsillo del pantalón, por si se presentaba la ocasión de ponérsela delante del tribunal) comparecieron como testigos, el tribunal ha difundido su “profundo malestar” por lo que considera una “provocación” de ciertas defensas. Esta iniciativa, que no deja de ser insólita, transmite que Marchena también tiene límites. Lo que se ha traducido en cargar -a veces con dureza- contra determinados testigos, manifestando su enfado con frases del estilo de “no nos haga perder el tiempo”.

El intento concienzudo de los imputados de descalificar las instituciones (relatos peliculeros de los fiscales, parcialidad de los miembros del Tribunal Constitucional) se sucede, cada vez con más frecuencia. Parece ya lejano aquel momento en que la clave consistía en determinar el grado de violencia, ese gozne sobre el que, indebidamente, el tribunal de Schleswig Holstein apoyó su negativa a la extradición del ex president.

A los siete magistrados, con su presidente al frente, les corresponde evitar que se “crismen los nervios” de las partes en presencia. Ese orden o estado natural, que es el quicio, tiene que resultar inexpugnable. 

Manuel Alcántara escribió: “Le estamos poniendo a España tantas puertas de salida, para facilitarse que salga de ella misma, que no puede sorprender a nadie que estén chirriando los goznes y que estemos sacando todo fuera de quicio”.

No es el caso, pero con estos mimbres, es previsible que el devenir del juicio se convierta en un combate en campo abierto.

*** Luis Sánchez-Merlo es abogado y economista, y fue secretario general de Moncloa durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.