Una bomba de relojería en cada guardia judicial

¡Boom!

La llamada. Como siempre, en el peor momento: llego tarde a clase de baile. Me llama la Guardia Civil. Sigo metiendo las cosas en la bolsa mientras descuelgo el teléfono.

-¿Diga?

-¿Señoría? (Tengo voz de niña, así que siempre se sorprenden que al móvil de guardia, conteste la juez, con voz de cría).

-Sí, dígame, -aclaro, mientras meto la toalla.

¡Boom!

Vagos trazos de la conversación han quedado grabados. Me siento: Menor, 14 años, tocamientos sexuales.

- ¿A qué hora lo pasamos? -La responsabilidad es mía: una niña con un trauma cuyo proceso de curación ha empezado ya y un detenido cuya situación se debe regular.

El problema: lo de siempre, no hay medios. ¿Qué significa eso? Siempre lo escuchamos y hasta parece desgastado. Significa que, en mi juzgado, cuento con grandes profesionales como funcionarios, fiscales y forenses, pero no hay psicólogos disponibles para tratar con la menor y no tengo otro sitio para grabar que en la sala de vistas, lugar gravemente perjudicial para cualquier víctima, pero con mayor agravación para el caso de los menores.

Tanto a ellos, la Guardia Civil, como a mí, nos viene bien pasarlo tarde. En ese tiempo, pretendo buscar profesionales que atiendan a la menor o ir a la capital a realizar la exploración, sin que eso afecte al tiempo del detenido en custodia policial.

Por la mañana, buscamos a psicólogos. El equipo de profesionales no da abasto. En honor a la verdad, en Cantabria hay ocho profesionales que llevan procedimientos civiles y penales, no hay servicio de guardia. Ello conlleva que el plazo de espera es, aproximadamente, de (en torno a) un año, para cuestiones de familia, y de tres meses, para procedimientos penales (abusos, agresiones sexuales…).

Por suerte, me tocan dos abogados profesionales que están en mi mismo punto de conciliar los derechos de víctima y detenido. Digo “por suerte”, no porque en Cantabria no haya grandes letrados (que los hay), pero el letrado de víctimas atiende Santander (sí, la capital), Medio Cudeyo, Santoña, Castro Urdiales y Laredo (5 partidos judiciales). Esto supone que las víctimas de delitos como violencia de género o doméstica tengan que esperar varias horas para que finalmente aparezca su letrado o letrada asfixiado, por venir a la carrera, desde otro partido judicial.

Además, hay otro problema. Considero que, en este tipo de delitos, lo mejor para la víctima es declarar una sola vez, grabándose y garantizando la intervención de todas las partes, para que el investigado también pueda defenderse, haciendo su letrado las preguntas que considere oportunas en su defensa (lo que se llama principio de contradicción). Se conoce como prueba preconstituida. Sin embargo, solo disponemos de sistema de grabación en sala de vistas.

Esto es un entorno verdaderamente duro para un niño. Por si sonara esperpéntico, compartimos las salas de vistas con los que son llamados a hacer videoconferencias, como testigos. También lo utilizan los fiscales que, con toda la profesionalidad posible, atienden, durante su guardia, tres partidos judiciales, en una dotación de cuatro.

Se acercan las 11. Hemos llamado a todas las entidades, incluso hasta al hospital para que nos traigan un psicólogo. No hay nada que hacer. No podemos encontrar psicólogos. Se le explica a la madre, que manifiesta que quiere que se haga hoy la declaración.

La niña está como un flan.

Por compañeros de otros partidos judiciales, y por varios cursos europeos a los que he asistido, más o menos, sé, porque me lo han enseñado, cómo hablar con niños (también he sido voluntaria con niños de distintas edades). Me pongo manos a la obra. Le explico dónde estamos “en la sala de vistas”, qué es cada cosa, dónde nos sentamos, que solo le preguntaremos qué ha pasado y que en cualquier momento paramos, mientras trato de que se familiarice con el entorno para que no lo encuentre (más) hostil. Termino mis preguntas y dejo que Ministerio Fiscal y los abogados hagan las suyas.

Todos se han quejado de la falta de psicólogos. Todos estamos cansados de que no haya medios, todos tiramos del proceso cómo podemos. Llegamos, de aquella manera, a los mínimos de calidad del servicio, gracias a la acción voluntarista de todos los profesionales que intervienen, desde el policía hasta la juez pasando por fiscales, abogados, funcionarios y forenses.

Tras el duro día, por fin llego a casa, y me llevo el teléfono de la guardia, por supuesto. Realizamos guardias, una semana sí y otra, no, sin los descansos a los que tenemos derecho como cualquier trabajador.

Todos esos días de guardia cargo con una bomba, dispuesta a sonar para revivir el día de la marmota de la falta de medios.

Tic tac.

*** Verónica Ponte García es juez de primera instancia e instrucción nº 1 de Laredo, con competencias en Violencia Sobre la Mujer, y miembro de la Comisión de Igualdad de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.