El caso Marlaska y la imagen internacional de España

Hace sólo unos días, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al coronel Pérez de los Cobos bajo el pretexto de “dar un impulso” y reestructurar la Guardia Civil. Hoy, después de una catarata de desmentidos, filtraciones y contradicciones, sabemos que el cese estuvo motivado por la negativa del coronel a informar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de las pesquisas realizadas por la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial dirigida por la juez Carmen Rodríguez-Medel sobre los actos del 8-M y la implicación en los mismos del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y del propio Gobierno.

Más allá de las evidentes responsabilidades políticas que el escándalo nos debe llevar a exigir en España, es difícil pensar que semejante menoscabo de la separación de poderes pueda pasar inadvertido en Europa y en el mundo.

Es un hecho, y así ha trascendido más allá de nuestras fronteras, que la directora general del cuerpo, María Gámez, afirmó por escrito que el mando fue destituido “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, lo que conllevó “la pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior”.

Este documento, clasificado como reservado y que hemos conocido por una filtración, demuestra que Marlaska mintió en sede parlamentaria al presentar el cese como una “reestructuración” de la Guardia Civil. Quedó desmontada la versión del Gobierno sobre el cese del coronel, el pasado domingo 24 de mayo por la noche, horas después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil remitiera un informe al Juzgado de Instrucción que cuestionaba la celebración de la marcha del 8-M y otros actos multitudinarios en plena pandemia.

Es difícil pensar que semejante menoscabo de la separación de poderes pueda pasar inadvertido en Europa

Tanto en España como en cualquier democracia avanzada de nuestro entorno existe un deber de secreto sobre los agentes comisionados, como la Policía Judicial, que deben guardar ese secreto de las actuaciones en las que estén inmersos y reportar su contenido únicamente a los jueces instructores.

En este caso, la juez Carmen Rodríguez-Medel pidió a los agentes que mantuvieran “la rigurosa reserva” de la información y solo le comunicaran a ella los avances en el curso de sus investigaciones. Es, por tanto, innegable que la solicitud de acceso a los informes atenta frontalmente contra uno de los principios básicos de la separación de poderes y da muestra de un preocupante intento de injerencia en el poder judicial y en el propio proceder de la Guardia Civil en tanto que Policía Judicial.

Es también notorio que, desde la propia judicatura española, se le ha exigido al Gobierno que investigue lo sucedido y tome las medidas oportunas. La Asociación Profesional de la Magistratura ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CJPG) que analice el cese del coronel y adopte las medidas necesarias para proteger el principio de independencia judicial y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna. Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha pedido el cese de Grande-Marlaska “por haber perdido toda la legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”.

Tanto Marlaska como Gámez han realizado nombramientos polémicos que arrojan dudas sobre un posible intento de politizar la Guardia Civil. Así ocurrió con el nombramiento de Félix Blázquez como nuevo Mando de Operaciones en sustitución del teniente general Fernando Santafé, cesado por Marlaska tras la dimisión del director adjunto operativo, Laurentino Ceña, en protesta por la destitución de Pérez de los Cobos. Estos dos nuevos nombramientos supusieron acabar con una larga tradición basada en la meritocracia, según la cual el puesto le habría correspondido al siguiente mando en el escalafón.

El prestigio internacional también es 'marca España' y el Gobierno es el máximo responsable de mantenerlo intacto

Tenemos, en definitiva y a modo de recapitulación, una combinación de acontecimientos extremadamente perjudicial para la reputación y la imagen de España. Injerencias ilícitas en una investigación judicial, destituciones policiales por razones políticas, mentiras y falsedades sobre todo ello, nombramientos alterando el orden fijado por el escalafón y la inexplicable negativa a asumir responsabilidades y dimitir por este cúmulo de despropósitos que no hacen sino minar la credibilidad de una institución clave para el Estado de Derecho como lo es la Guardia Civil.

En un momento en el que Europa mira con preocupación la deriva autoritaria de países como Polonia o Hungría, España no puede ni debe permitirse actuaciones gubernamentales que pongan en duda el compromiso de nuestro país con el Estado de Derecho y el respeto a la estricta independencia del Poder Judicial y, por extensión, de la Policía cuando actúa a las órdenes de los jueces.

Después de muchos años de esfuerzo colectivo de la sociedad y sus instituciones, y a pesar de las falsedades continuadas de la propaganda nacionalista, nuestro país se ha ganado un prestigio internacional como democracia avanzada y reconocida, entre otras muchas cosas por la profesionalidad, independencia y buen hacer de los jueces y tribunales y de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que han combatido con éxito la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo de todo signo.

Ese prestigio también es marca España y el Gobierno es el máximo responsable de mantenerlo intacto y abstenerse de cualquier conducta que lo ponga en peligro. El interés partidista, e incluso la supervivencia política de un gobierno, nunca pueden estar por delante del interés de España. Recordémoslo, porque nos va en ello nuestra imagen y nuestro futuro.

*** Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado de Ciudadanos y preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo.