Decir que el 2020 ha sido un año difícil es llover sobre mojado. Estamos todos a la expectativa de la aprobación y distribución masiva de la vacuna que nos brinde la posibilidad de acercarnos a la normalidad que teníamos a principios de este año.

La pandemia ha sido como un huracán. Ha causado miles de muertes, dolor, hambre y desempleo. Ha destruido pequeñas, medianas y grandes empresas. Ha generado miedo o terror a un enemigo desconocido e invisible, que acecha a nuestros hijos, parejas, familia y sociedad. Aunque la pesadilla no ha terminado, ya vemos cerca el despertar. No porque el virus vaya a desaparecer, sino porque la ciencia, en tiempo récord, ha logrado la vacuna que necesitamos con urgencia vital.

Una situación paralela y similar ocurre en nuestras sociedades con otro virus: el del autoritarismo, que amenaza de muerte a la democracia como sistema político. Me refiero a una acepción clásica de autoritarismo, definida en el diccionario de la Real Academia de Española como la "actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella". El autoritarismo puede provenir de una persona, de una entidad del Estado, o de un régimen o sistema político. Se refiere, en definitiva, al abuso de poder.

El punto de partida es una situación en donde millones de personas están insatisfechas y frustradas con el statu quo, que incluye, entre otros factores, inequidad, pobreza, baja calidad de la educación formal, desempleo o subempleo, bajos ingresos, alto costo de la vida, violaciones a derechos humanos, corrupción, impunidad y una clase política tradicional desconectada de la ciudadanía. Ante ello, Latinoamérica ha ejercido su derecho humano a expresarse y a protestar pacíficamente. Ha encontrado que tiene una voz y que su voz es importante.

La democracia, en Latinoamérica y el mundo, está amenazada. Crisis en el sistema de representación de los partidos, en los valores que nos definen y mueven como sociedad, en los medios y acceso a la información, y crisis de representatividad, son solo reflejo del delicado momento que vive este sistema de gobierno. También el populismo, los líderes carismáticos pero autoritarios, la posverdad, y el surgimiento de movimientos ultranacionalistas son síntomas de los peligros que enfrenta la democracia.

Ese contexto general es el perfecto caldo de cultivo para el autoritarismo. Aunque las dictaduras tradicionales han pasado de moda, el autoritarismo en un virus que va erosionando la democracia de una forma más sutil, y a menudo desde adentro. Es menos evidente pero igual de peligroso para la democracia. Una de sus manifestaciones son los juicios políticos arbitrarios de destitución de presidentes. Otra es excluir arbitrariamente a candidatos y candidatas de poder participar en elecciones, tratando de aparentar que se hace en cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Hay muchos antecedentes al respecto en la región. En Venezuela, por ejemplo, Henrique Capriles fue inhabilitado administrativamente por la Contraloría y Leopoldo López fue excluido a través de un proceso penal. Zury Ríos fue excluida recientemente en Guatemala, por el organismo electoral, porque su padre tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1982. Varios años atrás Susana Higuchi, ex-esposa de Alberto Fujimori, fue excluida arbitrariamente por el órgano electoral peruano.

Ecuador no es ajeno a la crisis por la pandemia, pero también vive una profunda crisis política y de valores

El caso más reciente y actual es Ecuador, en donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se niega a cumplir una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, el más alto órgano electoral ecuatoriano, que le ordenó, el 30 de octubre, proceder a la inscripción de Álvaro Noboa como candidato a las elecciones presidenciales que se celebrarán en febrero de 2021. Asimismo, Andrés Arauz, otro candidato presidencial, también denunció que el CNE lo estaba excluyendo arbitrariamente de participar en tales elecciones, y finalmente el CNE aparentemente lo inscribió.

No hace falta simpatizar con las ideologías, muy diferentes entre sí, que representan esos dos candidatos. Ecuador no es ajeno a la crisis que ha golpeado al mundo por la pandemia, pero además también vive una profunda crisis política y de valores que hace cuesta arriba que el ciudadano confíe en sus instituciones para resolver los problemas estructurales del país.

Las violaciones a los derechos humanos afectan a todos, y es responsabilidad de todos denunciarla en todos los espacios. Las actuaciones arbitrarias del CNE ecuatoriano erosionan aún más la democracia del país, y alejan al ciudadano de confiar en que este sistema le puede dar respuesta a las preguntas y urgencias que tiene día a día.

Noboa, a quien represento, ha denunciado esta situación a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, por ser una clara violación de sus derechos políticos como candidato, y al mismo tiempo una violación de los derechos de millones de ecuatorianos a quienes el CNE les impide tener la posibilidad de elegir democráticamente, entre diferentes propuestas, para atender los problemas del país.

Es el propio CNE quien arbitrariamente ignora una sentencia del más alto tribunal ecuatoriano y deja a los ciudadanos desprovistos de opciones políticas para decidir en el proceso electoral de febrero. El 8 de diciembre el Tribunal Electoral dictó una nueva sentencia conminando al CNE a cumplir con la sentencia de 30 de octubre. Es de esperar que el CNE finalmente cumpla con el mandato judicial.

Esas denuncias internacionales pueden ayudar, pero no necesariamente van a solucionar en sí mismas el problema inmediato. En pocos días se van a imprimir las boletas de votación y va a empezar oficialmente la campaña electoral en Ecuador.

Lo que necesita tanto Ecuador como Latinoamérica es una vacuna contra el autoritarismo. Adoptar la democracia como sistema político en la Constitución y en las leyes es insuficiente. La vacuna está en la institucionalidad democrática, que incluye, entre otros factores, una ciudadanía consciente que defienda la democracia, un poder legislativo que ejerza su contrapeso, y un poder judicial independiente y autónomo, cuyas decisiones se ejecuten.

La democracia es un derecho humano, e incluye tanto el derecho de los ciudadanos a votar como el de poder ser elegidos sin restricciones indebidas. Con referencia a esto último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que "el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos". Ha establecido igualmente que cualquier restricción a estos derechos debe ser por medio de procedimientos justos y equitativos.

Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de actuar cuando sabemos que la democracia se ve amenazada

De manera que la vacuna de la institucionalidad democrática incluye también que ni los organismos electores ni los tribunales excluyan arbitrariamente de las elecciones a los posibles candidatos y candidatas que deseen postularse. Es ese el deber ser: acudir a la elección para poder elegir la propuesta política que nos dé respuestas y certidumbres para el futuro. Escoger entre las opciones que libremente y sin privilegios se inscriban buscando el voto y apoyo del ciudadano.

En Estados Unidos esa vacuna de la institucionalidad democrática contra el autoritarismo también se está probando en este preciso momento, y pareciera estar funcionando bien. A pesar de las presiones y amenazas de parte del poder ejecutivo federal para tratar de desconocer los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, jueces y funcionarios, tanto federales como estatales, están cumpliendo su labor y defendiendo la democracia, más allá de sus simpatías políticas personales.

Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de levantar la voz, encender las alertas, y actuar cuando somos testigos de prácticas que sabemos perjudicarán a nuestros países, cuando sabemos que la democracia se ve amenazada, cuando un ciudadano no puede ejercer sus derechos con libertad sin importar que éste piense distinto a nosotros.

La terrible situación en Venezuela es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando falla la vacuna contra el autoritarismo.

Ni la covid-19 ni el autoritarismo en nuestra región van a desaparecer solas, como por arte de magia. Necesitamos vacunas contra ambas.

Son tiempos difíciles que vivimos en nuestros países. Ecuador tiene una oportunidad única, con la elección presidencial, para recuperar y consolidar su democracia. De nada vale elegir a un presidente que no goce de legitimidad por haber sido producto de un fraude preelectoral (Nicolás Maduro puede dar fe de ello).

El CNE ecuatoriano debe cumplir de inmediato con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, dejando participar a Álvaro Noboa como candidato, y debe respetar el derecho de los ecuatorianos de elegir libremente su futuro y destino. Los miembros del CNE no pueden auto atribuirse el derecho de elegir por los millones de ecuatorianos.

*** Ignacio J. Álvarez es abogado de derechos humanos. Fue Relator para la libertad de Expresión de la CIDH.