El traslado de centenares de inmigrantes de Canarias a la Península se está realizando en medio de una gran opacidad: sin comunicarlo a los alcaldes de las ciudades de llegada, sin dar cuenta a las fuerzas de seguridad y sin facilitar información a la opinión pública. Y no será porque EL ESPAÑOL no ha insistido en solicitar datos al Gobierno.
El pasado 20 de noviembre nuestro periódico ya adelantó que, desde el comienzo de la crisis de las pateras, se había enviado a más de un millar de inmigrantes marroquíes y subsaharianos a distintos puntos de la Península. La operación se realizó con el máximo sigilo, hasta el punto de que en fuentes oficiales negaban que se estuviera produciendo. Pero seis días después publicábamos el vídeo de un testigo que mostraba la llegada de 80 migrantes a Málaga.
Traslados masivos
Los españoles no habían vuelto a tener noticia de estos traslados semiclandestinos hasta el puente festivo, cuando un viajero grabó a un grupo de inmigrantes procedentes de Canarias a su llegada a Granada, una ciudad especialmente castigada por el coronavirus en la que se está extremando el control de la movilidad. El alcalde no sabía nada y hoy asegura en nuestras páginas que el episodio es "digno de Netflix", pues nadie en el Gobierno le ha dado aún explicaciones.
Ayer mismo, EL ESPAÑOL informaba de que, sólo a Valencia y Alicante, habían arribado en los últimos días más de 400 inmigrantes. Ni el Ministerio del Interior ni el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se mostraron dispuestos a aportar información al respecto. Hoy añadimos que, junto a ambas ciudades, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Madrid, Huelva y Zaragoza han recibido recientemente a varios centenares de personas más.
Está claro que la inmigración es un problema muy complicado que se presta a la demagogia fácil. Incluso puede entenderse la cautela del Ejecutivo en un intento por evitar el efecto llamada con estos traslados masivos. Pero no es este, desde luego, el tipo de gestión que cabe esperar de un Gobierno serio, y menos aún de uno que alardea de transparencia, colaboración institucional y cogobernanza.
Efecto llamada
Las palabras del presidente Sánchez anoche, en Telecinco, tratando de derivar el asunto a una cuestión de "empatizar con Canarias" no son serias. Por supuesto que hay que aliviar la presión migratoria en el archipiélago, y claro que el resto de españoles quieren ser solidarios, pero también pretenden que se les trate como a ciudadanos adultos.
El traslado de inmigrantes por la puerta de atrás, sin saber cuáles son los criterios para permitir salir a unos y no a otros, en qué cuantía y en qué condiciones es un error y dice muy poco de la política de inmigración de este Gobierno. Si lo que se buscaba al actuar así era evitar el efecto llamada, ahora el Ejecutivo tiene dos problemas: el escándalo social y político, y el refuerzo que todo esto supone para las mafias que trafican con personas.