El paradigma socialdemócrata está tan impregnado en todos los rincones de la sociedad que la decisión de mudarse a Andorra de un grupo de jóvenes creadores de contenido audiovisual, los youtubers, les ha llevado a recibir todo tipo de acusaciones e insultos. Antipatriotas, egoístas e insolidarios han sido los reproches más usuales.
Mientras no se instale en España un régimen como el cubano (hay ministros que trabajan para ello, aunque aún estamos lejos de llegar a tal situación), entrar o salir del territorio español es una decisión individual a la que todos los ciudadanos tienen derecho.
Precisamente, una característica de un país libre es la posibilidad de escapar de la voracidad fiscal del Gobierno mudándonos a otro país.
Estamos, en fin, en presencia de exiliados fiscales. Gente que se vio empujada a tomar una decisión que no estaba en sus planes para proteger sus ingresos honradamente ganados.
Pero en lugar de despertar simpatías (como las que debería despertar cualquier exiliado) han generado un rechazo tal vez mayoritario. Un síntoma claro de que los socialistas de todos los partidos van ganando y una explicación de por qué, en materia económica, nos esperan más penurias que éxitos.
Es necesario un Gobierno que preste unos servicios esenciales (seguridad, justicia, defensa y pocos más). Para financiar el coste de esos servicios es necesario que el Gobierno recaude impuestos.
Pero eso no significa que los impuestos sean algo justo ni mucho menos que haya que aceptar cualquier nivel de imposición. Los impuestos se recaudan bajo amenaza de multa y cárcel. Por eso, por su naturaleza, se parecen más a un robo que a una cuota o una donación.
Ese parecido se hace más evidente cuando el Gobierno, completamente extralimitado en sus funciones, gasta en cosas que la mayoría de la sociedad, sin duda, rechazaría: subvenciones a sindicatos, partidos políticos y empresas, medios de comunicación públicos, embajadas de algunas comunidades autónomas, etcétera.
Sorprendentemente, algunos de los mismos youtubers exiliados aceptan, al menos en parte, el paradigma que los expulsó de su país al declararse partidarios de la Sanidad y la Educación públicas, tal vez buscando una suerte de perdón social.
Es un error. Lo que nos interesa a los ciudadanos es que haya servicios de salud y de educación, y que el Gobierno garantice el acceso universal a los mismos. Pero eso de ningún modo implica que tenga que ser el mismo Gobierno el que preste esos servicios.
De hecho, lo más conveniente es que no lo haga, por una cuestión de incentivos. El Gobierno es un grupo de gente que gasta dinero de otros en beneficio de terceros. Nunca tuvo ni tendrá incentivo alguno para economizar.
No se trata sólo de un tema financiero. La mentalidad socialista ha hecho que se viera de forma natural que la compra de vacunas contra la COVID-19 se haya centralizado, no en cada país, sino en la Unión Europea.
Aunque en la UE la vacunación avanza más lentamente que en otros sitios, por lo que puede decirse que la centralización de compras ha sido un fracaso, el Ministerio de Sanidad español ha prohibido al sector privado comprar vacunas por su cuenta.
En medio de una pandemia que ha costado ya más de 80.000 muertes en España, los burócratas prefieren evitar que quede al descubierto su ineptitud en lugar de permitir una vía que podría acelerar la vacunación.
Es sólo un ejemplo de que la hiperintervención estatal en la Sanidad no necesariamente favorece la salud de todos.
El caso del exilio fiscal de los youtubers contiene dos lecciones. Una es que el socialismo, incluso en su versión de baja intensidad (la socialdemocracia), promueve la interferencia del Gobierno en la vida de las personas. Y eso implica limitar la libertad individual.
La otra es esperanzadora. La capacidad de los políticos para disponer de nuestros ingresos y patrimonios tiene un límite. Un límite que ojalá se establezca pronto con claridad antes de que el socialismo haga que la única salida para España sea Barajas.
*** Diego Barceló Larran es director de Barceló & Asociados.